CONCLUSION

Actualmente en numerosos convenios se está por debajo de las 40 horas semanales, y se tiende a una reducción progresiva.

El gobierno aceptaría una reducción de la jornada; pero en cómputo anual y no semanal, para que las empresas pudieran adecuar su plantilla dependiendo del nivel de producción que tengan.

En nuestra opinión para llegar pronto a un acuerdo es preciso que el Gobierno se involucre más en el diálogo con empresarios y sindicatos para que así se diera una negociación a tres bandas. Si el Gobierno desea plantear una reducción ambiciosa del paro no debe limitarse únicamente a dejar el empleo en manos del mercado, reducir las cuotas salariales o pedir más moderación salarial, sino que debe tomar una actitud firme y decidida.

Hay que decir que en realidad no existen tantos parados como dicen las cifras; ya que por todos es sabido el gran número de trabajadores existentes dentro de lo que denominamos economía sumergida (por ejemplo, parte del incremento en las altas de la Seguridad Social lo están produciendo estos trabajadores, que al haber aumentado las mejoras en los contratos, los empresarios deciden “legalizarlos"), además de las personas que se apuntan al paro sin querer trabajar; aún así es muy bueno que se fomente el empleo.

Cabría preguntarse si con estas medidas se redujese el desempleo realmente, nosotros diríamos que seguro mermaría la cantidad de desempleados; pero eso sí, si se hace a un nivel global y con un consenso general.

Entiendo la postura de los empresarios, ya que a lo que se tiende siempre que se pueda es a abaratar costes y el reducir la jornada sin bajar los salarios produciría un aumento de los costes, no solo porque bajaría la productividad (igual salario por menos trabajo) sino que al contratar a otros trabajadores, a parte del sueldo se le ocasionan otros gastos tales como las cuotas a la Seguridad Social, los gastos que ocasiono la formación del nuevo trabajador, seguramente aumentaría la siniestrabilidad, etc... . Por lo que vemos es necesario que si se reduce la jornada, el Estado tendría que subvencionar parte de estos costes; para que la reducción no tuviera efectos excesivamente “nocivos” en las empresas.

Aunque, según dice Lucila FINKEL en su libro “La organización social del trabajo”: “no existen razones para pensar que una reducción del tiempo de trabajo conduzca a una disminución de la productividad” se justifica, haciendo referencia al pasado y dice que “la historia muestra que el argumento de la pérdida de productividad se esgrimió siempre contra las reivindicaciones de los trabajadores, a pesar de que finalmente la organización del trabajo se ajustó sin mayores problemas a la introducción de la jornada de 8 horas, a la abolición del trabajo infantil, al reconocimiento de los derechos sindicales o a las licencias por maternidad y enfermedad”. Y que por tanto no hay por qué pensar que justamente ahora, cuando cada vez más la tecnología suplanta al trabajo humano directo, la reducción de la jornada laboral tenga una incidencia negativa en la productividad.

Por otra parte, el lema utilizado por los sindicatos el 1 de Mayo “Por el empleo y la solidaridad”, no tiene desperdicio,

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