EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Instituto de Investigaciones Sociológicas

EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Capítulo 1

La educación es también un derecho social, de segunda generación. Este tipo de derechos son básicos e indispensables para garantizar condiciones de vida digna a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Se encuentran definidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966), suscrito por México.

El derecho bisagra, porque de su cumplimiento depende que se puedan ejercer mejor todos los otros derechos. Por ejemplo, una persona con alta escolaridad podrá cuidar mejor de su salud y de la de sus hijos; disfrutar en mayor medida de la libertad de pensamiento y de expresión; y ejercer su derecho al voto libre de forma más informada y responsable.

La exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación —y de cualquier otro derecho humano— suponen que se conozca el estado que guarda su cumplimiento en una determinada sociedad. Para ello es preciso definir indicadores claros, conocer los obstáculos que impiden su ejercicio, establecer las medidas para combatirlos y dar cuenta, en el tiempo, de los avances que se registren.

El Estado mexicano es responsable de garantizar el derecho a la educación; para que éste sea exigible y justificable, es necesario conocer el estado que guarda su cumplimiento. Para llevar a cabo un diagnóstico de este tipo, Tomasevski (2001, 2004) propone considerar las cuatro A (4-A):

1. La disponibilidad (availability) supone la presencia de escuelas de todos los niveles obligatorios en los lugares adecuados; ubicadas cerca de donde viven niños, niñas y jóvenes; que cuenten con maestros suficientemente formados; operando en forma regular en una organización; dotadas de infraestructura, mobiliario y equipo indispensables para el logro de los propósitos educativos.

2. La accesibilidad sostiene que no debe haber barreras de ningún tipo para acceder a la educación. La exclusión educativa por razones de raza, origen, color, género, condición socioeconómica, discapacidad, lengua, religión y otras, es antónimo de la accesibilidad. La discriminación y el Bull ying son poderosos disuasores de la asistencia e, incluso, causa de exclusión.

3. La adaptabilidad se refiere a la capacidad de la escuela para adecuarse a las condiciones específicas de los alumnos y trata del significado, pertinencia y relevancia de la educación que se ofrece.

4. La aceptabilidad representa un acercamiento a la dimensión de calidad de la educación desde la perspectiva de los estudiantes. Son ellos quienes deben sentirse seguros, respetados, acogidos en la escuela; quienes deben creer que en la escuela están aprendiendo y que eso que aprenden coincide con sus intereses y les resulta útil para su vida actual y futura.

Capítulo 2

En este capítulo se aportan elementos para valorar si se está garantizando el derecho de todos los niños y jóvenes a asistir a la escuela y completar su escolaridad obligatoria.

Se establecen los avances e insuficiencias en el acceso inicial de los niños a las escuelas; se analiza la desigualdad en la asistencia y permanencia en ellas de distintas subpoblaciones, en especial de la población infantil indígena, de la que trabaja jornadas extensas y de la que vive en pequeñas áreas rurales. Se revisa, también, el avance escolar de los niños de acuerdo con su lugar de residencia y el tipo de servicio educativo en el que están inscritos. Finalmente, se examina la escolaridad que alcanza la población joven de 18 a 24 años.

Una vez que los niños se han inscrito a la escuela se requiere que asistan regularmente y permanezcan en ella hasta concluir los distintos grados y niveles. Los datos indican que esto se está logrando con casi todos los niños de 6 a 11 años (99%), pero no con proporciones importantes de niños de 3 a 5 y de 15 a 17 (27 y 29% respectivamente).

Son patentes las desigualdades entre los niños indígenas y los no indígenas de 5 a 17 años. Sorprende que la tasa de asistencia de los que viven en áreas rurales sea similar a la de alumnos indígenas que habitan en áreas urbanas, lo que indica que no importa el 43 lugar de residencia sino la condición étnica. Lo anterior es indicativo de un trato discriminatorio hacia estas poblaciones por parte del sistema educativo al no diseñar acciones que propicien una mayor participación de ellos en las escuelas.

Los problemas descritos se agudizan entre las poblaciones de mayor edad, lo que explica la baja escolaridad de la población joven del país. Una quinta parte de quienes tienen entre 18 y 24 años no terminó la educación secundaria; esta proporción se eleva a 34.9% en las zonas rurales. Para quienes no han completado los niveles escolares que típicamente corresponden a su edad, es muy difícil continuar estudiando en el sistema escolarizado, sobre todo si se vive en zonas rurales.

Capítulo 3

El sector público sostiene la mayor parte de las escuelas de educación básica (entre ocho y nueve de cada 10) y de media superior (dos terceras partes). Los preescolares y primarias indígenas y comunitarios, así como las telesecundarias, brindan servicio

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