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Una de las fundamentaciones teóricas de la necesidad de la intervención estatal en la economía está en Keynes. Su argumento básico es que una economía capitalista puede mantenerse en un estado de desequilibrio económico prolongado sin que las fuerzas espontáneas del mercado tiendan a corregirlo. El problema del empleo no dependía exclusivamente del nivel de salarios sino de la demanda efectiva. De aquí se desprendía la necesidad de una intervención del Estado, a través de la política fiscal.

Las expectativas que se formaran los capitalistas con respecto a las ganancias futuras y su confianza en el sistema, eran indudablemente influidas por las políticas públicas. El Estado puede y debe intervenir, ya sea por medio de la política económica para modificar los desajustes, o directamente para enfrentar eventuales cuellos de botella en la expansión de la capacidad productiva.

La participación del Estado en la economía a través de la actividad empresarial puede tener varios objetivos: en algunos casos se incursiono en la actividad empresarial para lograr cumplir objetivos sociales; en otros, se pretendió aumentar la tasa de inversión y contribuir a la formación de capital y al proceso de acumulación.

La intervención estatal aumenta la producción y así amplia el aparato productivo. Pero si la finalidad de tal intervención es la estabilización de la economía de mercado, la producción inducidad por el gobierno no debe ser competitiva. Si las empresas estatales produjeran mercancías y las ofrecieran a la venta, aumentarían las dificultades de sus competidores privados al reducirse la parte del mercado que les correspondía hasta entonces. Las compras del gobierno deben caer fuera del sistma del mercado, la producción inducida debe ser suplementaria a la producción del mercado. Por lo tanto, el gobierno debe interesarse principalmente por los bienes y servicios que no tienen lugar en el mercado, o sea, por las obras públicas y los gastos de todo tipo. 1

En ocasiones los criterios adoptados no coinciden con los logros. El criterio de utilizar a una empresa pública como un instrumento de redistribución del ingreso lleva a fijar precios o tarifas -para los bienes y servicios producidos- a niveles inferiores al costo de producción.

Esto determina el uso de fondos estatales para cubrir déficits sin contribuir al proceso de acumulación, ni al de inversión, convirtiendose por lo tanto, la empresa en un peso para el Estado.

Normalmente estos procesos van acompañados de deficientes sistemas de información y evaluación de resultados, los cuales se combinan con carencia de autoridad y responsabilidad de los principales ejecutivos empresariales. Estos problemas suelen ser argumentos fundamentales para evitar o reducir la participación estatal en el sector empresarial.

No obstante, en la medida en que esta ineficiencia

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