Reforma agraria.

La reforma agraria para el Perú, sin lugar a dudas, fue una de las medidas más populares tomadas por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada en el Perú, ha sido la dación de la Ley de Reforma Agraria. Sólo la toma de la International Petroleum Company, realizada en 1968, podría competir en popularidad y en el apoyo obtenido en el país, con la dación de la ley que cambiaba radicalmente la estructura agraria peruana. En el Perú, por más de 2 décadas se había incrementado paulatinamente, no sólo la discusión sobre reforma agraria, sino también se había promulgado y discutido una serie de decretos, leyes y proyectos que en una u otra forma apuntaban a una reforma del agro. Durante el gobierno de Odría, en la década del 40, se promulgó un primer decreto, declarando que el Estado tenía la capacidad de expropiar las tierras que no estuvieran trabajadas. Sin embargo, nada se hizo para que la situación cambiase realmente, aun a este nivel incipiente de reforma. Fue durante la campaña presidencial para el período 1956-1962 en el que el tema de Reforma Agraria fue uno de los más mencionados y donde los candidatos necesariamente tenían que tomar una posición al respecto. La Comisión de Reforma Agraria y Vivienda fue creada para tal fin. Como era de esperar, al estar presentes en dicha Comisión los latifundistas, representantes de la Compañía Grace y la Sociedad Nacional Agraria, los planteamientos no tocaban aspectos como el futuro de las grandes haciendas azucareras del norte del país, empresas con una extensión considerable de hectáreas, altamente tecnificadas y con alta concentración de poder económico y político. Fernando Belaúnde Terry, candidato y posteriormente Presidente, fue uno de los que más claramente estuvo en la línea de propugnar una Reforma Agraria en el país. Belaúnde, como signatario de la Carta de Punta del Este, se comprometió a: "Impulsar dentro de la particularidad de cada país, programas de Reforma Agraria Integral, orientados a la efectiva transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que, mediante el complemento de crédito oportuno y distribución de los productos, la tierra constituya, para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad" . Habiendo subido al poder en julio de 1963, y ante una fuerte presión campesina, motor importante para las decisiones que se iban tomando, se promulgó la Ley de Reforma Agraria en mayo de 1964. Los dos puntos de mayor controversia en la nueva ley fueron:, el tratamiento que se les daría a las haciendas azucareras de la Costa, y en segundo lugar, los métodos de compensación a plantearse para aquellas personas o empresas que fueran afectadas. Las continuas frustraciones que acabamos de señalar no hicieron sino incrementar las posibilidades de unanimidad ante el planteamiento de una Reforma Agraria que fuera posible efectivizar y que realmente propusiera un cambio en el sector agrícola. Fundamentalmente, debía ser una decisión política. Esa decisión política no pudo ser tomada durante el gobierno de Belaúnde, por la propia conformación de los grupos de poder que directamente tenían que ver con el problema del agro hasta 1968. Dichas posibilidades se abrían con la Ley 17716 planteada por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada en junio de 1969.

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