La implementación de la Ley 100 de 1993

La implementación de la Ley 100 de 1993 que reemplazó el Sistema Nacional de Salud por el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia dio lugar a diversas transformaciones en la forma cómo los individuos se relacionan con las instituciones estatales para acceder al servicio de salud. La corriente neoliberal que estuvo presente a lo largo de las discusiones y tuvo su eco en el resultado final de la reforma, implicó que la prestación del servicio de salud se haya convertido en un proceso en el que siempre hay un intermediario aun cuando el Estado colombiano constitucionalmente asume la responsabilidad en la prestación del servicio. Es por esto que la prestación del servicio a la salud en Colombia permite vislumbrar dinámicas particulares de la relación del ciudadano con el Estado, y en esa medida, estudiar las formas de la gobernanza para esta problemática en particular.

Una satisfacción a medias dejó entrever el ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, luego de que el Congreso aprobara, en último debate, la reforma a la salud, ya que la negativa a un artículo determinará que el Gobierno tenga que buscar recursos del orden de los $500 mil millones para soportar esta iniciativa en 2011.

El proyecto, de 140 artículos, que establece las prioridades para garantizar atención en salud de todos los colombianos, tuvo trámite de urgencia en el Congreso y sólo le resta la conciliación entre lo aprobado en Senado y Cámara para que pase a sanción presidencial.

El ministro Santamaría destacó la labor del Congreso y dijo que “va a lograr los objetivos que tenemos en el Gobierno de servicios de mejor calidad con accesos equitativos, mayor calidad y sostenibilidad financiera”.

Sin embargo reconoció que “ nos toca buscar recursos adicionales para lo cual, de todas maneras, tenemos el 2011”.

El titular de la cartera Social se refería al Artículo 43 de la iniciativa, que fue negado por el Senado, y con el que se pretendía que tres puntos de recursos de libre inversión de los municipios se dedicaran a la salud pública y la promoción, recursos que equivalen a $500 mil millones.

No obstante, Santamaría aseguró que “los puntos centrales de la reforma como el flujo de recursos, la red de inspección, vigilancia y control de los hospitales públicos, quedaron intactos y por eso estamos complacidos de la aprobación”.

A buscar recursos

La senadora Dilian Francisca Toro, coordinadora de ponentes del proyecto, aseguró que la negativa del Artículo 43 del proyecto deja, en cierta medida, desfinanciada la propuesta, por lo que consideró que “el Gobierno Nacional deberá buscar los recursos para poder financiar este punto tan importante, que es el eje de la reforma”.

La congresista reconoció que, salvo este tema, la reforma fue aprobada tal y como salió de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara y enfatizó que “el eje central es el usuario, con atención de integralidad y más universalidad mediante la estrategia de prevención primaria”.

Explicó que la unificación de regímenes quedó financiada hasta el 2015 con los recursos del Gobierno

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