En nuestro país, el poder judicial en gran parte se auto selecciona y se auto evalúa

En nuestro país, el poder judicial en gran parte se auto selecciona y se auto evalúa. La selección y evaluación de los jueces la realiza el propio poder judicial, salvo en sus niveles más altos. Este hecho pudiera estar siendo reforzado por la actual Constitución que atribuye esa función al Tribunal Supremo de Justicia, único órgano del sistema que está sometido a los mecanismos típicos de control democrático de una función delegada

En democracia, se requiere generar algún canal de comunicación entre los que ejercen el poder y los titulares de ese poder. Es necesario desarrollar mecanismos que permitan conocer lo que la gente piensa sobre la justicia, si se desea que ese poder refleje los intereses de los “dueños” de la facultad de administrar justicia. De ahí, que los estudios de opinión sobre diversos temas que atañen al sistema de administración de justicia deben ser promovidos y tomados en cuenta a la hora de evaluar y formular políticas judiciales.

Los datos de opinión referidos a la justicia son relativamente escasos a nivel mundial. Toharia nos refiere a los estudios realizados en el seno de la Unión Europea, comunidad con mayor tradición en la evaluación, lo que permite inclusive construir series. Estos estudios de opinión reportan que el funcionamiento de la justicia es objeto de valoraciones globales muy dispares, cuyos resultados no se pueden relacionar con el tipo de sistema jurídico o la vigencia e institucionalización del sistema democrático, ya que los países evaluados pertenecen al sistema continental y entre los evaluados negativamente, encontramos a Francia y Bélgica, cuyos sistemas democráticos se encuentran largamente arraigados. En cierto sentido, la investigación de Toharia sugiere que las diferencias en las percepciones sobre el funcionamiento de la justicia se relacionan más con eficacia y acceso. En Europa, los ciudadanos perciben justicias que funcionan bien frente a justicias que funcionan mal (1999:16) y las percepciones sobre malas justicias están más referidas a problemas de acceso y eficacia que a carencia de independencia e imparcialidad. Es el caso de España, cuyo sistema de administración de justicia es evaluado muy negativamente: menos del 20% opina que posee una justicia de buena calidad (Toharia, 1999).

La mala calidad de la justicia española se relaciona con su funcionamiento en dos dimensiones: acceso y eficacia. En promedio, el 80% de los encuestados consideran que el lenguaje que utiliza la administración es oscuro y que resulta incomprensible para el ciudadano medio. También opinan que usar el aparato es muy costoso. En cambio, la preparación de los jueces es considerada buena. La independencia e imparcialidad también son valorada positivamente, pero en una menor medida. A este respecto, más que falta de independencia e imparcialidad, los estudios de opinión parecieran estar reflejando las percepciones sobre las presiones a las que puede estar sometida la justicia por parte del gobierno y de los grupos económicos, políticos y sociales. Para Toharia “..todo ello parece sugerir que, efectivamente, quizá los entrevistados estén expresando no tanto que la Justicia está efectivamente condicionada en la práctica como que en la sociedad existen instituciones y grupos que tratan de presionar sobre ella”( 1999:19).

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