LA DEGRADACION AMBIENTAL

LA DEGRADACION AMBIENTAL

Los años ochenta, conocidos como la década perdida para la economía de América Latina, también resultaron muy difíciles para la CEPAL 19 gestión ambiental. Los ajustes derivados de la crisis económica que golpeó a la región repercutieron en las instituciones ambientales y éstas, que de por sí eran débiles y de reciente creación, quedaron con grandes responsabilidades y pocos recursos para asumirlas. Por otra parte, los efectos ambientales originados por la creciente necesidad de reducir el gasto público fueron múltiples, pero el más destacable es la limitación de la capacidad para realizar estudios de impacto ambiental y auditorías ambientales, así como para dar seguimiento a estudios de reinversión con consecuencias ambientales importantes. Debido a esta situación, y a pesar de que se crearon instituciones de alto nivel para la gestión ambiental, en la práctica la capacidad pública para detener el progresivo deterioro ambiental de ecosistemas críticos y controlar la contaminación se vio fuertemente cercenada.

Durante la década de 1990, en la región se han dado intensos procesos de democratización y, paralelamente, una creciente tendencia hacia la implantación de economías de libre mercado, aunada a un empequeñecimiento del papel del Estado, una mayor influencia del sector privado y una proliferación de organizaciones de la sociedad civil creadas voluntariamente en torno de causas comunes. En casi todos los países la sociedad civil se ha convertido en una contraparte importante para las instituciones gubernamentales en temas como la salud, el medio ambiente y los derechos humanos, es decir, los mismos que quedaron al margen de las políticas públicas. El tema ambiental ha pasado a ser una causa social ciudadana con gran capacidad de convocatoria de grupos voluntarios a nivel local, nacional, regional y global. Esta expansión de la conciencia ambiental impulsó a revisar y readecuar los enfoques nacionales del tema.

En los inicios de la década de 1990, la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo generó importantes efectos en la región. Fortaleció un diálogo interno en torno de los distintos aspectos del desarrollo sostenible de cara a las negociaciones del Programa 21, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco sobre el Cambio climático y la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África. Fue notable la movilización de científicos y organizaciones públicas, privadas y sociales, que asumieron niveles de participación sin precedentes.

Sin embargo, al concluir la Conferencia de Rio también se fortalece en la región la apertura a la inversión extranjera y se promueve la privatización a gran escala de empresas públicas. La globalización de la economía crea nuevas formas de comercio internacional en las que las consideraciones ambientales han ido adquiriendo un inesperado papel que será necesario estudiar en profundidad en los próximos años. En tal contexto surge también una serie de políticas ambientales implícitas, vinculadas a las políticas macroeconómicas para el fomento de las exportaciones y la captación de inversión extranjera, cuyo resultado es una mayor presión sobre los recursos naturales y un debilitamiento de los procedimientos ambientales de comando y control. Esto, aunado a las políticas económicas sectoriales de energía, agropecuarias, de desarrollo industrial y urbano, han dado lugar a profundas contradicciones ambientales que requieren un análisis acucioso e imponen la necesidad de revisar las políticas e instrumentos de gestión ambiental de modo que se propicie el fortalecimiento de las instituciones públicas, privadas y sociales que se ocupan del tema.

En respuesta a estos problemas provocados por la globalización, los países de América Latina y el Caribe han implantado o reforzado una serie de procesos y mecanismos subregionales de cooperación de gran importancia. Tal es el caso del Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, para cuya aplicación los ministros del Caribe celebraron una serie de acuerdos. De la misma manera, la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), que agrupa a los siete países del Istmo ha contribuido notablemente a la integración de América Central sobre bases y objetivos comunes. Por su parte, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo ha adquirido gran relevancia como foro subregional de ministros y autoridades de medio ambiente que ha propuesto una serie de acuerdos sobre biodiversidad, residuos peligrosos y bosques, entre otros temas, en los que por primera vez se establecen posiciones subregionales comunes. También se ha formulado un conjunto de proyectos ambientales y de estrategias financieras exitosas. En este sentido, una de las iniciativas más interesantes es la del Corredor Biológico Mesoamericano.

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