Acceso a la justicia

ACCESO A LA JUSTICIA.

El acceso a la justicia puede definirse como el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. La correcta comprensión del acceso a la justicia implica examinar su doble dimensión: individual y colectiva.

Desde la dimensión individual, es un derecho que corresponde a cada ciudadano y que está reconocido en el ordenamiento con el carácter de derecho fundamental o derecho

humano básico. El derecho reconocido por la norma jurídica (ius) y la acción (actio) son dos caras de la misma moneda y se encuentran íntimamente relacionados. Desde esta perspectiva, se configura como el colofón del sistema de derechos.

En su dimensión colectiva, el acceso a la justicia es un elemento esencial no solamente para el sistema jurídico, sino también para la propia cohesión social. Y, como quiera que implica centrar la atención en el ciudadano como sujeto del acceso a la justicia, lleva consigo una visión de la justicia como servicio público.

Ese doble significado, esa doble acepción tiene que verse con una concepción amplia donde se entiende que el acceso a la justicia es la garantía de igualdad de oportunidades para acceder a la jurisdicción. No solamente reducir la concepción del acceso a la justicia a lo que nosotros nos imaginamos en términos de una concepción más restringida y específica que seria la posibilidad de accionar judicialmente y más reducido aun en el sentido vulgar, la posibilidad de poder estar en los juzgados pensando físicamente en eso como el acceso a la justicia.

En sentido amplio entiende que el acceso a la justicia implica que todos tengamos las mismas oportunidades de acceder a las instituciones (órganos del poder del Estado que aplican, interpretan y crean la regulación normativa) sin ningún tipo de discriminación irrazonable.

Todo esto se relaciona con los derechos humanos en su conjunto: los derechos civiles y políticos; y también los económicos, sociales y culturales que hacen a las condiciones de vida.

En el ámbito regional de protección de los DDHH tenemos principalmente en los arts. el 825 CADH. Allí se encuentran contempladas las garantías y protecciones judiciales

Artículo 8.  Garantías Judiciales

       1.    Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

       2.    Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

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