Abuso de poder económico

Mediante el Proyecto de Ley N° 731 y otros, el Congreso de la República aprobó la ley que sanciona con pena privativa de la libertad los delitos como el Abuso de Poder Económico, Acaparamiento, Especulación y Adulteración. Entre ellos, resalta la incorporación de los delitos comprendidos por los artículos 232 y 233 (Abuso de Poder Económico y Acaparamiento), derogados previamente por el Decreto Legislativo N° 1034. Al respecto, es de necesaria atención lo que el legislador sancionaba mediante el artículo 232 (Abuso de Poder Económico), el mismo que por la descripción del tipo penal, era un delito que buscaba sancionar toda actividad restrictiva de la libre competencia, materializada mediante el abuso de una posición dominante en el mercado. En consecuencia, frente a la reincorporación de este delito a nuestro código penal, es necesario evaluar si este delito cumple o no una finalidad en el contexto actual, por lo cual, el presente artículo expondrá la normativa vigente que sanciona este acto, además de analizar el frágil cuerpo del delito reincorporado a nuestro código penal, debido a una mala técnica legislativa.

Nuestra constitución consagra en el Art. 61, La Libre Competencia, en el cual señala que: “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios […][7]”.

Este artículo aborda la importancia de mantener la calidad regulatoria durante una crisis, como una pandemia, destacando que, en tiempos de crisis, los agentes políticos deben tomar decisiones importantes, pero el riesgo de cometer errores es mayor. Se enfatiza la necesidad de seguir los principios de calidad regulatoria, como la identificación del problema, la búsqueda de alternativas y el análisis de las consecuencias.

El artículo se centra en la Ley 31040 en Perú, que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Se discute la incorporación de tipos penales relacionados con el abuso de poder económico, el acaparamiento y la especulación en el contexto de la pandemia.

Se argumenta que la criminalización de ciertas conductas anticompetitivas, como el abuso de poder económico, carece de un sustento técnico y no se ha demostrado que el sistema administrativo de represión de conductas anticompetitivas haya fallado. Además, se cuestiona la necesidad de sancionar penalmente el abuso de poder económico, ya que es un delito menos común y complejo de probar en comparación con los carteles.

Se plantea que la criminalización del abuso de poder económico puede tener un impacto negativo en el programa de delación compensada, que es crucial para la detección de carteles. Se sugiere que en lugar de sanciones penales, se deberían fortalecer las políticas de regulación responsiva y medidas administrativas para abordar estas conductas.

El artículo también señala preocupaciones sobre la presunción de inocencia y la coordinación entre las autoridades administrativas y judiciales en casos relacionados con conductas anticompetitivas.

El artículo analiza la Ley 31040 de Perú, que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor, desde una perspectiva de derecho y política de competencia en el contexto de la pandemia. Se enfoca en la incorporación de tipos penales como el abuso de poder económico, el acaparamiento y la especulación.

Introducción: El artículo comienza destacando la importancia de mantener la calidad regulatoria durante una crisis, enfatizando la necesidad de seguir principios de calidad regulatoria, como la identificación del problema y la evaluación de alternativas. Se menciona la recomendación de la OCDE de no descuidar el análisis de impacto regulatorio en tiempos de crisis.

Inconveniencia de incorporar tipos penales sin reflexión: El artículo critica la falta de participación de expertos y el análisis de impacto regulatorio en la creación de leyes, como la Ley 31040 en Perú, que introduce tipos penales relacionados con la competencia económica. Se centra en tres aspectos clave:

2.1. Abuso del poder económico: La Ley 31040 introduce un nuevo tipo penal que criminaliza el abuso de poder económico. El artículo argumenta que esta incorporación carece de sustento técnico y no se basa en evidencia que respalde la necesidad de esta medida. Además, se destaca que la persecución penal del abuso de poder económico puede tener un impacto negativo en el programa de clemencia, utilizado para detectar carteles y conductas anticompetitivas.

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