Contitucion

Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos que ha sido reconocido por su historia política, caracterizada por corrupción y violencia, que día a día alimentan su imagen ya en detrimento frente a la comunidad internacional. A partir de los años noventa, con el gobierno de Ernesto Samper Pizarro se empezó a vivir una impactante oleada de corrupción asociada con los nexos de políticos con los carteles de narcotráfico, específicamente los del valle. Esto terminó en uno de los procesos más vergonzantes para Colombia, llamado el proceso 8.000, en el cual el se abrió contra el presidente de la republica una investigación judicial que sin embargo terminó con la absolución de este a pesar de todas las pruebas.

En la actualidad las cosas no han cambiado mucho respecto a la situación política del país, es más si se dijera que están peores que nunca no habría mucho que discutir. Desde el 2006 y debido a la ley de justicia y paz, se ha abierto un nuevo proceso judicial contra la corrupción de políticos denominada coloquialmente “parapolitica”, pues se refiere a las alianzas ilegales de estos funcionarios públicos con los miembros de los grupos armados paramilitares (AUC). Como consecuencia de esto hay más de 60 políticos siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y más de 30 en la cárcel.

Las consecuencias de este nuevo escándalo político han sido devastadoras, y hasta se puede decir que la “parapolitica” ha tenido efectos mucho más negativos en el gobierno, en términos de legitimidad e imagen frente a la comunidad internacional, que el mismo proceso 8000 y otras investigaciones por corrupción.

Esto se debe principalmente a tres factores: el intercambio de favores entre políticos y paramilitares que causa una crisis institucional y la ilegitimidad en los mecanismos electorales nacionales, la afectación de la actividad legislativa por el conflicto de intereses entre legisladores y paras, y por último la imagen tan desfavorable que ha generado este problema frente a la comunidad internacional.

En primer momento se habla de un intercambio de favores entre los políticos de todo el país con estos grupos armados de ultraderecha, por un lado estos funcionarios públicos les daban un tipo de representación política y desviaban dinero para financiar sus acciones terroristas. A cambio, los miembros de la AUC, por medio de las armas, provocaban intimidación y miedo a la población para que votaran por determinado candidato en las elecciones.

Esto causa irregularidades en los mecanismos de elecciones nacionales, puesto que como se mencionó los paramilitares a través de las armas, amenazas y otros medios arbitrarios obligaban a la población de las distintas zonas del país votar por determinado candidato que cuando fuera elegido le devolvería el favor.

Debido a esto se atenta contra el principio democrático consagrado en la constitución política de Colombia que legitima la acción de los gobernantes, pues es el pueblo como soberano quien tiene derecho de escoger libremente y sin ningún tipo de coacción a sus representantes, quienes van a representar sus intereses. Cuando se vulnera este principio que es determinante para un Estado de derecho como Colombia se habla de un gobierno arbitrario e ilegitimo.

Con la incautación del computador de “Jorge 40”, uno de los jefes paramilitares más representativos, se logro conocer muchos de los crímenes contra líderes sociales de la costa atlántica y las alianzas de diferentes políticos como alcaldes, gobernadores y aspirantes a congresistas, entre otros, con el propósito de obtener poder político. Estos hechos desencadenaron en diferentes masacres, asesinatos y un número aun desconocido de congresistas y otros servidores públicos elegidos con la influencia paramilitar.

De igual forma, con el conocimiento de algunos documentos como el acuerdo de Ralito, Casanáre y Medellín se pudo evidenciar como los diferentes políticos colombianos en conjunto con los paramilitares tomaban decisiones que versaban sobre el manejo político del país con el propósito de “construir un nuevo pais”. Estos pactos fueron fruto de las múltiples reuniones ilegales que mantuvieron durante un largo tiempo estos funcionarios públicos con los miembros de la AUC.

“Conciudadanos como enuncia nuestro preámbulo; "el pueblo de Colombia, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes,

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