Guerra Cristera

La Guerra Cristera

En 1924, Plutarco Elías Calles, siendo Presidente, complicó más las relaciones entre el gobierno y los católicos, pues pensaba que un católico no podía ser un buen ciudadano ya que su primera lealtad es con Roma. Con lo cual, Calles proponía un nacionalismo nuevo, en el cual los ciudadanos no deberían lealtad a nadie más que al propio Estado.

El 21 de febrero de 1925, Calles intentó crear una iglesia nacional con el apoyo de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana (ICAM), encabezada por el sacerdote renegado, Joaquín Pérez. Lo que significó una división dentro del catolicismo pues la ICAM proponía seguir la misma doctrina católica pero sin relación alguna con el Papa, quedando como líder el mismo Pérez en calidad de Patriarca. La iglesia nacional se apoderó del templo de la Soledad para poder establecerse; pero fallaron en el intento pues la parroquia fue recuperada el día 23 por el pueblo, hecho que ocasionó que un gran número de católicos se movilizaran para defender las iglesias.

Varios grupos de católicos se juntaron para formar la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa en marzo, dirigida por Manuel Palomar y Vizcarra. Ellos pretendían conseguir la libertad religiosa pro medios constitucionales. Este grupo rápidamente se extendió en el país, sin embargo se declaró ilegal, por lo que tuvieron que trabajar clandestinamente. También se formó un Comité Episcopal a fin de tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno.

El 4 de febrero de 1926, el periodista Ignacio Monroy del periódico El Universal, publicó las declaraciones hechas por el arzobispo de México José Mora y del Río en rechazo al anticlericalismo de la Constitución, lo que provocó la detención del arzobispo, mientras en Roma el Papa aconsejaba a los católicos que se abstuvieran de participar en la política.

Calles tomó esta publicación como una ofensa y un reto al gobierno, así que ordenó al Congreso reglamentar el artículo 130, mejor conocido como la Ley de Calles. En este artículo demandaba la clausura de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros. También se limitaba el número de sacerdotes a uno por cada seis mil habitantes, además de registrarse ante las autoridades municipales, quienes otorgarían su respectiva licencia para ejercer, incluía también delitos relativos a la enseñanza haciendo desaparecer la libertad de enseñanza y el derecho de educar a las personas en la fe.

Por su parte, los obispos consideraron que no existían garantías para ejercer su ministerio y emitieron un comunicado avalado por Roma donde se anunciaba que se había decidido suspender los cultos desde el 1 de Agosto, día que entró en vigor la Ley de Calles. Pero el pueblo mexicano que era muy católico se congregó en las iglesias un día antes para celebrar muchos bautizos, matrimonios,

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