Extradición: desmovilización paramilitar o mimetismo político

Extradición: desmovilización paramilitar o mimetismo político

Con la decisión del gobierno de Uribe de extraditar a los líderes de las AUC se privilegió el narcotráfico como delito, de donde se puede originar otro imaginario, individual y colectivo, en el que las víctimas de las acciones de los paramilitares aún son subvaloradas por el gobierno, por la sociedad civil y por el propio Estado, debido a una lectura de clase137 que coloca a las víctimas y a sus familias en lugares secundarios en lo referente al valor de la vida y a la razón de ser del ciudadano. La decisión del Ejecutivo de extraditar a 14 comandantes de las AUC califica, como delitos menores, los crímenes de lesa humanidad -prácticas genocidas cometidos por los paramilitares, legitimando dichas acciones criminales, por cuanto coinciden con los intereses del proyecto económico, político, social y cultural defendido y agenciado por los paramilitares y por sectores poderosos tradicionales, en el cual grupos de campesinos, indígenas, afrodescendientes y pequeños propietarios de tierras, se convierten en obstáculos, por ejemplo, para avanzar en la edificación de proyectos agroindustriales con claros beneficios económicos, que cuentan, además, con el visto bueno del Estado138 y la sociedad civil. El mensaje que envía el propio Estado confirma la desconfianza del ciudadano hacia el aparato judicial, así como la venganza como único camino posible para lograr que se haga justicia, en un proceso cultural que le resta legitimidad al Estado colombiano y entroniza socialmente la inseguridad ciudadana en las 137 Para la sociedad civil y los medios masivos de comunicación la muerte de campesinos puede resultar un hecho trágico, pero no lo suficiente como para movilizarse en su defensa. Hay una lectura de clase, desde dichas instancias, que aporta a la legitimidad de la acción criminal de los paramilitares que, en sí misma, es una acción económica, por cuanto obedece a la lógica del mercado globalizado, así como a los intereses del gran capital; también es una acción cultural en la medida en que, colectivamente, se acepta como positiva la concentración en pocas manos de vastos territorios; lo que, a su vez, estimula la apreciación del fenómeno de violencia como un asunto político y socialmente posible, legítimo y esperado por la ya aceptada debilidad del Estado y de la justicia. Nota del autor. 138 Desde el gobierno de Pastrana se apoyaron proyectos productivos asociados al monocultivo de la palma africana, lo que hizo posible que se diseñaran políticas públicas para expandir dicho monocultivo a largo y ancho del país, convirtiéndose, de alguna manera, en símbolo del asentamiento paramilitar. Nota del autor. 90 instituciones, especialmente en aquellas que guardan relación con el aparato judicial de manera directa, así como la vindicta como camino posible para lograr resarcir el dolor recibido por la acción criminal de grupos armados ilegales que, como las AUC, actuaron con la anuencia del Estado, esto es, de sectores de las fuerzas militares. El propio Estado colombiano, por esa decisión político-administrativa de extraditar a los jefes máximos de las AUC, promueve la impunidad en lo que tiene que ver con el esclarecimiento de responsabilidades penales, en la comisión de delitos de lesa humanidad, perpetrados por dichos cabecillas. Se minimizaron los delitos de lesa humanidad cometidos por dicha organización criminal, decisión que, de forma inmediata, se incorporó a los imaginarios negativos de los colombianos, quienes desde hace tiempo han construido una imagen negativa de la justicia, de la real aplicación, reconocimiento y respeto de los derechos. Se ha venido fortaleciendo, entonces, la impunidad no sólo como un resultado posible y aceptable de la (in) acción de la justicia, sino como un imaginario que legitima las acciones criminales de las AUC. En cuanto a la desmovilización, hay que recordar que antes de finalizar el 2002, el gobierno de Uribe inició un proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, cuyo éxito se soportó, en buena medida, en los beneficios consignados en varios marcos legales -Ley 782 de 2002, decretos 128 y 3360 de 2003 y 2767 de 2004, y la Ley 975 de 2005, conocida esta última como ley de Justicia y Paz-, de los cuales fueron receptores directos los máximos jefes paramilitares y un importante número de efectivos de esa fuerza irregular. La desmovilización de 34 bloques de las AUC se inició en julio de 2003 en un proceso de negociación al que los medios masivos de comunicación tuvieron un acceso restringido, si se compara con la forma como fue cubierto, periodísticamente, el proceso de paz en la zona del Caguán, en la fallida negociación entre el gobierno de Pastrana Arango (1998- 2002) y las Farc. 91 El proceso de desmovilización sirvió políticamente para medir fuerzas entre el gobierno de Uribe y los líderes de las AUC, pero, especialmente, para intentar desestimar las versiones periodísticas y políticas que señalaban a Uribe como amigo de los paramilitares. Se trató, entonces, de un proceso de negociación con claros beneficios políticos para el Presidente, en tanto la reclusión de los líderes de las AUC en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí139, le permitió presentarse como un Jefe de Estado al que no le tembló la mano a la hora de decidir la extradición de los máximos jefes de dicha organización armada ilegal. Pero es claro que, detrás de dicha decisión, hay una intención de ocultamiento y silenciamiento de la verdad en lo ocurrido durante más de dos décadas de terror paramilitar. Con la desmovilización