Flor Del Cambpo

Los varios golpes que Juan Manuel Santos y sus ministras le intentaron propiciar a la educación superior en años anteriores no se quedaron congelados con la derrota de la Reforma a la Ley 30 en 2011 ni en el sonado Acuerdo por lo Superior 2034 el año pasado. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 reencaucha los elementos que tenían tales políticas, profundizando los objetivos de pauperizar aún más la financiación y la calidad de la educación superior de la siguiente manera:

1. Una reforma tramposa. Los diez artículos que trazan el rumbo de la educación para el cuatrienio incluyen elementos de la reforma a la Ley 30, pero lo hacen de forma solapada, de espalda al país y a la comunidad académica. Recordemos que al ser derrotada la propuesta de reforma de 2011, Santos la retiró por falta de “ambiente político” y no porque aceptara que el ánimo de lucro y otros puntos fueran perjudiciales para la educación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial aconsejaron entonces a Colombia insistir en la reforma buscando “reducir riesgos políticos”. ¿Cómo hacerlo? Una buena manera, esconderla entre los 200 artículos que en el PND legislan sobre todos los aspectos de la vida nacional y que no serán sometidos a debate por las características antidemocráticas del trámite legislativo del Plan de Desarrollo.

2. Otro lesivo mandato de la OCDE. Santos plantea el PND, no pensando en las necesidades del país, sino sometiéndose a los requerimientos que la OCDE le exige a Colombia para dejarla entrar por la puerta de atrás al denominado “club de los países ricos”. Todas las propuestas cumplen los estándares de la OCDE, se apresura a proclamar el gobierno en el Artículo 1º del PND.

Colombia no entrará a este grupo selecto por su alto desarrollo productivo, tecnológico o educativo, sino por servir a las necesidades de las grandes potencias que hacen parte de él. Grecia y España son buenos ejemplos de cómo terminan los países que sacrifican sus propios intereses en bien de la economía de los poderes mundiales.

El Acuerdo por lo Superior 2034 ya había acogido orientaciones de la OCDE como “Subir el listón de acreditación” y simplificarla, hacer “titulaciones más cortas” y dar cuerpo a la educación terciaria, reformar “los actuales sistemas de asignación de recursos” principalmente para “ampliar el apoyo del ICETEX a los estudiantes” y “vincular la financiación más estrechamente con el desempeño” a través de bolsas concursables. Nada le importa al organismo deteriorar la educación colombiana con tal de asegurarse el cada vez más rápido adiestramiento de mano de obra.

3. El Plan Nacional acaba con la educación de calidad y debilita la educación pública. El eslogan santista, “equidad, paz y educación”, es pura demagogia, pues los diez artículos mencionados lo contradicen. El PND reconoce la educación únicamente como un instrumento de “movilidad social” y no como derecho fundamental y pasa por alto su papel en la generación y desarrollo del conocimiento y su contribución al avance de las fuerzas productivas, como lo hace la Ley Alternativa de Educación Superior de la MANE.

En materia académica crea tres nuevos sistemas que acaban con la calidad:

1º. Sistema Nacional de Educación Terciaria, para equiparar toda la educación post secundaria, es decir, para unir en un mismo saco la educación profesional, tecnológica y técnica con todos los cursos de más de 160 horas. Se va a engrosar la cobertura del 45 al 60% pero sin una política de acceso. Es decir, se nivela por lo bajo (Pág. 107, Acuerdo por lo Superior 2034).

2º y 3º. Marco Nacional de Cualificaciones (pág. 174, OCDE 2012) y Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos “para promover la movilidad de los estudiantes y crear puentes a través del sistema” (Pág. 341 OCDE 2012), profundizando los ciclos propedéuticos y facilitando el ascenso entre unas y otras titulaciones de forma rápida y mediocre.

En materia financiera, la política Santos-Parody hace hincapié en el endeudamiento siguiendo una lógica perversa: recursos públicos para la educación privada y recursos privados para la educación pública. Se privilegia la obtención de rentas del capital mediante los créditos, materializando el ánimo de lucro y ahora sí, del todo, convirtiendo la educación en un negocio. No es una política distinta a la implementada desde la Ley 30. Es su fase superior.

a. ¿Qué son recursos privados para la educación pública? Consiste en endeudar las universidades públicas presentando los créditos como una solución a la crisis presupuestal.

...