Garantias de propiedad.

Garantías de propiedad

Propiedad refiere al sentido de pertenencia y disposición de un bien en favor de un sujeto que está investido con la legitimidad y legalidad necesarias para ejercer sobre dicho bien actos de dominio.

Cuando la propiedad civil se opone a la acción del Estado y sus autoridades, y les impone el deber de no vulnerarla salvo en los casos y con el cumplimiento de los requisitos y procedimientos estipulados en  la Constitución, estamos frente a la garantía individual de propiedad.

Para brindar certidumbre jurídica al campo, se reformó la constitución el 28 de enero de 1992, esta reforma constitucional puso término al reparto agrario, por que dicho reparto agrario fue necesario y posible en un país con poca densidad poblacional, siendo contrarias estas condiciones, a las actuales. De igual manera, en ese año se eliminó el requisito del certificado de inafectabilidad para promover el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria de tierras o aguas decretadas en forma ilegal.

Con esa reforma se agregó un segundo párrafo, que toma en cuenta la creación de tribunales agrarios dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Poder Ejecutivo federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente, y establece la creación de un órgano para la procuración de justicia agraria que sustituye al órgano y procedimientos de carácter mixto que se contemplaba en la fracción VII para resolver las controversias agrarias.

 La fracción VII reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal  y comunales, y confirma al ejido y la comunidad como formas de propiedad. Las fracciones IV y V regulan las adquisiciones religiosas y la segunda permite a las instituciones bancarias tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rusticas.

En cuanto a la capacidad d las personas físicas u morales privadas para adquirir la propiedad, se señala que:

Los mexicanos por nacimiento o naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho de adquirir la propiedad de tierras, aguas y sus accesiones o se obtener concesiones de minas o aguas.

Los extranjeros no podrán adquirir la propiedad de tierras y aguas que se encuentren comprendidos dentro de una franja territorial de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta a lo largo de playas.

Si una sociedad mexicana figura como socios uno o más extranjeros, éstos tendrán que concertar un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Burgoa refiere que la propiedad de origen a que alude el precepto constitucional es: […] la atribución del Estado mexicano de todo el territorio que integra su elemento físico como ingrediente sustancial de su ser y sobre el que desarrolla su poder de imperio.

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