LA REFORMA DEL ESTADO

LA REFORMA DEL ESTADO.

Por Rafael Clavel López.

Un gran tema pendiente de resolución por el Legislativo Federal, aparte de los relativos a la reforma fiscal a fondo, a la cuestión energética (electricidad y petroquímica) y otros de singular importancia, es sin duda la Reforma del Estado. Todo gobierno que se jacte de ser producto de una voluntad popular que exige cambios, requiere transformaciones sustanciales en la base teórico - política que ha estado rigiendo al país, precisamente para encaminar la cosa pública hacia la dirección que ha mandado el voto del pueblo. Ahora entramos a vivir una democracia participativa. La reforma del Estado debe ser expresión genuina de una nueva sociedad moderna mexicana que ha roto con mitos y ataduras del pasado. Es necesario ejercer con responsabilidad nuestras libertades, connaturales al ser humano y reconocidas por la Constitución.

I.- UN CUARTO PODER DEL ESTADO: EL PODER ELECTORAL.

En el Foro de Consulta Popular para la Reforma Electoral 1995 en el Estado de Oaxaca, convocada por la LV Legislatura del Estado, y que se llevó a cabo en la Casa de Cultura de Santiago Pinotepa Nacional, el 14 de febrero de ese año, propuse una revisión a la Teoría Clásica de la División de los Poderes del Estado, o separación de poderes, a la que en Ciencia Política se identifica con la división de las funciones del Estado, que son ejercitadas por organismos políticos diferentes. Como principio característico del constitucionalismo contemporáneo, supone una garantía para el propio Estado y para el ciudadano (que queda protegido por un marco legal que dificulta los abusos de poder y posibles actuaciones arbitrarias de instituciones públicas). La tradicional teoría de la separación de poderes divide éstos en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El primero (normalmente ejercido por el Parlamento, entiéndase en nuestro país como el Congreso de la Unión) es el encargado de redactar, promulgar, reformar y derogar las leyes; el segundo (cuyo responsable es el gobierno) procura su cumplimiento; el tercero (a cargo de los tribunales), administra justicia. Uno de los primeros filósofos que teorizaron sobre esta doctrina fue el inglés James Harrington, quien, en su obra OCEANA (1656), describió un sistema político utópico basado en la división de los poderes públicos. John Locke expuso un tratamiento más detallado de la misma en el segundo de sus TRATADOS SOBRE EL GOBIERNO CIVIL (1690). Este filósofo inglés sostenía que los poderes legislativo y ejecutivo son conceptualmente diferentes, aunque pensaba que no siempre es necesario separarlos en instituciones políticas distintas; no distinguía, en cambio, el poder judicial. El actual concepto de la separación de poderes fue definido por el teórico francés Charles-Louis de Sécondat Barón de la Brede de Montesquieu en uno de sus principales ensayos políticos: EL ESPÍRITU DE LAS LEYES (1748), en el cual dejó descrita la triple división, absteniéndose de usar el término “separación”, que desde entonces se convirtió en el eje fundamental de la mayoría de las constituciones contemporáneas. (datos de Encarta 2001).

Señalé la necesidad de actualizar dicha teoría para crear un cuarto poder del Estado: EL PODER ELECTORAL, porque la autoridad constituida (ejecutiva y legislativa) no debe tener en sus manos la función de preparar, desarrollar, vigilar y calificar la elección de quienes le sucedan en su cargo, pues eso generaba abusos, fraudes y manipulaciones que han

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frenado nuestro avance democrático y teñido de sangre los procesos electorales. Las múltiples opiniones emitidas en este sentido con anterioridad por especialistas y analistas, impulsaron la creación en primer término del Instituto Federal Electoral el 15 de agosto de 1990, a raíz de las reformas a nuestra Constitución y la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y después la aparición de los Institutos Estatales Electorales, buscando ciudadanizar la función electoral, en organismos públicos autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con partidas presupuestales suficientes para cumplir sus fines. El IFE es el organismo público depositario de la autoridad electoral responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones; está formado por órganos de dirección, ejecutivos y técnicos, así como por órganos de vigilancia integrados por consejeros ciudadanos y representantes de los partidos políticos, dando intervención a las demás fuerzas organizadas de la sociedad civil como son agrupaciones políticas, observadores electorales, etc. Ahora es preciso fortalecer esta institución y elevarla al rango de Poder del Estado, en sus dos ámbitos: local y federal, reformando las leyes secundarias con amplitud y visión, para recobrar la confianza del pueblo en las elecciones populares y se respeten sus resultados. La demagogia ya no tiene cabida en nuestra sociedad ni disfrazada de mercadotecnia, agresiva publicidad o “venta de imagen de campaña”, donde con frases huecas y actitudes que llegan a lo grotesco, convertidos en meros productos publicitarios, se afanan partidos y candidatos en atrapar la preferencia electoral. La Cosa Pública exige una actuación responsable, pero sobretodo honesta y congruente entre lo que se dice y lo que se hace; es una desgracia que las plataformas electorales queden archivadas en el escritorio del candidato triunfador: las ofertas de campaña no se capitalizan en los planes y programas de gobierno. El legislador no rinde cuentas a su distrito electoral o a los votantes de su circunscripción, de su trabajo en la Cámara. Luego del triunfo, viene la desvinculación y el disimulo. Solo importan los intereses personales o de grupo. El pueblo que siga como está, o peor si es posible, total que los mexicanos aguantan.

En mi ponencia leída dentro del referido Foro, se resaltaba: “...estos tiempos de violencia, de crisis, de dependencia económica en aras de la globalización, de descomposición social, de la legítima lucha indígena por la reivindicación de sus derechos y rescate de su cultura, de la endémica corrupción oficial y privada, de desestabilidad y, en general, del estado de incertidumbre en que vivimos los mexicanos que conformamos el grueso de la población al no visualizar condiciones de mejoramiento de nuestro nivel de vida, son indicadores de que debemos someter a una revisión a fondo a las estructuras mismas del poder público en México y a los medios utilizados para arribar a él...”. Finalizaba el punto diciendo: “Cuando el pueblo mismo tenga en sus manos todo el proceso electoral, renacerá el interés por la auténtica participación política,

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