Argumentatacion de los órganos reguladores

Argumentación en órganos administrativos reguladores

La Argumentación jurídica admite diversas especies entre las que se puede destacar la Argumentación legislativa, la Argumentación de la administración y la Argumentación judicial, es decir, que, en la creación, aplicación, e interpretación del Derecho llevada acabo por las tres funciones del Estado, se requiere de un proceso argumentativo que racionalmente venga a justificar la decisión jurídica.

La argumentación jurídica particularmente llevada a cabo en el seno del Poder Ejecutivo se encuentra en el ejercicio de sus funciones. Entre las facultades esenciales de cualquier Poder Ejecutivo esta, la de promulgar y ejecutar leyes que expida el Congreso proveyendo a la esfera administrativa su exacta observancia. En ese sentido puede entenderse a la” Administración Pública como aquella parte de todos los organismos del Estado que depende directa o indirectamente del Poder Ejecutivo, los cuales tienen a su cargo la actividad estatal del gobierno, cuya acción es continua y permanente y el fin es la consecución del interés público”1.

La actuación de la Administración Pública por parte del Poder Ejecutivo se puede manifestar de distintas maneras entre ellas destacan dos: como función reglamentaria y como acto administrativo.

En una de ellas, la Administración Pública genera reglamentos que despliegan una actividad de creación de normas generales y abstractas, por lo que la racionalidad argumentativa será aquella que le corresponde al legislador. En la segunda, cuando se emite un “acto administrativo”2 se encuentra en la administración una actuación de aplicación e interpretación normativa, que se requiere necesariamente para que una justificación lo respalde en su plena validez.

Cuando los órganos de Administración Pública actúan, y sobre dicha actuación va implícita una afectación a la esfera jurídica de un particular, y deberá justificar plenamente su decisión con razonamiento jurídicos.

En primer lugar, se deberá justificar la competencia constitucional o legal por el cual se actúa; en segundo término, se deberá hacer un análisis del supuesto normativo que completa su actuación relacionándolo con acontecimientos fácticos en los cuales sea aplicable dicha hipótesis.

1 OSORNIO CORRES, F. J., “Administración Pública”, en Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo I, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM-Porrúa, México, 1998, pp. 107-110.

2 El acto administrativo se entiendo como la manifestación unilateral de la voluntad de un órgano administrativo competente, encaminada a crear, reconocer, modificar, transmitir, declarar o extinguir derechos y obligaciones. Sobre este concepto y los elementos del acto administrativo véase OLIVERA TORO, J., Manual de Derecho Administrativo, Porrúa, México, 1988, pp. 143 y ss

En medida de lo anterior, se vuelve necesario que la Administración Pública este regida, en el Estado de Derecho, y bajo el principio de la legalidad y en ese sentido su actuación no puede entender sin ejecución de la ley. Por ello, aunque no es una técnica la argumentación de la Administración con la que se pueda llevar a cabo el poder judicial, siempre será exigible un mínimo de razonamiento que justifique la actuación fundamental en las disposiciones jurídicas preexistentes.

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