Expropiación Petrolera

El 27 de diciembre de 1935 nació el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, no sin vencer una serie de trabas legales, particularmente en Tamaulipas y Veracruz. El 29 de enero de 1936, este sindicato se incorporó al Comité de Defensa Proletaria, del cual surgiría, al mes siguiente, la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El 20 de julio de ese año, el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros llevó a cabo su primera convención, en la cual formuló un proyecto de contrato general con todas las compañías y emplazó a huelga para exigir su cumplimiento.

El presidente Lázaro Cárdenas intervino para mediar ante las compañías y así intentar lograr la firma de este contrato. Tras un acuerdo, se aplazó la huelga por cuatro meses, que se prolongaron aún dos más. Todo fue inútil, pues no se llegó a ningún acuerdo con las compañías petroleras y el 28 de mayo de 1937 estalló la huelga, lo que paralizó al país entero al no despacharse gasolina por doce días.

Ante tal conflicto, el presidente Cárdenas hizo un llamado a la cordura y la huelga se levantó en tanto no se emitiera un fallo. Las compañías declararon que se encontraban con problemas financieros y no podían cumplir con las demandas de los trabajadores.

Se decidió entonces investigar al respecto. El 3 de agosto, una comisión de peritos dio a conocer su conclusión: "la industria petrolera mexicana produce rendimientos muy superiores a la de Estados Unidos".

Tal decisión molestó a los empresarios petroleros, quienes amenazaron con retirarse de México y llevarse todo su capital. Asimismo, las cosas se complicaban pues ante el emplazamiento a huelga, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no emitía su fallo y los meses seguían corriendo. Esto trajo como consecuencia un paro general de 24 horas, el 8 de diciembre, en protesta por el retraso.

Diez días después, la Junta emitió su fallo a favor de los trabajadores, lo cual significaba que las empresas petroleras deberían pagar 26 millones de pesos de salarios caídos de la huelga de mayo; hecho que no acataron, y se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia.

El 3 de marzo de 1938 fue un mal día para los dueños de las compañías petroleras, pues la Suprema Corte de Justicia les negó el amparo, lo que además los obligaba a elevar los salarios y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

Tras la molestia de los dueños de las compañías, el presidente Lázaro Cárdenas ofreció mediar ante el sindicato para que aceptaran el pago de los 26 millones de pesos y no de 40 millones, como lo exigían.

Según las narraciones de algunos testigos, el presidente ofreció a las compañías petroleras que si pagaban los 26 millones de pesos, la huelga se levantaría. "¿Y quién garantiza que así será?, se le preguntó; "Yo, el presidente de la República ", contestó; y con sarcasmo, uno de los empresarios le cuestionó: "¿Usted?". Entonces, el presidente Cárdenas, de pie, cortó la plática secamente: "¡señores, hemos terminado!".

Ese acto de desconfianza fue lo que finalmente generó que el presidente Lázaro Cárdenas decidirá poner fin a tan largo conflicto y anunciar la expropiación petrolera.

En la noche del viernes 18 de marzo de 1938, el General Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios de comunicación, principalmente prensa y radio, para anunciar uno de los hechos más trascendentes en la historia de los Estados Unidos Mexicanos: la Expropiación Petrolera.

Ésta consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Entre ellas figuraban Mexican Petroleum Company of California, Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila” y la Compañía Exploradora de Petróleo la Imperial SA, que hoy forman las más grandes corporaciones internacionales de comercialización de “oro negro”. Se llevaría a cabo como consecuencia de la intransigencia de parte de las empresas petroleras para negociar con el recién creado Sindicato Único de Trabajadores Petroleros un contrato general de trabajo.

El anuncio de la expropiación se daba después del que el Presidente Lázaro Cárdenas mantuviera reuniones privadas con los representantes y dueños de las compañías implicadas, con el fin de mediar y llegar a una solución que pudiera beneficiar a ambas partes.

A las 8 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas se reunió con su gabinete y anunció que había decidido nacionalizar las empresas petroleras. Dos horas más tarde, se escuchaba en la radio del país el anuncio dado por el presidente. Decía que las compañías petroleras serían nacionalizadas por haberse negado a cumplir con las leyes nacionales.

El acto produjo una honda impresión en todo el país; la expropiación se llevó a cabo un viernes, y rápidamente se fue advirtiendo el apoyo de la opinión pública. El 23 de marzo hubo en la ciudad de México una enorme manifestación de respaldo que, según citan las crónicas periodísticas, superaba las cien mil personas.

De igual forma, el 12 de abril hubo una manifestación muy peculiar frente al Palacio de las Bellas Artes. Millares de mujeres de todas las clases sociales llevaron su cooperación para pagar la deuda petrolera.

Las aportaciones iban desde gallinas hasta joyas valiosas.

La Expropiación Petrolera marcó la historia de México, dio pie a una nueva manera de administrar y suministrar el petróleo mexicano.

La Expropiación Petrolera, fue el resultado de la implementación de la Ley Expropiación de 1937 y del Artículo 27 de la Constitución Mexicana aplicados a las compañías petroleras el 18 de marzo de 1938, por el Presidente de la República, Gral. Lázaro Cárdenas del Río.

El 18 de marzo de 1938 a las 10 de la noche por radio nacional, el General Cárdenas leyó el decreto de expropiación con el cual se hacía válido el Artículo 27 constitucional.

Aquí, parte del discurso leído por el presidente de la republica:

A la Nación:

La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron a los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones

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