SENTENCIA C-595 DE 1999: PROPIEDAD

SENTENCIA C-595 DE 1999: PROPIEDAD

En Colombia, las personas del común tienen la posibilidad de presentar recursos jurídicos que les permite mostrar inconformidad ante ciertos casos específicos, solicitando cambios, retiro de palabras o derogación. Un ejemplo de este tipo de casos, se presentó cuando el ciudadano Juan Pablo Quintero presentó una demanda contra un aparte del artículo 669 del Código Civil, porque según su concepto estaba infringiendo el artículo 58, inciso 2 de la Constitución Pública colombiana. Como consecuencia de dicha demanda, se obtiene la Sentencia C-595/99 donde se resuelven acciones a favor del demandante y son realizados cambios en los conceptos del derecho de propiedad. Y es precisamente este tema el objetivo principal de este ensayo, donde serán mostradas las características principales de dicha sentencia, su análisis y la posición a favor o en contra de las decisiones tomadas.

Históricamente, el derecho de propiedad tiene fundamento en las nociones del derecho romano, que se dio durante los movimientos liberales del siglo XVIII, donde se entendía al hombre como centro del Estado y como sujeto dotado de libertades naturales. Cuando se presenta la revolución francesa, se produce una nueva manera de entender la propiedad como atributo de la personalidad del hombre (Salazar, 2019). Sin embargo, este concepto del derecho de propiedad es completamente diferente a lo que se vive con la actualidad o a la normativa vigente, la cual es tratada en el artículo 58 de la Constitución política de Colombia, definido de la siguiente forma:

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica” (Constitución Política de Colombia, 1991).

También es importante mostrar el contenido del artículo 669 del Código Civil:

“El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad” (Código Civil de Colombia, 1873).

Al momento de realizar el contraste con la conceptualización anterior, se puede decir que el demandante, consideraba que había una manifiesta y ostensible violación del artículo 58 de la Constitución Política, al entender que la propiedad privada se podía concebir como un ejercicio concreto de la libertad, de modo que bastaba respetar la ley y el derecho ajeno para que el propietario pudiera desplegar un poder arbitrario, en principio ilimitado y renuente a la introducción de elementos obligatorios y de deberes.

Como consecuencia de la demanda realizada por el ciudadano Juan Quintero, se produce en respuesta la Sentencia C-595 de 1999, donde se resuelve declarar exequibles las expresiones “no siendo contra ley o contra derecho ajeno” contenidas en el artículo 669 del Código Civil e inexequible el adverbio “arbitrariamente” de dicha disposición.

Como punto de partida de la opinión personal, es importante decir que la toma de decisiones basadas en el individualismo ha tenido consecuencias sobre todo en la forma de entender el Estado, ya que no se puede confundir el concepto con la inexistencia de derechos individuales. Asimismo, el cambio respecto a la concepción tradicional del derecho de propiedad, no solo estructura nuevas relaciones con los propietarios de la colectividad, sino que también significa un intervencionismo del Estado, cuya finalidad consiste en garantizar el ejercicio del derecho conforme al interés general.

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