Trabajo que como parte del curso de Ciudadanía y Reflexión Ética presentan los alumnos

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ          

EXAMEN FINAL

Trabajo que como parte del curso de Ciudadanía y Reflexión Ética presentan los alumnos

INTEGRANTES:

DELGADO ALARCÓN RONALD SAÚL - U23213750

RAMIREZ MONTALVO DIEGO FABIAN- U22312513

SANTAMARIA CHAPOÑAN JOSE EDER – U21303644

VISOSA VIGIL ANGELA - U22226281

                        ZEÑA ARBOLEDA JIMMY HENRY - U23232061

Lima, 4 de diciembre de 2023

La incesante vulneración del derecho a la justicia de las víctimas del Conflicto Armado Interno

Miles de civiles, policías, militares y autoridades perdieron la vida por enfrentar al terrorismo durante las últimas dos décadas del siglo XX (1980 – 2000), también llamado “El conflicto armado interno” donde se estimó que 69,280 peruanos murieron, dejando heridas aún abiertas en el país. Por ello, para honrar su memoria no basta un elogio si no que, es necesario contar con la mayor precisión lo ocurrido en el período más violento de la historia republicana del Perú. Lamentablemente, la disputa sobre el conflicto armado interno hasta el día de hoy está manchado por la desinformación y la manipulación con fines subalternos. Ante esto, nos a plantearnos la siguiente controversia ¿Podrá la sociedad peruana olvidar y curar las heridas que el terrorismo dejó al violar los derechos humanos de las víctimas tras el conflicto? Nosotros consideramos que el Perú no podrá olvidar lo que pasó y las vidas que se perdieron. A continuación, pasaremos a fundamentar nuestra postura mostrando datos estadísticos de los daños, culpables y más; con el fin de enseñar algunos hechos mínimos que deberían estar en la base de toda discusión sobre la época del terrorista en el Perú.

Las heridas de la sociedad peruana quedan aún muy evidentes por las violaciones de derechos humanos que sufrió nuestro país. En primero lugar, una estimación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), creada en 2001 para esclarecer tales hechos muestra a los principales culpables, uno de ellos es el grupo terrorista PCP-Sendero Luminoso, el cual el 54% de las víctimas fue causado por estos; otros que también tuvieron protagonismo fueron los agentes del Estado (Fuerzas Armadas y Policía) con un 43% de víctimas;^[a] y el restante 17% fue causado por otros actores (el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru – MRTA, rondas campesinas, comunidades de autodefensa, grupos paramilitares, agentes no identificados). Además del asesinato, entre otras violaciones de los derechos humanos, etc. Consecuentemente, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE), las personas desaparecidas entre 1980 y el 2000 ascienden a 20,329 personas, aunque el número está lamentablemente destinado a subir. Ante esto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precisó que desconoce o es incierto el paradero de 13,764 personas, mientras sí se conoce el de 5.700 personas, pero no se tiene certeza legal de su muerte. En segundo lugar, se puso en marcha una política de reparación a partir del 2005 con la Ley Nº 28592 (Aprobación del Plan Integral de Reparación a las Víctimas de la Violencia) y su reglamento de actuación fue aprobado en 2006, donde hubo programas de reparación como reparaciones colectivas para los más de 600.000 desplazados en todo el país que han tenido que abandonar sus tierras y sus propiedades por el asedio de los grupos armados. Por eso, diez años después, gracias a la incansable lucha pacífica de los familiares de las personas desaparecidas, en 2016 se promulgó la Ley Nº 30470, “Ley de Búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia”, el cual tiene como finalidad la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos de las personas desaparecidas. Sin embargo, se reportan graves insuficiencias en las medidas aprobadas y una escasa implementación de las mismas, por poner solo uno de los numerosos ejemplos posibles, en el ámbito de la atención médica y de la reparación en salud, no ofrecen servicios especializados para las víctimas del conflicto, la atención psicológica, no existe ningún programa de salud mental que conceda, desde el servicio sanitario nacional, a quien fue víctima del conflicto sólo se brindan a través del Sistema Integral de Salud (SIS), las prestaciones dirigidas a todos los ciudadanos, con la diferencia que para este colectivo tales prestaciones son gratuitas. No obstante, para poder acceder a ellas, las víctimas tienen que acreditarse como tales, ya que la identificación y el registro de estas son aún incompletos, muchas de ellas y/o de sus familiares no logran acceder a los servicios mínimos gratuitos que les certifiquen el derecho a la asistencia sanitaria, por no estar registradas, entre otras cosas más. Por ello, tales sentencias confirman que el Estado Peruano vulneró principalmente el derecho a la vida mediante asesinatos, ejecuciones arbitrarias, entre otras prácticas. Asimismo, vulneró el derecho a la integridad física y moral mediante la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; violó el derecho a la libertad personal mediante los secuestros y las desapariciones forzadas y el derecho al debido proceso por haber llevado a cabo juicios con “jueces sin rostro”, entre otras prácticas. Por último, la Oficina de Altos Comisionados de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación por el fallo del Tribunal Constitucional a favor de la liberación del expresidente Alberto Fujimori ya que fue condenado por delitos contra los derechos humanos, como se sabe, Alberto Fujimori fue hallado culpable de varias violaciones a los derechos humanos siendo condenado a 25 años de cárcel donde cumple su pena hasta el día de hoy por delitos como: ejecuciones extrajudiciales de 25 civiles a manos de escuadrones de la muerte durante la campaña contrainsurgente de su gobierno, también por secuestro, corrupción política, y todavía está a la espera de juicios relacionados con otra masacre y la presunta esterilización forzada de mujeres indígenas mientras estaba en el poder.  Ante esto, la CIDH sostuvo que este dictamen afecta el derecho a la justicia de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. De tal modo, sus opositores expresaron su molestia diciendo que el fallo era un insulto a las víctimas que padecieron en el conflicto armado interno dado a finales del siglo XX, y que es un golpe a las familias de las víctimas y a todos los esfuerzos para acabar con la impunidad de los poderosos en Perú, un país donde cuatro expresidentes enfrentan procesos por corrupción o lavado de dinero que podría llevarlos a prisión durante varios años.

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