La Asamblea Nacional Constituyente

La Asamblea Nacional Constituyente pretendió ir más alla de la reconstrucción del marco jurídico y de un nuevo pacto político, planteó la necesidad de crear un nuevo contrato social, expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si bien se reformó la estructura jurídica y se creó un nuevo acuerdo político, persiste la incertidumbre del reciente contrato social que se buscó lograr.

No cabe duda que la intención del Gobierno refrescó el panorama político del país, destapó procesos de cambio, permitió que el pueblo se conscientizara de su poder, pero ¿Este pueblo estará consciente de su poder como colectivo hacia la materialización de sus demandas?, o simplemente ¿Es un poder hacia la materialización de las demandas en pro de un personaje o de un grupo en el poder?.

Tampoco debemos dejar de mencionar que la Sociedad Civil busca fórmulas para participar en defensa de sus intereses, sean estos tangibles o intangibles, sin embargo, todavía no existe un liderazgo que canalice la acción colectiva como motor de la dinámica político-social/económico-social en la creación o consecución de un bien público; ese liderazgo ni siquiera el propio Presidente de la República lo posee en estos momentos, aunque creo que pudiese tener esta facultad por ser una persona altamente carismática, pero lamentablemente sus mapas mentales no se lo permiten.

Asimismo, la idea de construir una democracia participativa y desplazar la democracia representativa, a pesar de los errores en su implementación, sea por falta de experiencia o por fines políticos, e incluso por variables exógenas que el Gobierno no tuvo la visión de predecir, como la importancia de la Opinión Pública Internacional y la visión del proceso político por parte de la Comunidad Mundial, no deja de ser un paso sumamente importante en la evolución política venezolana, al mismo tiempo ha permitido profundizar no sólo nuestra cultura cívica, sino la cultura política de nuestra sociedad .

Sin embargo, mí preocupación estriba en si el Gobierno tendrá la voluntad o la capacidad de profundizar lo que Rawls llama consenso de consensos, es decir, lo que Óscar Mejía Quintana interpreta como la posibilidad de consensualización ciudadana en el manejo del Estado y la concertación de políticas públicas; ya que sí partimos de la necesidad de crear una democracia participativa, esta tiene su razón de ser, en palabras de Oscar Mejía Quintana: por la existencia de marcos de espacios de concertación preestablecidos legalmente que permitan una participación amplia y no coaccionada.

En este sentido, si bien la ANC convocó a la Sociedad Civil para que participará en la formulación de lineamientos para la nueva Constitución, aspecto positivo que no se había observado en la historia política del país, también es cierto que la Sociedad Civil organizada, así como el empresariado, la Iglesia, gremios, etc se quejaron por no haber sido tomados en cuenta para la elaboración de la nueva Carta Magna, con lo cual el proceso careció de cierta legitimidad, no digamos que carece absolutamente de legitimdad, ya que la mayoría de estos sectores defienden intereses particulares, por lo que sus demandas no pueden prevalecer por encima de las demandas del colectivo.

Este hecho se agrava aún más cuando observamos como la ANC nombró a los nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, al Fiscal General de la República y al Contralor sin la participación

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