Reforma Agraria

México. La reforma agraria, anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto a principios de enero, es la vuelta de tuerca para consumar el despojo de los territorios, coinciden el filósofo Armando Bartra y Alfredo Acedo, vocero de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). La finalidad es terminar el ciclo comenzado con el salinismo y entregar las tierras a las empresas extractivas.

Si bien la reforma no ha sido formulada en definitiva, las políticas y acciones gubernamentales precedentes –no sólo de la administración peñista, sino desde la salinista- permiten perfilar intenciones detrás de los cambios, señalan Acedo y Bartra. El objetivo principal, valoran los entrevistados, es facilitar la privatización o el despojo de la tierra, que inició en 1993 con la reforma al artículo 27 constitucional.

“Me temo que lo que veremos es una nueva ofensiva sobre la propiedad social de la tierra, que en México sigue siendo una de las más extensas en América Latina, pese a las reformas agrarias”, señala Bartra. “Eso sigue siendo un dolor de cabeza para los que quieren ver al país en manos de las corporaciones transnacionales”.

Acedo insiste en que la futura reforma agraria es parte del mismo círculo que las modificaciones al artículo 27 y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)–que trajo aparejadas leyes como la de semillas, la de bioseguridad y la de variedades vegetales, que quedó pendiente de su aprobación total.

“Calderón lo dejó definido en la víspera de su retiro: es una ley que dará el tiro de gracia al ejido “, señala el vocero de la UNORCA, lo que además complementa a otras reformas ya aprobadas por el gobierno peñista, particularmente la energética y la entrega de los litorales a particulares. “Buena parte de los recursos que quieren manejar las transnacionales están dentro de propiedades comunales y ejidales. Calculo que más de la mita del litoral, por ejemplo, y otro tanto con los nuevos campos de petróleo y gas natural”.

“Se trata de facilitar las cosas para el despojo, que las transnacionales se hagan de los territorios y no tengan obstáculos para la explotación”; resume Acedo.

Tenencia de la tierra y despojo

El centro de la reforma peñista, como advierten los entrevistados, estará en cambiar la tenencia de la tierra. “Los gobiernos del PRI (Partido Revolucionario Institucional), desde el de Carlos Salinas, plantearon una reforma a la constitución que eliminaba el artículo 27 constitucional, en el que está plasmado el derecho de los campesinos a la tierra y el carácter definitivamente imprescriptible de la tenencia social, básicamente el ejido y la comunidad agraria”, describe Bartra, autor de Hambre. Carnaval. Dos miradas a la crisis de la modernidad.

La reforma al 27 inició un proceso de titulación que no condujo al esperado y significativo cambio de manos de las tierras de propiedad social, señala Armando Bartra. Acedo agrega que más del 60 por ciento de la tierra sigue en esta modalidad, si bien datos de la UNORCA advierten que hasta el 90 por ciento de esta porción se renta a grandes propietarios.

La ofensiva de la reforma agraria no es necesariamente contra las tierras agrícolas, advierte Bartra, sino sobre los recursos del subsuelo sobre el cual se asientan los ejidos. Acedo coincide: “El pleito es por el territorio, y son las transnacionales las que están detrás. Es parte de la agenda del TLC y de la presión derivada de la reforma energética”.

La propiedad social y los auténticos pequeños propietarios permanecen como un obstáculo para los priistas, quienes intentarán nuevamente eliminarlos, advierte Bartra. “Esto es una incomodidad muy grande cuando se está concediendo el país a empresas transnacionales, muy particularmente a las mineras, pero no únicamente a ellas”, detalla el estudioso, y apunta al incremento de conflictos en zonas rurales por la instalación de minas, presas, carreteras, turismo invasivo e urbanizaciones irregulares.

“Se trata de abrir el candado, pues aún con la reforma anterior, quedó como condición que para poder vender una fracción de ejido tiene que existir la aprobación de la asamblea ejidal, no basta con que lo quiera hacer una persona en particular”, explica el integrante de la UNORCA, y agrega que se busca quitar esa traba para abrirse a la completa privatización del ejido y las tierras comunitarias. “Vamos a ver un impulso, aceleración y simplificación de los trámites para que los ejidos y las comunidades, que siguen siendo propiedad social, pasen a manos privadas o puedan ser expropiadas con más facilidad”, vaticina Bartra, y recuerda que hay una ley de expropiación que busca facilitarla cuando hay interés de una minera.

Otro candado que intentarán abrir con la reforma, predice Acedo, es el de la bioseguridad, pues se pretende invadir el campo con cultivos transgénicos comerciales (hasta 10 millones de hectáreas, principalmente en el norte del país).

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