La Bioseguridad En México

La bioseguridad en México

México ha sido pionero en la experimentación con ogm de uso agrícola. Las primeras solicitudes de liberaciones de ogm al ambiente con fines experimentales se presentaron en 1988, pero apenas en 1991 se liberó el primero: jitomate (Lycopersicon esculentum) resistente a insectos. Desde entonces y hasta 2006 se han sembrado ogm de 21 cultivos, todos en etapa experimental, con un total de 1 116 liberaciones caso por caso. Como se puede observar en la figura 7.1, las liberaciones se han llevado a cabo en distintas zonas del país; destacan el caso del algodón en el norte y de la soya en el sur.

En la figura 7.2 se puede observar que la superficie total sembrada de algodón (convencional + gm) en todo el país tuvo una disminución muy severa en el periodo

1992-1993, debido principalmente a las emergencias fitosanitarias que se presentaron (Massieu et al. 2000; Traxler y Godoy-Ávila 2004). A partir del año 1995 comenzó la siembra experimental de algodón gm en varios sitios de la República, y alcanzó la máxima superficie permitida por la Sagarpa en 2004, siendo el algodón Bollgard (genéricamente denominado como Bt, que confiere resistencia a plagas de lepidópteros) una de las herramientas del programa integral de manejo de plagas algodoneras emprendido por la autoridad sanitaria (Massieu et al. 2000). Desde entonces la superficie sembrada de algodón gm ha aumentado hasta casi coincidir con los totales nacionales. No obstante estas tendencias, a la fecha los beneficios agrícolas concretos no se han analizado de manera integrada y sólida.

Desafortunadamente, y en parte porque las liberaciones al ambiente de estos cultivos se llevaron a cabo en un régimen legal relativamente limitado y enfocado sobre todo desde el sector agrícola, no se cuenta con información fundamentada acerca de los efectos del uso de estos cultivos biotecnológicos en el ambiente. Por tal motivo se requiere con urgencia integrar de manera consistente la información relevante sobre el uso de plaguicidas y herbicidas en estos cultivos gm, en comparación con los convencionales. Adicionalmente es necesario generar información de línea base y fomentar la investigación en materia de bioseguridad sobre los efectos de estos cultivos a organismos “no blanco”, a la diversidad biológica y al medio ambiente, en comparación con otras opciones agrícolas como los cultivos convencionales y sus prácticas relacionadas.

En México se conformó en 1999 la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), la cual busca de manera incluyente generar políticas y coordinar acciones sobre el tema entre las dependencias del gobierno federal con competencia en la materia. La Cibiogem, como se establece en la Ley de Bioseguridad, incluye además un consejo consultivo científico y un consejo consultivo mixto, lo que debería garantizar una mayor participación pública y una toma de decisiones fundamentada científicamente. Además, México forma parte del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos;12 que lo mantiene en un puesto de referencia sobre el tema para muchos otros países, no sólo de América Latina sino del resto de mundo.

En materia de investigación en biotecnología nuestro país cuenta con un grupo de 762 reconocidos biotecnólogos repartidos en 109 institutos de investigación científica (Bolívar 2003), quienes desarrollan diversos proyectos de investigación. Para ser congruentes con las características de nuestro país, sería imperativo que al menos parte de dicha investigación se vincule a la realidad nacional y dé respuesta a las interrogantes sobre el comportamiento de los riesgos asociados al uso de estos organismos, con el objetivo primordial de despolarizar el debate alrededor de su uso.

En 1999 la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) empezó a desarrollar lo que hoy es el Sistema de Información de Organismos Vivos Modificados (siovm)13 (Soberón et al. 2002), cuya información es pública y de libre acceso en línea para apoyar los procesos de análisis de riesgo, toma de decisiones, gestión y comunicación del riesgo. Con el empleo del enfoque caso por caso, la utilización de la información contenida en el siovm, y siguiendo la metodología de análisis de riesgo14 desarrollada en la Conabio, se han elaborado 1 696 recomendaciones caso por caso desde el año 2000 hasta marzo de 2008; de estas, en 50% de los casos se estimó que existían bajas probabilidades de flujo génico hacia los parientes silvestres. Véanse mapas de algodón y maíz en la figura 7.3a-d.

Con el objetivo de contribuir a que se tomen decisiones, con un enfoque ambiental y de conservación de la biodiversidad, la Conabio y el Instituto Nacional de Ecología (ine) han trabajando de forma conjunta para desarrollar protocolos de evaluación y análisis de riesgos, así como bases de datos con la información necesaria. En el ine, con el apoyo del Subcomité Especializado de Medio Ambiente (sema), se desarrolló el Protocolo de Análisis de Riesgo para la Liberación de Organismos Genéticamente Modificados en el Medio Ambiente (aromma),15 instrumento que, considerando otras experiencias internacionales en análisis de riesgo, es adecuado a las necesidades de México como país megadiverso y centro de origen, y que además puede modificarse en función de los avances biotecnológicos. Este protocolo contiene varios módulos de análisis, manejo y comunicación del riesgo que incluyen: antecedentes de desarrollo y uso de ogm, biología molecular y el proceso de transformación genética utilizado, análisis de las características reproductivas y las características del posible ambiente de liberación, análisis de características fenotípicas novedosas en los ogm, análisis de medidas de mitigación, control y monitoreo de ogm, y medidas en casos de contingencia. Mediante este proceso se ponderan cualitativamente los riesgos identificados y se sustenta de manera científica la toma de decisiones respecto al uso de ogm en el campo mexicano.

Una de las necesidades prioritarias del gobierno en materia de bioseguridad, principalmente para los casos de los sectores ambiente, salud y agrícola, donde recaen las actividades reguladas de acuerdo con la propia lbogm, es contar con una estructura en recursos humanos altamente capacitados para atender todas las obligaciones legales adquiridas, no solo por la entrada en vigor de la ley, sino como país parte del Protocolo de Cartagena y depositario de valiosos recursos genéticos.

Entre 2002 y 2005 en nuestro país se desarrolló un proyecto de fortalecimiento de capacidades para implementar el Protocolo de Cartagena, otorgado a México por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility, gef) con un presupuesto

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