Derecho Consuetudinario

Reporte problemática municipal:

Del derecho positivo al derecho consuetudinario

(Marzo 2004)

Víctor Calisaya H.

Fernando Antezana U.

El presente mes, los problemas más importantes que se han sucedido tienen relación al intento

del parte del Gobierno de implementar el “Impuesto Complementario de los Bienes Inmuebles

y el Impuesto a las Transacciones Financieras”, la que ha sido rechazado por los partidos

políticos (MAS, MNR, NFR entre otros), además las distintas asociaciones de municipalidades

del país. Otro tema importante del mes ha sido la resolución del CONAMAQ de participar en

las elecciones municipales de diciembre y buscar el control de las municipalidades a la luz de

la reforma de la constitución que reconoce a los movimientos sociales con la capacidad de

representar a la sociedad y competir con los partidos en igualdad de posibilidades, todo esto a

pesar de que todavía no se reglamento el artículo 223 de la Constitución Política del Estado.

Otro hecho importante ha sido la resolución de implementar la justicia comunitaria (derecho

consuetudinario) en la resolución de problemas en el ámbito de la gestión municipal, derivado

de problemas de corrupción en municipios rurales del país y en particular en el departamento

de Cochabamba.

Actos de corrupción municipal y justicia comunitaria

La recuperación de usos consuetudinarios para la administración de la justicia ha sido

reivindicada explícitamente por las comunidades campesinas del área occidental del país

(básicamente en los valles y el altiplano), para hacer frente a los graves problemas de

corrupción que afectan a las municipalidades rurales en particular. Los graves problemas de

corrupción que afecta a los gobiernos municipales en general y los engorrosos y fracasados

procesos judiciales por la vía ordinaria al que han sido sometidos autoridades y funcionarios

municipales, constituyen las motivaciones para reivindicar y poner en práctica la justicia

comunitaria de base consuetudinaria. La “vigencia” del denominado derecho consuetudinario

si bien permite sancionar a los corruptos y otros infractores del bien común, es por otra parte

una forma de vulnerar los derechos humanos básicos, en ese sentido pone en el debate la

relación entre el particularismo (Derecho Indígena) y el universalismo (Derecho occidental).

La reivindicación del derecho consuetudinario por parte de organizaciones sociales indígenas,

particularmente en el caso del municipio de Morochata, tiene que ver con movilizaciones y

acciones de hecho que se han sucedido en este municipio desde hace varios meses atrás1. En

ese contexto, los sucesos del municipio de Morochata constituyen un caso, entre otros, de

actos de corrupción en el ámbito municipal.

Haciendo referencia a la aplicación de la justicia comunitaria y las razones por optar por ella

en este municipio, se señala:

1 En el marco de los reportes mensuales del observatorio de conflictos sociales, en el mes de noviembre fue analizado la renuncia del alcalde

de Morochata y las movilizaciones sociales que se sucedieron en dicho municipio que concluyó con la renuncia del alcalde y la ridiculización

pública de los concejales. De alguna manera este fue el inicio de la aplicación de una justicia comunitaria, la que en la actualidad ha sido

reivindicada explícitamente.

Desmoralizados por el papel que juega la justicia, los morochateños se plantean la posibilidad de construir su

propio centro penitenciario en el cual pretenden hacer purgar sus condenas a las personas que ellos mismos

juzguen.

Tal planteamiento fue exteriorizado ayer por el dirigente campesino Feliciano Vegamonte (Ejecutivo de la

Federación Sindical Unica de Campesinos de Cochabamba) quien asegura que los comunarios ´”ya no creen en

la justicia”.

“La justicia ordinaria no funciona para nosotros. Gracias a la justicia está libre Córdova (ex alcalde de

Morochata) y sus asesor legal Gruich quienes se han servido de la Alcaldía para cometer actos de corrupción”,

aseguró a tiempo de justificar la actitud tomada por las bases campesinas que tienen retenidas en sus sede

sindical a ocho personas ligadas al ex alcalde Sinforoso Córdova (Los Tiempos 10/III/2004).

Los móviles para recurrir al ejercicio de la justicia comunitaria (Derecho Indígena) tienen que

ver con hechos que han afectado de manera directa la vida de las personas del municipio de

Morochata, además hay que tomar en cuenta la existencia de móviles políticos. Es bueno

recordar que el ex alcalde Córdova era militante del MAS y son precisamente los militantes de

este partido político los que han generado las movilizaciones para su sustitución y aplicación

de la “justicia comunitaria” contra personas allegadas a la ex autoridad.

Por otro lado, es importante tomar en cuenta, que más allá de los intereses políticos, la justicia

ordinaria, como sostiene Marco Antonio Aymaretti (CEJIS), para las poblaciones campesinas

e indígenas en Bolivia no es neutral:

sino que expresa los intereses de los sectores dominantes del país, muchas veces a través de la participación de

personas ligadas a estos grupos de poder económico en cargos claves del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

... la población indígena prácticamente no es tomada en cuenta por los grupos de poder, si no participa

activamente a través de marchas, protestas o medidas de fuerza.

www.idl.org.pe/jueces/peru/boletines/bol03.htm

La ilegitimidad de la justicia es generada por los mismos aperadores de justicia, los que en

muchos casos por razones también políticas e influencias personales y grupales, han torcido la

ley para intereses privados.

Derecho consuetudinario y su vigencia

El derecho consuetudinario no solo ha sido reivindicado por los propios interesados (pueblos

indígenas y comunidades campesinas) sino también ha tenido un amplio impulso de las

organizaciones internacionales como las NN.UU., la OEA, la Organización Internacional de

Trabajo (OIT) entre otras, que han tenido influencia en la Constitución Política de nuestro

país.

Se entiende, de manera general, el derecho consuetudinario como el,

… derecho no escrito que nace de la repetición, a lo largo del tiempo, de actos de naturaleza jurídica,

otorgando un consentimiento tácito que les confiere

...