PROYECTO DE LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL USO PROGRESIVO, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA EN ECUADOR
Enviado por luisband1 • 28 de Noviembre de 2022 • Apuntes • 2.186 Palabras (9 Páginas) • 86 Visitas
ENSAYO:
PROYECTO DE LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL USO PROGRESIVO, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA EN ECUADOR
LUIS ALBERTO BANDA AVILA
luisband1@gmail.com
SALINAS – PROV. DE SANTA ELENA - ECUADOR
PROYECTO DE LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL USO PROGRESIVO, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA EN ECUADOR
INTRODUCCIÓN
Durante los dos últimos años en Ecuador se ha dado un incremento progresivo de violencia, delincuencia e inseguridad reportando datos que reflejan la peor tasa de inseguridad en los últimos diez años. Las principales provincias afectadas en el Ecuador son la provincia de Guayas, Pichincha y Esmeraldas; y, en medio de ellas se han identificado 4 factores principales que son los precursores de la crisis de inseguridad en el país: el aumento de los robos, el narcotráfico, las crisis carcelaria y muertes violentas.
En relación con las muertes violentas se estima que aproximadamente se dan 13,13 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo una tasa que supera el promedio de asesinatos a nivel mundial, según datos de la policía nacional más de la mitad de las muertes violentas en el año 2021 se relacionan con el crimen organizado, con la lucha por el territorio del microtráfico y el narcotráfico internacional. (Ministerio de gobierno , 2021)
En relación con el narcotráfico durante el año 2021 se incautó 201 toneladas de droga siendo la cifra más importante del país, esto refleja un incremento del 128.4% y un 57% con relación a los años 2019 y 2020.
En relación con la crisis carcelaria se debe a que es de naturaleza estructural por los índices altos de violencia y corrupción que se vive dentro de los centros carcelarios, solo en el año 2021 se registraron 323 casos de muertes violentas dentro de los centros penitenciarios representando los niveles más altos reportados en el país, a esto se suma el abandono del sistema carcelario de parte del Estado hace varios años atrás, y a la ausencia de una política criminal integral.
Es evidente que de parte del Estado existen faltas de medidas que estén direccionadas a prevenir y controlar la delincuencia debiendo adoptar medidas con un enfoque de aplicación en base a los derechos humanos y a temas sociales para que de esta forma se pueda atender las causas que la originan; pero, lo que podemos ver es que se está usando de manera excesiva al derecho penal haciendo uso de una política penal punitiva que se caracteriza por crear nuevos tipos penales y endurecer las penas.
Por lo tanto, el gobierno nacional anunció medidas enfocadas a solucionar la crisis de inseguridad en el país y entre las resoluciones tomadas se aprobó finalmente un proyecto de ley que abarca el uso progresivo de la fuerza que conjuntamente con los estados de excepción y las demás medidas tomadas en el país están orientadas a la disminución de la inseguridad en el Ecuador.
Existen varios puntos de vista a favor y en contra de la aprobación de dicha política pública, entre los puntos a favor encontramos la protección de los derechos, de las libertades y garantías constitucionales así como el derecho y la seguridad integral de los ciudadanos, por otro lado la política se aprobó durante manifestaciones sociales dentro del país, si bien es cierto su objetivo es proteger a los ciudadanos frente a la delincuencia pero por el contexto en el cual sucedió su aprobación se formularon observaciones de la aplicación sobre el derecho de las manifestaciones sociales, así mismo luego de su aprobación se estableció la necesidad de crear nuevas políticas de estado que respeten los derechos humanos de las instituciones públicas encargas de la aplicación de la ley y también de los ciudadanos ecuatorianos.
Si bien es cierto la ley no constituye por si sola la solución a la crisis de seguridad interna del país, pero conjuntamente con la dotación de recursos a las instituciones de seguridad se espera que genere resultados positivos en el contexto de seguridad.
DESARROLLO
La política del Uso Progresivo, Adecuado y Proporcional de la Fuerza surge en medio del crecimiento de los índices de inseguridad y de la violencia en las calles del país. En conjunto el crimen organizado, el narcotráfico y la crisis carcelaria representaron estadísticas históricas de la inseguridad en el país. Sin embargo, la aprobación de esta ley es controversial dado que en el pleno de la asamblea se discutió si las fuerzas de orden público estaban capacitadas para la adecuada aplicación de esta ley.
La política fue aprobada por la Asamblea Nacional el 7 de junio del 2022 con 104 votos a favor y 19 abstenciones encontrándose vigente en la actualidad. Esta ley tiene como enfoque principal guiar a la policía, fuerzas armadas y al cuerpo de vigilancia penitenciaria en su labor, en tres aspectos fundamentales que son: ¿Cómo aplicar el uso progresivo de la fuerza?; ¿Cuándo aplicar el uso progresivo de la fuerza? Y ¿En que casos se puede hacer uso de arma letales? Según la ley las fuerzas de orden deben aplicar o usar medios no violentos como la negociación antes del uso de la fuerza física u armas de fuego, sin embargo, cuando estas no cumplen su objetivo el uso de la fuerza se lleva a cabo en los siguientes casos: prevención de infracciones, detención de infractores, protección de bienes jurídicos y control sobre la resistencia a las autoridades. (Izquierdo, 2020)
En el caso del uso de la fuerza letal de manera intencional se la aplica en los siguientes casos: en defensa propia o de la ciudadanía, frente a una amenaza de muerte o situaciones que generen grave peligro, para evitar delitos o asesinatos, para la detención de infractores que representen un peligro inminente de muerte y que se opongan a la autoridad y finalmente para evitar la fuga en los centros penitenciarios del país.
En el caso del control de las cárceles la seguridad penitenciaria se divide en dos: los agentes de seguridad común que están en contactos con las personas privadas de libertad y un grupo especializado de seguridad que participa en situaciones de alta complejidad o crisis dentro de los centros penitenciarios, así mismo en situaciones de emergencia se incluye la participación de la policía nacional y en casos extremos el gobierno central puede disponer la participación de las fuerzas armadas para retomar el control de los centros. (Barrezueta, 2020)
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