Reforma Ley De Amparo

EEL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO, CARACTERÍSITCAS Y DIFERENCIAS CON EL INTERÉS COLECTIVO.

I. INTRODUCCIÓN.

A lo largo de los años el juicio de amparo se ha ido edificando con las constantes resoluciones de los órganos del Poder Judicial de la Federación que encuentra su mayor expositor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, desde la expedición de la actual Ley de Amparo en enero de 1936 se previó que uno de los presupuestos de procedibilidad para la acción de amparo, era la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado por una norma objetiva de rango constitucional cuya afectación por parte de la autoridad (agravio) genera como consecuencia el nacimiento de un interés jurídico por parte del gobernado.

En ese sentido, y de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina, el derecho subjetivo legítimamente tutelado requiere de la reunión de tres elementos, que a saber son; i) interés exclusivo, actual y directo, ii) que ese interés sea reconocido y tutelado por la ley y, iii) que esa protección sea solicitada por su titular, en el sentido de que el órgano estatal tratándose de derechos subjetivos (derechos que les corresponden a las personas) tiene el deber de satisfacer ese interés.

Sin embargo existen intereses supra-individuales o también llamados derechos de grupo, cuya diferencia fundamental con el interés jurídico es que no son exclusivos de la persona, es decir, le corresponde a una serie de sujetos que se encuentran en una colectividad indeterminada.

Lo anterior da lugar a un figura que la doctrina ha denominado “interés legítimo”, que no exige la afectación de un derecho subjetivo, pues como presupuesto de dicho interés es necesario la existencia de una norma que imponga una obligación a la autoridad, pero que no ésta correspondida con un derecho subjetivo del que sean titulares determinadas personas.

Ejemplo de derechos supra-individuales contenidos en una norma que imponen una obligación a la autoridad son los siguientes; el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna y decorosa, el derecho a la educación, por mencionar algunos.

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