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La principal razón por la que hoy en día no contamos con un consenso en materia de educación es que prima más la cuestión ideológica que el bien común. La prueba más llamativa de ello son las ocho leyes educativas de los últimos 40 años en España.

El inicio de una “pretendida estabilidad normativa” en España se produjo en la elaboración de la  Constitución Española de 1978, en concreto, en la redacción del Artículo 27 referido a la educación. El momento  histórico en el  que  se materializó fue  tras  el  fin del  franquismo  y el inicio  del  llamado periodo de  la  Transición  española hacia la democracia. En este periodo los partidos políticos tuvieron que ajustarse a  renuncias y cesiones mutuas para llegar a un acuerdo histórico en materia educativa.

Los partidos políticos de hoy tienen una visión particular o de partido de cómo debe ser el sistema educativo dejando de lado otras consideraciones que no sea la suya. En estas circunstancias la visión global e integradora necesaria para un pacto educativo no se dará mientras las democracias sean exclusivamente de partido y no con una visión de Estado. La razón principal es que prima más la cuestión ideológica que el bien común.

Se deben dar cuenta de que  si se contase con la estabilidad del sistema educativo, éste ofrecería mayores garantías en relación con la eficacia tanto de los fines como de los objetivos que se pretenden conseguir. En ese proceso de consenso, la Administración pública representada por los partidos políticos se debe contar con el resto de agentes educativos como la familia,  la escuela, las asociaciones y los sindicatos.

Todo ello no ha cambiado con la actual LOMLOE , que se presenta como una ley que, como ha ocurrido en los últimos 40 años, ha seguido su tramitación parlamentaria hasta aprobarse sin un claro proceso hacia el pacto educativo.

La estabilidad de un sistema educativo ofrece mayores garantías en relación con la eficacia y la eficiencia de los fines y objetivos planteados. Una mayor perdurabilidad de sus fundamentos principales permite realizar reformas según las necesidades del momento sin perder la base fundamental. La génesis de los sistemas educativos precedentes debe apoyar y orientar un proceso de consenso entre todos los agentes educativos de un Estado como la familia, la escuela, las asociaciones y sindicatos educativos y la Administración pública representada por los partidos políticos. Hay suficientes referentes en la historia de la educación española como la ley de Instrucción Pública de 1857, la LGE de 1970 o la LOGSE de 1990 que podrían servir de horizonte y posibilitar un pacto social y político estable en materia educativa. El pacto político es el que actualmente bloquea cualquier tipo de pacto. La razón principal es que prima más la cuestión ideológica que el bien común. La prueba más palpable de ello son las ocho leyes educativas de los últimos 40 años en España. Esto nos lleva a considerar que los partidos políticos de hoy tienen una visión particular o de partido de cómo debe ser el sistema educativo dejando de lado otras consideraciones que no sea la suya. En estas circunstancias la visión global e integradora necesaria para un pacto educativo no se dará mientras las democracias sean exclusivamente de partido y no con una visión de Estado. Llegar a un acuerdo de bases teniendo como marco de referencia el artículo 27 de la Constitución Española posibilitaría la pieza clave que sumada al pacto social daría como lugar un pacto educativo de base. El compromiso de los partidos políticos por aplicar completamente el Artículo 27 de la Constitución Española, sin ambigüedades calculadas, sería otro de los pasos previos para generar un ambiente propicio para el pacto.

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