Analisis 5 de conjunto de normas que rigen la resolución con competencia de los conflictos administrativos

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Colegio Universitario de Administración y Mercadeo “C.U.A.M”

Cagua-Edo. Aragua

        Análisis 5

Bachiller: Leonela Rivero

Sede: Cagua

Se trata de un conjunto de normas que rigen la resolución con competencia de los conflictos administrativos. Por lo tanto, las disputas con la administración, contra las actuaciones o actuaciones de ésta, que vulneren los derechos subjetivos de uno o varios particulares. Este se caracteriza por la existencia de sujetos activos (ciudadanos), sujetos pasivos (administración) o viceversa, y la resolución de conflictos por un órgano que debe ser independiente y neutral, que tiene la potestad de restablecer el orden público.

El estado de derecho implica, ante todo, el necesario sometimiento de todos los actos de los órganos del Estado a un ordenamiento jurídico preestablecido, integrado no sólo por la Constitución y las leyes, sino también por un conjunto de reglamentos y normas dictados por el las autoridades competentes. autoridades. De ahí nace el principio de legalidad, que en relación con los órganos de la Administración Pública impone la obligación de actuar de conformidad con lo dispuesto en la ley y demás normas jurídicas que rijan su actividad.

Esta noción de estado de derecho implica también la indispensable provisión de garantías de control judicial para asegurar el cumplimiento de la ley por parte de los órganos del Estado, para lo cual se han desarrollado y estructurado jurisdicciones especiales, tales como la Jurisdicción Constitucional, la Jurisdicción Contencioso Electoral y la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Que se distinguen esencialmente con las acciones sujetas a control.

En particular, para asegurar el sometimiento de los actos y demás actos de la Administración Pública a la ley, se han desarrollado procedimientos administrativos controvertidos y la competencia administrativa controvertida recae generalmente en el Poder Judicial, lo que no excluye disposiciones, también, de las garantías administrativas. Los particulares, de hecho, pueden exigir un control previo sobre la legalidad y las oportunidades de la acción administrativa.

La administración mediante el uso de los recursos administrativos, a saber, los recursos jerárquicos, las fuentes de reconsideración y las fuentes de revisión reguladas en la Ley de Administración del Estado. Este recurso administrativo permite a los interesados ​​reclamar el control de la legalidad de las actuaciones en el seno de la propia Administración, además de posibilitarles solicitar el control y revisión de los plazos de las actuaciones de que se trate. Es decir, en el campo de la administración se puede decir que además de garantizar la legalidad, también se garantiza el dominio sobre la oportunidad o incumplimiento de un acto administrativo. Pero fuera del ámbito de la propia Administración, el principio de legalidad derivado del Estado de Derecho tiene una especial respuesta en las garantías judiciales a las actuaciones y actuaciones administrativas, cuya organización da lugar a la jurisdicción controvertida-administrativa, esto es, a un conjunto de los órganos judiciales encargados de controlar la legalidad y legitimidad de los actos Administrativos, tanto por los actos, omisiones y actividades administrativas en general, como por las relaciones jurídico-administrativas en las que interviene4. La norma fundamental que constituye esta jurisdicción en Venezuela está contenida en el artículo 259 de la Constitución de 19995, cuyo texto es el siguiente: “La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde a la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales que determine la ley.

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