El Congreso

Al Congreso se le ha identificado con la función legislativa en particular, a tal punto que se le conoce como Poder Legislativo. Hoy en día es reconocido, por tratadistas y por la doctrina, que las funciones básicas del Congreso son: legislar, fiscalizar y representar. La primera de ellas, legislar, no es ya una exclusiva atribución, puesto que actualmente no se puede hablar de "un monopolio parlamentario de la emisión de normas jurídicas de naturaleza legislativa, esto es, 'con fuerza de ley"'156, ya que esta facultad puede ser ejercida -bajo determinados requisitos- por el Poder Ejecutivo, en los casos de delegación de facultades legislativas, y en los decretos de urgencia.

También legislan los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos autónomos y otros. Incluso, se habla de una sobre regulación en muchas instancias. Sin embargo, la facultad normativa del Congreso es fundamental en su actividad diaria, sea esta la dación de leyes o de resoluciones legislativas.

Del mismo modo, se establece las facultades de interpretar, modificar o derogar las leyes existentes.

En tal sentido, el Congreso dicta leyes y ningún otro organismo puede hacerlo sin estar autorizado. Dicta resoluciones legislativas que aprueban tratados, y resoluciones legislativas del Congreso, que son normas con rango de ley que modifican el Reglamento del Congreso, entre otros. La facultad de interpretar, denominada interpretación auténtica, tiene por objeto expresar el real significado de una norma expedida por el mismo Congreso a través de una ley interpretativa.

Respecto de la modificación y derogación de una ley, el Congreso está facultado para efectuarlas por ser el que tuvo el poder originario para dictarlas.

El Congreso, al representar a la población en general, es titular de la obligación y el derecho de velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, poniendo en práctica los mecanismos que la misma Carta Magna le otorga, como son: expidiendo las leyes respectivas, solicitando información a entidades públicas, inhabilitando a malos funcionarios públicos, entre otros.

Estas facultades del Congreso tienen por objeto conocer al detalle los compromisos que el Estado asume en representación de la población; por ello, el debate que se haga de los mismos está sujeto a unos requisitos especiales (plazos, publicidad y otros), señalados en el Reglamento del Congreso y que deben cumplirse a cabalidad

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