Ecosistema

El mundo estaba asombrado. Hace un par de meses las imágenes de las ratas deformadas, con tumores inmensos en su interior, parecían ser la más clara evidencia de los efectos de las semillas transgénicas (modificadas genéticamente). El estudio del biólogo francés Gilles-Eric Séralini mostraba cómo, tras dos años de investigación, un grupo de ratas sometidas a una dieta exclusiva de este tipo de alimentos producidos por la multinacional Monsanto había presentado serios problemas de salud, entre los que se encontraban insuficiencias renales y necrosis de hígado.

Las críticas llovieron entonces sobre la empresa estadounidense productora del maíz NK603. Por la red circuló una serie de documentales que se oponían a los alimentos genéticamente modificados. En Colombia la situación no fue distinta cuando se supo que hay una autorización para cultivar ese maíz. Sin embargo, según Andrea Uscátegui, directora ejecutiva de Agro-Bio, organización que se encarga de informar acerca de la biotecnología agrícola, “para que un producto de estos se comercialice se tienen que llevar a cabo muchos estudios que garanticen su seguridad. En el país, ese maíz está autorizado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Ministerio de Salud”.

Pero más allá del estudio de Séralini la discusión acerca del cultivo de semillas transgénicas abarca desde acusaciones sobre su cuestionable productividad hasta asuntos económicos en los que está en juego la supervivencia de miles de campesinos.

En nuestro país, desde el 2002, cuando se empezaron a poner en práctica estas técnicas, los cultivos han incrementado significativamente. En 2011 había 59.239 hectáreas de maíz en todo el territorio nacional y 49.334 de algodón.

Este último, sin embargo, presentó serios inconvenientes en 2008, cuando en el Tolima se perdió entre el 50% y el 75% de la producción y alrededor de mil campesinos dejaron de ganar cerca de $20.000 millones. Departamentos como Córdoba padecieron la misma situación. Para Germán Vélez, representante del Grupo Semillas, una organización que se opone al comercio de estos alimentos, la situación fue el resultado de cosechar granos comprados a Monsanto.

Pero lo que pasó, según Adriana Castaño, consultora en bioseguridad de Agro-Bio, fue que “muchos productores no siguieron los procedimientos ni aplicaron las medidas de bioseguridad del ICA. Contrario a lo que muchos dicen, estos cultivos tienen enormes beneficios: son resistentes a los insectos y toleran los herbicidas”.

De acuerdo a datos suministrados por Vélez, tras una serie de denuncias realizadas por Conalgodón, Monsanto tuvo que aportar $1.280 millones por las pérdidas causadas a los agricultores que sembraron en 2008 y 2009.

Otra de las principales discusiones que se han presentado en el país en torno al tema tiene que ver

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