DERECHOS HUMANOS

El reparto de utilidades en México es un derecho de los trabajadores inserto en la Constitución en su apartado A. fracción IX, sus antecedentes aun que no muy claros comenzaron en el Virreinato para después reflejarse en la Constitución de 1917 de una manera muy precaria ya que el derecho de los trabajadores era atrazado en este entonces.

Posteriormente, mediante una iniciativa de reforma en el año de 1962, se inserta como conocemos en la actualidad este derecho en la Constitución y se reglamentó en la Ley Federal del Trabajo mediante decreto del 31 de diciembre del mismo año.

Resulta importante mencionar que en el Virreinato, específicamente en el campo minero, hubo, en casos aislados, una pequeña participación recibida por parte de los trabajadores, sin embargo esta no se encontraba protegida o si quiera mencionada en ordenamiento alguno.

El primer antecedente constitucionalista es del año 1856 enunciado por el legislador Ignacio Ramírez quien consideraba que no bastaba con darle su pago al trabajador sino que éste debería asegurarle poder ejercer ampliamente sus derechos como ciudadano,

"dividiendo proporcionalmente las ganancias con el empresario".

En cuanto a antecedentes reglamentarios el 27 de octubre de 1916 se emitió un "Decreto para establecer un reglamento laboral" el cual incluyó un capítulo que incluía un sistema para incluir a los trabajadores en las participaciones de sus empresas; sin embargo dicho decreto no tuvo aplicación efectiva.

Para establecer el reparto de utilidades se toma en cuenta la utilidad fiscal, es decir, ingresos menos deducciones, este tratamiento es tomado desde su inclusión constitucional como derecho fundamental.

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