Derecho Penal

Jiménez de Asúa define el Derecho Penal, como un “conjunto de normas y disposiciones Jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, Estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora”

Hans Welzel, insigne tratadista alemán, creador de la acción finalista, en su obra magna "Derecho penal Alemán", define al Derecho Penal como "aquella parte del ordenamiento jurídico que determina las características de la acción delictuosa y le impone penas o medidas de seguridad"

Cree Welzel que la misión primaria del Derecho Penal no es la protección actual de bienes jurídicos, esto es, la protección de la persona individual, de su propiedad, etc. Alega que "más esencial que la protección de determinados bienes jurídicos concretos es la misión de asegurar la real vigencia (observancia) de los valores de acto de la conciencia jurídica; ellos constituyen el fundamento más sólido que sustenta el Estado y la sociedad. La mera protección de bienes jurídicos tiene sólo un fin preventivo, de carácter policial y negativo. Por el contrario, la misión más profunda del Derecho Penal es de naturaleza ético-social y de carácter positivo"

El mexicano Enrique Díaz Aranda, también considera que el Derecho Penal desde el punto de vista sociológico, constituye un instrumento del control social, ya que el Estado, a través de el, intenta encauzar los comportamientos de los individuos fijando los modelos de conducta (prohibiciones y mandatos). "Ese encauzamiento se lleva a cabo conminando a los individuos, mediante la amenaza que constituye la aplicación de una pena, a que no se realicen esas prohibiciones y mandatos".

Por ello expresa que el Derecho Penal, desde el punto de vista jurídico, constituye un sistema normativo cuya función está encaminada al control social, esto es, viene a ser un mecanismo para obtener determinados comportamientos individuales, y, de esta manera, sea factible la convivencia social, dividiéndose en primario y formalizado.

El Derecho Penal como instrumento de control social primario, según este autor, tiene como característica principal, en que se vale de la amenaza de imponer sanciones penales si se realizan los comportamientos prohibidos o no se llevan a cabo las acciones ordenadas, es decir, si se cometen delitos.

En cambio, como instrumento de control social formalizado, el Derecho Penal se caracteriza porque su aplicación debe estar rodeada de una serie de garantías previstas en las normas y, por tanto, ese control se habrá de ejercer ajustado a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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