Nuestro Tempano Se Derrite

PRINCIPIO DE LAS SANCIONES PENALES

En este trabajo se abordará y desarrollará los principios de las sanciones penales, como una garantía constitucional frente al poder legislativo del estado.

Según el código penal, específicamente en el artículo 3, el Principio de las sanciones penales se entiende como la imposición de la pena o de la medida de seguridad que responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

En primer lugar, El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan.

PRINCIPIO DE NECESIDAD

El proceso penal es el cauce obligatorio para averiguar una infracción criminal, descubrir al autor y condenarlo. Nadie puede ser condenado sino en virtud de sentencia resultante de un proceso. Las partes no son libres para aquietarse a una pena al margen del proceso.

Tenemos que distinguir el principio de necesidad del principio de oportunidad y del principio de legalidad:

Principio de legalidad: sistemas en los que el juez o el Mº Fiscal han de iniciar el proceso penal obligatoriamente, sin que puedan hacer un juicio sobre la conveniencia o inconveniencia de dicha iniciación.

Principio de oportunidad: sistemas en los que existe la posibilidad de no aplicar el principio de legalidad por razones de interés público, basadas fundamentalmente en la escasa repercusión social del delito (teoría de las bagatelas) y en el efecto criminógeno de las penas de cárcel. Se contrapone al principio de legalidad.

Por consiguiente, el principio de la necesidad de la pena ha de regir todo el sistema penal, ya desde la persecución policial, ya que a menudo por ejemplo, en hechos de poca monta, la detención de un joven puede ser sumamente perjudicial y sin embargo, basta con llamar a la familia, al asistente social respectivo, o a la educadora, en el mismo sentido en el proceso penal también tiene que verse influido por la necesidad de la pena y por tanto en gran cantidad de delitos puede ser preferible terminar el proceso con una conciliación y no con una sentencia condenatoria.

Indemnidad personal y necesidad de la pena son un desafío político criminal en cuanto requiere de garantización en nuestro sistema, dado el hecho que la mayoría de las personas a las cuales se les aplica la pena en nuestros países, son aquellas que pertenecen a los sectores más desfavorecidos de las sociedad.

EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Consecuencia del principio de igualdad es también el de proporcionalidad, en cuanto la pena ha de ser proporcional a la gravedad del hecho, tanto por su jerarquía respecto del bien jurídico afectado, como por la intensidad del ataque al mismo. Ha de excluirse penas iguales para hechos diferentes, puesto esto implica también discriminación. Una afección a la vida nunca puede tener la misma pena que una afección al patrimonio.

Es por tanto un desafío político criminal, no fácil de superar en nuestro país, el ir desmontando todo el sinnúmero de desigualdades y discriminaciones frente a la ley penal, y ello dado que el derecho penal es "extrema ratio" y por tanto su eficacia es muy relativa para la superación de la cuestión criminal, y más bien, es el derecho el que la define políticamente. También la eficacia de la eliminación de discriminaciones globales o puntuales es muy relativa. En otras palabras, no es que desconozcamos la función evidentemente simbólica del desmonte de discriminaciones, y por ello muy significativa desde una perspectiva político criminal, ya que los símbolos tienen gran fuerza real;

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