Valor público del gobierno de Martín Vizcarra

¿Qué valor le agregaría a la decisión del gobierno de declarar la emergencia nacional para combatir el covid-19?

Actualmente, la pandemia de COVID-19 viene generando significativos impactos en la economía, la educación, la salud y la política de diversos países; el Perú no es ajeno a esta crisis sanitaria. El gobierno de Vizcarra ha reaccionado adecuadamente, tomando medidas anticipadas y drásticas (declaratoria del estado de emergencia, que restringe derechos constitucionales como la libertad personal, de tránsito y de reunión, y la inviolabilidad del domicilio, y cuya fecha de término ha sido ampliada hasta el 26 de abril), en base a la experiencia de Asia y Europa. Asimismo, el gobierno peruano ha emitido una serie de decretos  (legislativos, de urgencia y supremos) para hacer frente a la pandemia que amenaza con afectar negativamente nuestra economía y, sobre todo, colapsar nuestro precario y deficiente sistema de salud. Una de las ventajas del Perú frente a este nuevo coronavirus es que cuenta con uno de los más sólidos fundamentos macroeconómicos a nivel de mercados emergentes. Sin embargo, no todo es color de rosas, aún existen grandes brechas a nivel de acceso a servicios básicos como salud, educación, agua, internet, entre otros, y carencia de laboratorios de análisis (la mayoría se concentra en la capital), infraestructura y recursos humanos, técnicos y financieros para enfrentar la expansión del virus. En este contexto, la estrategia de gobierno es ralentizar la tasa de contagio para que el sistema de salud no colapse como ya ha sucedido en países europeos. Ahondando aún más, surge un factor que afecta grandemente las economías y políticas públicas a nivel mundial: la corrupción. De hecho, en un contexto de emergencia, el riesgo de que los recursos públicos puedan ser utilizados indebidamente aumenta significativamente. Esto afecta seriamente la gobernabilidad, promoviendo la desconfianza en las instituciones por parte de la ciudadanía.

Bajo este panorama gris, surge la necesidad de informar a la población sobre la función de cada institución y sus respectivos funcionarios, cómo se está realizando dicho rol, cuáles son las fallas y qué se está haciendo para mejorar. Esto quiere decir que el gobierno debe ser transparente y rendir cuentas periódicamente, incluso más seguido de lo que normalmente lo ha venido haciendo. De esta forma, los ciudadanos acceden a información de calidad y actualizada sobre cómo se están utilizando los recursos. Aquí, las herramientas digitales cumplen un papel fundamental. Sin embargo, esto no es suficiente para mantener la gobernabilidad por parte de la administración Vizcarra; en realidad, se requiere que los servicios  que llegan al ciudadano, además de ser de calidad, sean oportunos y eficientes. El actual gobierno viene fallando en estos dos últimos puntos, debido a que la ayuda (incentivos, subvenciones, alimentos, entre otros) no llegan en el momento adecuado, es decir cuando más se necesitan, o simplemente se desvían hacia otras poblaciones que no son las más necesitadas, generando que la cuarentena no se respete debido a la necesidad de la población por buscar alguna fuente de ingresos para poder alimentarse. Claro, esto no es culpa total del Presidente Vizcarra y su equipo de gobierno, debido a que esto es un lastre que se viene arrastrando por décadas, pero que se pudo mejorar mediante un mapeo de las poblaciones vulnerables, la formalización gradual de los trabajadores y comercios informales, entre otras medidas. Asimismo, el internet es un servicio cuyo acceso es restringido a un sector de la población y que ahora afecta el servicio de educación remota; sucede lo mismo con el acceso a la salud y otros servicios básicos.

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