Resumen de sentencia útil en el Perú

6. Lochner v. New York (1905)

198 US 45

Votada el 17 de abril de 1905 por cinco votos contra cuatro.

Ponente: juez Rufus W. Peckham.

Votaron a favor el Chief Justice Fuller y los jueces McKenna, Brewer y Brown. Votaron en contra los jueces Harlan y Holmes: este último firmó un voto particular individual, y al de Harlan se sumaron los jueces White y Day.

Presentación de la sentencia

A finales del xix los Estados Unidos ya no son el país pequeño, rural y despoblado del momento fundacional de un siglo antes. Se produce un desarrollo industrial y bancario espectacular, entran cada mes miles de inmigrantes, surgen las clases proletarias (o por lo menos aumenta espectacularmente el trabajo asalariado por cuenta ajena). El capitalismo crece sin ley, apareciendo las grandes corporaciones y monopolios, que en opinión de muchos atentan contra el individuo y su libertad. Ello desencadenó la reacción de los poderes públicos, que para defender el libre mercado (y posteriormente ciertos derechos sociales) promulgaron leyes intervencionistas y restrictivas de la hasta entonces prácticamente ilimitada libertad comercial e industrial.

Desde el punto de vista jurídico, la oposición a estas medidas económicas se fundamentó en la cláusula de comercio (art. 1, sección 8.°, párrafo 3.° de la Constitución) y en la cláusula del derecho al proceso debido (5. y 14.' enmiendas). En efecto, en aquella época el Tribunal Supremo se mostró muy conservador, tanto desde el punto de vista político como desde la estricta técnica constitucional. Seguía una jurisprudencia proclive a los intereses de las clases poseedoras, basándose, entre otras cosas, en que la 14        .ª enmienda (1868) garantiza frente a los Estados el derecho al proceso debido en defensa de la propiedad, la vida y la libertad (y de este modo era considerado inconstitucional no ya todo ataque a la propiedad privada sino todo intento de hacer compatible la propiedad con un cierto intervencionismo estatal). En consecuencia, lo que en 1868 estaba pensado para proteger a los negros y a las minorías fue pocos años después interpretado en términos de protección de la libertad de empresa y del individualismo económico. El Tribunal Supremo, presidido entre, 1888 y 1910 por el Juez Melville S. Fuller, se erigió en defensor del más estricto laissez faire económico, afirmando que ni lo que consideraba «regulación económica arbitraria» ni la incipiente legislación social o sindical tenían cabida en la Constitución, por vulnerar el derecho al proceso debido o a la protección equitativa de las leyes, o por menoscabar las competencias de los Estado respecto del comercio.

La cláusula del debido proceso en Derecho era ciertamente muy amplia. Tiene su origen en el Derecho del país (law of the land), entendido como el conjunto de reglas, usos y principios que constituyen el fundamento del ordenamiento jurídico, e inicialmente tuvo un sentido procesal (más o menos equivalente al derecho a un proceso con todas las garantías). Dentro del marco procesal había aspectos estrictamente procedimentales (el derecho a la prueba o a presentar alegaciones) y otros con algún contenido más sustantivo (el derecho a ser enjuiciado por un jurado, por ejemplo). Así, se hablaba del procedural due process y del substantive due process, con un sentido sobre todo procesal. Pero antes de la guerra civil la 5.° enmienda, que incluye, como ya sabemos el derecho al proceso debido, empezó a interpretarse como garantía sustantiva de algunos derechos de propiedad. Ya vimos que en Scott w. Sandford (1857)-número 4 de este volumen- el Chief Justice Taney había afirmado que una ley que privase a un ciudadano de su propiedad (un esclavo) no podía ser dignamente calificada de proceso debido en Derecho. Después de 1868 el argumento siguió rondando por el Tribunal Supremo hasta que en 1897 fue plenamente asumido. La sentencia

(PIE DE PÀGINA) La 14.° enmienda, que reproduce la cláusula, no se ratificaría hasta 1868.

Allgeyer v. Louisiana (1897) estableció que una ley estatal era inconstitucional por privar a un ciudadano de su libertad -en este caso la libertad contractual- sin el proceso debido en Derecho que garantiza la 14.° enmienda. Se trataba de una ley de Louisiana que prohibía actuar como intermediarios de seguros a empresas que no estuviesen autorizadas para operar en dicho Estado. En virtud de ella se prohibió a una empresa de Louisiana (la sociedad Allgeyer) contratar con una firma de seguros de Nueva York que carecía de autorización. Allgeyer recurrió la medida y ganó el pleito, consiguiendo que el Tribunal Supremo anulase la ley de Louisiana por atentar contra la 14.° enmienda y contra la libertad contractual (que el Tribunal Supremo incluía en la 14. enmienda, o sea, en el derecho a no ser privado de la libertad sin el proceso debido). En adelante, por lo menos hasta 1937, la 14.' enmienda se interpretó en sentido cada vez más sustantivo, y se dijo que nadie podía ser.

privado de su vida, su libertad y de su propiedad al margen de los principios de justicia y de razón propios del common law. De este modo, el Tribunal Supremo se pronunció sobre todas las leyes de contenido económico o contractual, afirmando o negando su justicia o su razonabilidad (se hablaba de arbitrary and capricious act).

Este activismo judicial se utilizó habitualmente en contra de los Estados, dado que son los directamente afectados por la 14.' enmienda, pero en algunas ocasiones también contra la legislación federal. Dejando al margen el tema de la esclavitud o de la segregación racial (Plessy v. Ferguson, 1896 --núm. 5 de este volumen), en los diez años que van de 1895 a 1905 el Tribunal Supremo dictó no menos de quince sentencias que anularon leyes estatales o federales y regulaciones de sectores económicos. De hecho entre 1899 y la revolución constitucional de Roosevelt (1937) el Tribunal Supremo anuló 184 leyes estatales de contenido económico, casi todas ellas utilizando la cláusula del proceso debido. Respecto de leyes federales, Biglino («En los orígenes...» p.1168 en nota) señala que entre el final de la guerra civil y 1928 el Tribunal Supremo dictó 53 sentencias anulando leyes del Congreso. Baum (El Tribunal... p. 40) eleva la cifra a 130 leyes, federales y estatales, anuladas entre 1920 y 1937. Esta etapa de activismo se conoce como «la era Lochner», lo que pone de manifiesto la importancia de la sentencia que ahora presentamos (algunos autores norteamericanos acuñaron incluso el verbo lo lochnerize, para referirse al activismo judicial contrario a la legislación social). En la sentencia Pollock u. Farmer Loan and Trust Co. (1895) el Tribunal Supremo dijo que el impuesto federal sobre la renta era inconstitucional, anulando una ley federal que lo había instaurado tras años de búsqueda de consenso (se trataba de un impuesto, conocido como impuesto Wilson-Gorman, del 2 por 100 a los ingresos de más de 4.000 dólares anuales). Hizo falta esperar a 1913 para, a través de una enmienda constitucional, poder implantar dicho impuesto».

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