Derecho Administrativo

El Derecho Procesal Administrativo tiene por objeto y fin la protección de los administrados frente a la Admi¬nistración Pública, así como mantener la eficacia del Derecho Administrativo a través de la función jurisdiccional, es decir, el Derecho Procesal Administra¬tivo como disciplina jurídica es un con¬junto de normas, debidamente ordena¬das, sistematizadas, y jerarquizadas cuyo objeto específico es el ejercicio de la función jurisdiccional administrativa. La emisión de un acto o una resolución administrativa que se considera con¬traria a derecho, en primera instancia faculta a los afectados a utilizar como medios de impugnación los denomi¬nados recursos administrativos de carácter no jurisdiccional. Sin embar¬go, estos recursos administrativos son del conocimiento de la propia autori¬dad que emitió el acto o la resolución administrativa. La emisión de un acto o una resolución administrativa que considere contraria a derecho, en pri¬mera instancia faculta a los afectados a utilizar como medios de impugnación los denominados recursos administra¬tivos de carácter no jurisdiccional. Sin embargo, estos recursos administra¬tivos son del conocimiento de la pro¬pia autoridad que emitió el acto o la resolución en cuestión, o en su caso de su superior jerárquico, quienes en la mayor parte de los casos no actúan con la imparcialidad y justicia debida. Por lo tanto, el juicio contencioso admi¬nistrativo o, también llamado juicio de nulidad se convierte en el medio de control jurisdiccional por excelencia, sobre los actos y resoluciones ilegales de la Administración Pública.

De modo que, salta a la vista la importancia jurídica, política, y social de la función jurisdiccional adminis-trativa, porque mediante ella, el Esta¬do cumple en última instancia, con la obligación de administrar justicia, sin la cual la sociedad no puede subsistir, ni mucho menos desarrollarse. Dicha importancia queda de manifiesto en la Constitución Federal, en la Ley Orgáni¬ca del Tribunal Federal de Justicia Fis¬cal y Administrativa, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi¬nistrativo, y en el Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Jus¬ticia Fiscal y Administrativa, las cuáles definen y delimitan perfectamente el Proceso Administrativo, establece los órganos correspondiente para su ejer¬cicio, y señala los recursos en contra de sus resoluciones, incluyendo al jui¬cio de amparo que es el medio de con¬trol constitucional por excelencia.

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