Soberanía Y Control Migratorio En República Dominicana

Felipe Ciprián

Ante los consistentes cuestionamientos internos y externos a la sentencia del Tribunal Constitucional que borra legalmente la nacionalidad de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, los defensores de esa aberración jurídica y humana esgrimen esencialmente dos “argumentos” que pretenden poner como valladares: que República Dominicana es un país soberano y que hay que poner fin a la inmigración ilegal.

Frente a los cuestionamientos de gobiernos, organismos, medios informativos y personalidades del exterior, quienes apoyan la sentencia dicen que este es un país soberano y que por tanto puede disponer cuanto quiera en el plano interno.

Creo que están equivocados. Para múltiples fines, vivimos en un mundo globalizado del que nadie puede salir y en el que hay unos estándares que no se pueden obviar porque quien lo haga pagará muy caro por su falta de sentido común.

Ciertamente el país es soberano, pero eso no quiere decir que una oligarquía económico-política que ha hecho del clientelismo y el conservadurismo una ideología que reproduce poder y corrupción, por sí sola, puede imponerle todo lo que quiera al resto de los dominicanos. Si lo hace se aísla y si se aísla convertirá al país en una entelequia sin derechos en el mundo y sin consideración para someterla a respetar el orden internacional.

Hay quienes olvidan que las más grandes inversiones que hay en este país, las que crean verdadera riqueza, traspasan tecnología y dan los empleos de mayor calidad productiva y fiscal, son precisamente extranjeras provenientes de países donde el respeto a los derechos humanos, la no discriminación racial y la sanción a sus violaciones son serias exigencias de sus Estados.

El primer elemento esencial de la soberanía es que proteja a todos los nacionales y a los extranjeros que por cualquier motivo están pacíficamente en el territorio nacional y no representan una amenaza para otros Estados. Arrebatar derechos fundamentales administrativamente como lo ha hecho la Junta Central Electoral y ahora “legalizar” mediante sentencia del Tribunal Constitucional es el prototipo de la falta de soberanía, que bien entendida, siempre reside en el pueblo, no en una élite que actúa como aplanadora de una parte importante de los ciudadanos.

La soberanía es para actuar dentro de la Constitución y las leyes, no para vapulearlas contra una parte de la población que en este caso tiene una bien ganada fama de gente sacrificada, trabajadora, explotada, pero pese a todo eso marginada de sus derechos elementales y ahora para colmo borrada de la existencia como individualidades.

El otro “argumento” es que ya no se puede permitir el desorden migratorio. Nada más alejado de la realidad porque la sentencia se dedica a perseguir no a los migrantes, sino a los hijos y nietos de los que vinieron al país a picar caña para los centrales azucareros estatales y privados, la mayoría de ellos muertos ya y los otros envejecientes que a cada momento los vemos movilizados en las calles reclamando su pensión, para la que cotizaron entre 30 y 40 años. Es a los hijos de ellos, tan dominicanos como los jueces del Tribunal Constitucional y todos los demás

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