MINERIA.

Es una política de Estado la vedada posibilidad de resolver los contratos celebrados con empresas extranjeras que vienen al país a desarrollar proyectos de inversión. La concesión de la planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada y el actual contrato que permite la exportación del gas de camisea son dos buenos ejemplos que llaman al análisis de las condiciones en las que contrata el Estado, condiciones que en un futuro definirán nuestras condiciones y calidad de vida.

La concesión de la planta de Taboada se dejo en suspenso durante unos días - gracias a un decreto supremo - pues se afirmaba que la condiciones en las que se había firmado el contrato de concesión no había establecido las obligaciones referidas al cumplimiento de los estándares de calidad ambiental para el agua (D.S. Nº 002-2008-MINAM); esta objeción técnica más algunas otras políticas filtradas por los medios recayó nuevamente en el debate respecto a la tan mentada seguridad jurídica que necesitan los inversionistas que vienen para realizar actividades productivas que benefician al país pues dinamizan la economía.

Por su parte, el contrato que permitió la exportación del gas aún no es un problema que alcanza el nivel de drama que algunos vatican; no obstante ello, algo casi seguro es el problema que traerá la exportación a México en desmedro del gaseoducto del sur, factor que no han querido tomar en cuenta los promotores de la exportación sosteniéndose en su firme (y bueno sí, correcta) postura jurídica que sustenta la invariabilidad de las condiciones del contrato.

En términos legales ello esta bien, pues en la teoría de los contratos se rige primero por el Código Civil, luego y luego se sustenta en las leyes, decretos (en general cualquier normas) que certifique (por decir) la posibilidad jurídica de lo pactado. Quizás por no ser un especialista en contratos (nunca alcance el cielo de las elucubraciones civilisticas), puedo darme el lujo de ser profano frente a los conceptos rígidos que enmarcan esta institución; para mí la legalidad o ilegalidad de las reformas realizadas que permitieron determinar las condiciones que ahora el Gobierno en debe - en merito al respeto de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho - honrar, tendrá su última decisión en el plano político del 2o14 (con la postergación de 4 años en el incio de las exportaciones), así como el contexto de conflictividad social que obligue - como tantas veces al arrinconado gobienro - a suspender la seguridad jurídica en pos de una estabilidad social que le permita gobernar.

El capitulo de la exportación de Camisea aún no esta cerrado, quizás duerma unos meses o años luego del acuerdo expuesto por el gobierno, pero de llegar a alcanzarse un proceso de alineamiento para la protesta (jorobado.pe) este tendrá como principal beneficiado a un discurso nacionalista extremo, antisistema y pro revolucionario que busque exacerbar la soberanía

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