Expropiación Petrolera De México

La Expropiación Petrolera, es el resultado de la implementación de la Ley Expropiación de 1936 y del Artículo 27 de la Constitución Mexicana aplicados a las compañías petroleras el 18 de marzo de 1938, por el Presidente de la República, Gral. Lázaro Cárdenas del Río.

CAUSAS(ANTECEDENTES)

La política de apoyo a la organización de los obreros y la fundación de Petromex (después Pemex), seguida por parte del Presidente Lázaro Cárdenas, fueron los antecedentes más cercanos a la expropiación petrolera. En 1924 tras varios fallidos intentos de huelga reprimidos y disueltos por el ejército, se emplazó a huelga en Tampico contra la refinería "El Águila", en la cual los trabajadores resultaron triunfantes al lograr que la empresa reconociese al sindicato y se concertase la firma de un contrato colectivo de trabajo. El 16 de agosto de 1935 se constituyó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y redactaron un proyecto de contrato en el que se solicitaba una jornada de 40 horas y el pago del salario completo en caso de enfermedad y que pretendía sustituir los distintos contratos colectivos que regían las relaciones laborales en las compañías petroleras. El 3 de noviembre de 1937 se les exigió la firma del contrato colectivo y el 17 de mayo el sindicato emplazó a huelga en caso de no cumplir tal demanda. En los primeros días de junio el sindicato demandó a las compañías petroleras ante la Junta General de Conciliación y Arbitraje. Dicha huelga finalmente estalló el 31 de mayo y se levantó el 9 de junio. La lucha de los trabajadores petroleros fue bien vista por el Presidente y la población, a pesar de los problemas causados por la escasez de petróleo. En el mes de julio, por indicaciones de la Junta General de Conciliación y Arbitraje, se integró una Comisión de expertos para que investigaran la situación financiera de las compañías petroleras, concluyendo que las ganancias obtenidas por éstas, permitían fácilmente cubrir las demandas de los trabajadores. Para el 8 de diciembre se realizó otro paro de labores al no tener respuesta de la Junta de Conciliación. Para el 18 de diciembre de 1937, la junta dio el fallo en favor del sindicato mediante un laudo en el cual se pidió a las compañías el cumplimiento de las peticiones y el pago de 26 millones de pesos en salarios caídos. Las compañías petroleras interpusieron una demanda de amparo el 2 de enero de 1938 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se les negó. Las compañías extranjeras se declararon en plena rebeldía y, en respuesta, la máxima Autoridad Judicial emitió su fallo el 1 de marzo, señalando que el tiempo límite para que las empresas pagaran los 26 millones de pesos el 7 de marzo.

ACONTECIMIENTO

El presidente Lázaro Cárdenas tuvo reuniones con las compañías el 3, 6 y 7 de marzo. En la junta del 7 de marzo cuando el presidente Lázaro Cárdenas solicitó el pago de los 26 millones como una garantía para levantar la huelga, uno de los dueños de una de las compañías preguntó "¿Y quién lo garantiza?". "El presidente de la República" contestó Lázaro Cárdenas, a lo cual el dueño respondió "¿Usted y quién más?". Lázaro Cárdenas dio por terminadas las pláticas. El viernes 18 de marzo de 1938, las compañías extranjeras, advertidas por personas dentro del gobierno de que el presidente planeaba algo "fuerte" en contra de ellas, declararon en el último momento estar dispuestas a hacer el pago, pero el presidente Cárdenas ya había tomado una decisión: a las 10 de la noche declaró la expropiación mediante la cual la riqueza petrolera, que explotaban las compañías extranjeras, se volvió propiedad de la nación Mexicana. Esto fue efectuado de acuerdo a la Ley de Expropiación del 23 de noviembre de 1936 y al artículo 27 de la Constitución Mexicana (El artículo 27 declara que las tierras y las aguas que forman parte del territorio de la nación y los recursos del subsuelo son en primera instancia propiedad de la misma. Toda explotación de la tierra, estará bajo la administración del Estado).

Citas del discurso de Expropiación

Las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del Gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes de las propias compañías, y que ese no negó, y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas.

Se trata de un caso evidente y claro que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el Gobierno las instituciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.

Las compañías petroleras han gozado

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