Editorial

Editorial: La trampa de los medicamentos de bajo precio

Cada año los entes de control del departamento incautan, en promedio, siete toneladas de medicamentos de contrabando, falsificados o adulterados.

A pesar de que el consumo de estas medicinas puede llevar a la muerte, su comercialización ha ido en aumento en Santander. La razón, principalmente, es su bajo precio.

Muchos justifican su compra, argumentado que por provenir la gran mayoría de Venezuela o Ecuador se trata de drogas de contrabando, que aunque ilegales, no ponen en riesgo la vida de quien los consume. ¡Gran error! Ignoran quienes compran estos medicamentos a sabiendas de su origen, que las condiciones en las que se transportan y almacenan ponen en riesgo la salud de la población.

Al ser de contrabando, estas medicinas son transportadas camufladas en camiones, en contacto muchas veces con plaguicidas o gasolina, o almacenadas a altas temperaturas que terminan alterando sus principios activos, convirtiéndose en un riesgo para la salud.

Pero no son solo los medicamentos de contrabando. El mercado está inundado también de remedios alterados o vencidos que se camuflan bajo una apariencia de legalidad, lo que pone aún en mayor riesgo la vida de los pacientes.

Es cierto, gran responsabilidad de lo que ocurre es el exorbitante precio de algunas medicinas, que hace que muchas veces sean imposibles de adquirir para quien las necesita. Y a esta realidad se suma el actuar de muchas EPS que parecieran tener como política negar los medicamentos que los pacientes requieren.

Si el Gobierno quiere ponerle freno al creciente mercado negro, debería empezar por meter en cintura a muchas de las farmacéuticas que hacen cobros excesivos por las medicinas. Esta distorsión es consecuencia de la libertad de precios que se otorgó en el 2006 y que permitió toda clase de abusos, especialmente en los recobros de las EPS al Fosyga. Aunque desde el 2012 el Gobierno ha impuesto una serie de medidas para acabar con estos abusos en los precios, éstas no han sido suficientes. Es necesario que los controles sean efectivos y que se traduzcan en bienestar para los pacientes. Además, que se sancione con severidad a esas EPS que siguen negando la entrega de medicamentos bajo cualquier argumento.

Pero mientras esto pasa, no queda más opción que tomar conciencia de que un precio irracionalmente bajo de una medicina puede ser indicador de que se trata de productos ilegales y que no vale la pena arriesgar la vida por comprar más barato.

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