Reforma Agraria

REFORMA AGRARIA – LEY DE TIERRA Y DESARROLLO AGRARIO

Uno de los cambios más profundos y de mayor significación, en el panorama campesino venezolano fue, sin duda, la Reforma Agraria, cuya aplicación venía gestándose desde el primer gobierno democrático. La promulgación de la Ley de Reforma Agraria en el año 1960 tuvo principalmente los siguientes objetivos:

1) La total transformación de las estructuras agrarias del país.

2) La sustitución del sistema latifundista por un sistema más justo que responda a la solución de los problemas y necesidades de nuestros campesinos.

3) Lograr la integración de la familia campesina al movimiento socio-político y económico-industrial venezolano.

4) Facilitar y fomentar el libre empuje de nuestros campesinos hacia un mejor aprovechamiento de la tierra, mediante la asistencia técnica brindada por el Gobierno.

Sin embargo, la aplicación de los instrumentos contenidos en la Ley de Reforma Agraria no logró los fines esperados, tales como la erradicación del latifundismo ocioso y en su lugar se consolidó el minifundismo desarticulado e improductivo, debido a la ineficacia en la aplicación de la norma.

Como resultado del proceso que se inició en el año 1999, fue promulgada en el año 2001, el Decreto con fuerza da Ley de Tierra y Desarrollo Agrario en el que se sustenta el nuevo marco legal con el que se busca profundizar y concretar los valores constitucionales de desarrollo social en el sector agrario, que anteriormente se regía por la Ley de Reforma Agraria.

En este sentido, La Ley de Tierra y Desarrollo agrario establece que el crecimiento económico debe estar enmarcado dentro de una “justa distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo”. Y se aplicará a todas las tierras, tanto públicas como privadas, “con vocación para el desarrollo agroalimentario”.

Sobre la tenencia de la tierra, la Ley señala que es el Estado el encargado de garantizar al campesino su incorporación al proceso productivo, estableciendo las condiciones adecuadas para la producción, promoviendo la estructuración de fundos, mediante la adjudicación de tierras. También se establece que “el Estado organizará el servicio eficiente del crédito agrario, incorporando a las instituciones bancarias y financieras públicas y privadas existentes”, para potenciar el crecimiento del sector, creando instituciones estatales para que otorguen créditos en condiciones especiales.

Tierras ociosas o incultas: para la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario pueden definirse como aquellas que están en condiciones de producir y no lo están haciendo. Las tierras ociosas son sancionadas en la Ley después de cumplido el procedimiento establecido en el Capítulo II de la misma. Esto

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