Derecho Al Agua

DERECHO AL AGUA PARA TODOS

Y BIENES COMUNES MUNDIALES:

JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

Riccardo Petrella*

La revolución del agua

Tres son los grandes temas que "dominan" el debate político (y científico) con relación a las eventuales opciones individuales y colectivas en el campo del agua.

Primero: ¿A quién pertenece el agua, considerada por todos como la principal fuente de la vida, del mismo modo que el aire y la energía solar? En Basilicata, ¿a quién pertenece el agua? ¿A la población de la región? ¿Se trata de un bien común o de un bien del que se pueden apropiar los sujetos particulares? ¿Qué se puede pensar de la privatización de la administración del agua?

Segundo: El acceso al agua, ¿ha de ser tratado como un derecho humano y social, individual y colectivo, imprescriptible o como una necesidad vital? ¿A quién le corresponde la responsabilidad de la financiación del acceso al agua para todos en la cantidad y calidad suficientes para la vida: ¿a la colectividad, a la comunidad de ciudadanos o al mercado, al consumidor según el principio de que "quien utiliza, paga"?

Tercero: ¿Es verdad que el agua dulce se está volviendo cada vez más escasa y costosa y que el agua ha de ser considerada como el oro azul del siglo XXI (como el petróleo fue el oro negro del siglo XX) y que asistiremos en el futuro a "guerras del agua" cada vez más frecuentes y graves? ¿Cómo evitar, por lo tanto, la actual destrucción de este bien, causada por el uso excesivo y no sostenible que de él hacemos para fines de riego, industriales, hidropotables y domésticos (comprendidas las piscinas)?

De acuerdo con las respuestas que daremos a estos tres grupos de preguntas a nivel local, nacional, continental y mundial, contribuiremos o no a hacer avanzar a las sociedades contemporáneas por el camino de la justicia, del derecho, de la fraternidad, de la libertad, de la igualdad y de la democracia participativa. Si lográramos hacerlas avanzar por este camino en el curso de los próximos veinte años habríamos realizado la primera "revolución" efectiva de las sociedades del siglo XXI.

 Primera respuesta: El agua es un bien común que pertenece a la vida, en particular a la humanidad.

El agua pertenece a la vida y corresponde a la humanidad asegurar su gestión colectiva en el sentido de una utilización, conservación y protección en el respeto del derecho a la vida para todos los seres humanos y las otras especies vivientes, como también para las generaciones futuras.

Aunque pueda parecer paradójico, esta afirmación no es compartida por la gran mayoría de las clases dirigentes del mundo occidental. Ninguna Constitución nacional, ningún tratado internacional reconoce el agua como un bien común perteneciente a la humanidad. Todos están de acuerdo en reconocer que el agua (agua de lluvia, de los ríos, de pendientes) es un bien fundamental para la vida, pero la "sabiduría predominante" considera que a partir del momento en que se da una intervención humana para transformar el agua/recurso en agua/bien o en agua/servicio ésta ha de ser considerada principalmente como un bien económico, un bien comercial, que tiene un valor económico determinado en función del justo precio del mercado y, sometido, por tanto, a los procesos de apropiación y de uso privado.

Considerar el agua principalmente como un bien económico es una opción que privilegia, entre los muchos aspectos del agua, aquel que se relaciona con la dimensión económica, en detrimento de todos los demás valores. Esta opción se apoya en la tesis, también ideológica y no sustentada por hechos, de la superioridad del mercado sobre cualquier otro mecanismo (la reglamentación política, la cooperación, la solidaridad), en cuanto mecanismo de regulación de la ubicación de los recursos materiales y no materiales y de redistribución de la riqueza producida.

Se puede compartir o rechazar esta opción ideológica. Personalmente propongo rechazarla, también porque hasta sus partidarios no pueden negar (salvo total ceguera frente a la realidad) que el agua es un recurso fuente de vida, único, particular, de naturaleza distinta a todos los demás - excepto el aire y el sol - al que los seres humanos han de recurrir para satisfacer sus necesidades vitales, individuales y colectivas. Su carácter de único está ligado, entre todos los factores, al de ser insustituible. El carbón puede ser substituido por el petróleo, el petróleo por la energía nuclear; se puede sustituir el arroz con el maíz, o utilizar el tren en lugar del avión. Se puede también practicar una economía monetaria o una economía sin moneda y hasta sin precios (situación de gratuidad). Pero no se puede sustituir el agua para vivir.

Uno de los principios propios del correcto funcionamiento de los mecanismos del mercado es aquel de que los bienes (factores de producción o productos/ servicios) sean sustituibles; de aquí la función de los precios relativos que reflejan el valor de utilidad comparada entre bienes y servicios intercambiables. Poder escoger entre diversos bienes de naturaleza diversa o de la misma naturaleza, pero diferentes en términos de precio, de calidad, etc., es fundamental para el mercado. Aquí radica, se dice, la libertad del consumidor y del productor. Ahora bien, solicitar el agua no es una opción. Todos tienen necesidad de agua. Por ser insustituible, el agua es, entonces, un bien fundamental que no puede estar sujeto a ningún principio sectorial y parcial de reglamentación, legitimidad y valorización mercantil. En este sentido, es precisamente un bien común de base para toda comunidad humana. El hecho, admitido pero no concedido, de que se pueda aumentar la oferta de agua potable para enteros países mediante la desalinización del agua marina, así como el hecho de que se podrá, algún día, producir el agua a través de síntesis, artificialmente, no cambia la naturaleza del problema. También el agua desalinizada o de síntesis permanecerá un bien social. Independientemente de la fuente de la que se obtiene el agua, ésta será siempre un bien común de base perteneciente a la humanidad.

El argumento utilizado en los últimos años también en los países "desarrollados" del Norte, en el Reino Unido, en Francia y en Italia de manera particular, apoyando la privatización de los servicios de agua (en el Reino Unido, comprendidas las infraestructuras de base) es relativo a la financiación. Para asegurar el acceso al agua en la cantidad y la calidad deseada para satisfacer las necesidades "crecientes" de la población mundial, en continuo aumento, son cada vez más necesarios - afirman los detentadores - volúmenes enormes de recursos financieros que escapan a las capacidades de los poderes

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