Derechos y obligaciones del uso del agua

Introducción

El uso del agua es un derecho prioritario y se debe tener acceso a ella, sin embargo existen leyes que protegen este derecho como el poder de adquirir una fuente de abastecimiento así como también nos obliga a pagar por el servicio, tratar el agua utilizada con propósito de evitar contaminación en el medio como en la fuente y la sobre explotación de la misma para su uso futuro.

La inclusión del derecho humano de acceso al agua para consumo personal y doméstico, además de colmar la inquietud existente desde hace varios años de nuestro país, en cuanto a reconocerlo expresamente en nuestro orden constitucional, en tanto que sin el agua, no existe posibilidad de vida; especialmente para las personas, implica el reconocimiento de que su uso en cantidad suficiente y calidad adecuada, para los fines citados, debe privilegiarse con respecto a cualquier otro y el establecimiento de la obligación a cargo de las autoridades, de garantizar su respeto y ejercicio, sin discriminación alguna a favor de todas las personas que se encuentre en nuestro país. (Mendoza Vera)

No se puede hablar de dignidad de la persona si ésta carece del recurso mínimo dirigido a cubrir las necesidades básicas del agua, en efecto el derecho al agua forma parte del contenido mínimo del derecho a la dignidad humana, de la misma manera la ausencia del agua para beber o para el higiene personal, se traduce en baja calidad de vida; por consiguiente, el concepto mínimo de propiedad del agua condicionaría la calidad de vida; de esta manera, podríamos cumplir con el razonamiento de la constitución atendiendo a la función social del agua a partir del reparto equitativo y necesario para vivir con dignidad. (Álvarez, 2011).

Derechos y obligaciones del uso del agua

El agua es una sustancia tan elemental que se utiliza diariamente para cubrir nuestras necesidades, sin embargo ¿qué tanto se tiene como individuo el derecho y obligación en su uso?; el agua debe garantizarse a los seres humanos que conforma una sociedad y el Estado de cada sociedad rige la forma adecuada de su disposición. Se sabe que para tener acceso a ella se tiene que pagar una cuota al organismo operador, este puede ser tanto público como privado y ante la desconfianza respecto a la calidad del agua que se distribuye en estos sistemas muchas veces se adquiere agua purificada, en otros casos para el consumo propio y abastecimiento se puede adquirir una fuente para su explotación; sin embargo así como se tiene el derecho de su uso estamos obligados a cumplir las consideraciones que garantice su disponibilidad futura, es decir, no desperdiciarla ni contaminarla por lo que el tratamiento y disposición final del agua utilizada en caso de los organismos operadores o los que cuentan con una fuente propia debe cumplir con los parámetros dictados por el Estado entonces nos obliga a elaborar esta pregunta ¿que tanto se respalda estos eventos? de acuerdo con lo que se establece en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de agua: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” Es decir, esta ley garantiza el uso del agua, su disposición y accesibilidad para el consumo así como su posterior tratamiento, desde esta perspectiva para que se cumpla este derecho es necesario realizar una contribución ya que el agua como un derecho universal no debería tener un costo alguno sin embargo en el artículo 27 con respecto al uso del agua nos indica lo siguiente de manera resumida: “Las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional son propiedad de la nación y ésta puede autorizar la explotación, el uso o el aprovechamiento a particulares

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