de las AUC y con la extradición de los máximos jefes paramilitares, se inició un proceso lento pero firme de mimetizaje y transformación del fenómeno paramilitar, en cuanto que la opinión pública -por la acción efectista de los medios masivos de comunicación- quedó atrapada en la actualidad periodística, atada al escándalo de la parapolítica, pero jamás ha podido comprender los alcances de un fenómeno sostenido en prácticas culturales asociadas al ejercicio de la política, a la representación negativa de indígenas, afrodescendientes, campesinos, sindicalistas y libre pensadores, así como de amplios sectores sociales y económicos, aupada por un modelo económico y por las élites que, de tiempo atrás, han sostenido al llamado Establecimiento. A pesar de la desmovilización, continúan las dificultades del Estado colombiano para legitimarse y para cumplir con las funciones modernas. Un ejemplo claro ha sido el proceso de reinserción de paramilitares a la vida civil colombiana. Los territorios dejados por estos paramilitares, una vez ejecutado el proceso de reinmersión, se convirtieron en nuevos focos de formación de grupos ilegales. 139 Resultado de una inesperada confirmación de que los jefes paramilitares convirtieron la cárcel de La Ceja en un club social que, a todas luces, no se ajustaba a las condiciones de reclusión previstas para criminales responsables de masacres y de otros tipos de acciones delictivas. Nota del autor. 92 Como lo expresa Román Ortiz (2007): “Las regiones abandonadas por las AUC se han convertido en escenarios de una competición estratégica entre el Estado y nuevos actores ilegales dispuestos a sacar partido del desarme paramilitar. Bajo la denominación de Bandas Criminales Emergentes, una serie de grupos buscan consolidarse. Ahí están, por ejemplo, Los Traquetos en Córdoba y Urabá, las Águilas Negras en Santander y Magdalena o la Organización Nueva Generación (ONG) en Nariño. Estos y otros grupos parecen estar creciendo a un ritmo acelerado, como consecuencia de una confluencia de factores. Para empezar, muchos de ellos han reunido a antiguos militantes de las AUC que han permanecido involucrados en actividades delictivas, lo que permite rentabilizar en beneficio propio la experiencia armada paramilitar. Según la Policía Nacional, entre los 797 integrantes de estos nuevos grupos arrestados en 2006, al menos 153 eran antiguos desmovilizados. Por otra parte, las nuevas organizaciones han aprovechado los vacíos dejados por la disolución de las antiguas estructuras de las autodefensas para capturar parte de las economías ilícitas que las sostenían. Esta tendencia ha sido particularmente visible en el narcotráfico. Los Traquetos han controlado parte de las rutas que facilitan el transporte de cocaína hacia el occidente de la costa Caribe”140 . Las estructuras de poder aún se mantienen intactas a pesar de la desmovilización, lo que advierte que detrás de la acción militar directa de estas fuerzas ilegales, se exponen factores contextuales que no pueden fenecer con la desmovilización y la supuesta inserción de los combatientes a la vida civil. 140 Ortiz, Román. La seguridad en Colombia: los riesgos del éxito. Real Instituto Elcano. Área: América Latina - ARI Nº 7/2007. p. 36. 93 Entre los factores contextuales hay que señalar al modelo económico asociado a la producción agrícola141, en la que se destaca el monocultivo de la palma africana, entre otros monocultivos, así como la aplazada reforma agraria que necesita el país. Este último elemento, es decir, la aplicación de la reforma agraria, quedó en manos de grupos paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros y agentes privados. La cultura, como regulador de las relaciones sociales, es otro factor contextual importante que ha servido en Colombia para legitimar acciones ilegales en el complejo entorno de un conflicto armado degradado por el narcotráfico y por las propias acciones de sus actores, más interesados en mantener sus estructuras de poder en regiones definidas que en intentar, con la ayuda de un proceso de desmovilización, constituirse en una opción de poder real. Elementos éticos, morales y concepciones alrededor de la paz, la convivencia, el respeto al otro, la aceptación de la autoridad del Estado y una mínima estructura mental que permita distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, forman parte de ese factor cultural con el que se aceptan, no sólo los procesos de justicia, paz y reconciliación, sino las mismas prácticas criminales de actores armados ilegales que encontraron nichos de legitimidad en amplios sectores poblacionales, bien porque éstos brindaron seguridad y reconocimiento, erigiéndose como actores paraestatales, o porque, ante la debilidad del colectivo, la fuerza de las armas terminó por imponer la violencia como única práctica sociocultural para sobrevivir. Mientras que la sociedad civil, en su conjunto, con el concurso del Estado y los medios masivos de comunicación, no asuma un proceso analítico y comprensivo - de verdadero repudio- de lo que ha sucedido en torno al fenómeno paramilitar, resulta difícil que, al mantenerse las estructuras de poder, dicho fenómeno y las fuerzas ilegales que le dan vida, dejen de existir y de actuar. 141 “Desde 2005 (año en que el Estado colombiano decretó oficialmente el fin del conflicto paramilitar), las agroempresas están sirviendo para legitimar la posible apropiación de seis millones de hectáreas del territorio colombiano por parte de los mismos paramilitares a quienes el gobierno de Álvaro Uribe Vélez dio reconocimiento como agrupaciones políticas[…] El gobierno promueve intensamente la apropiación de tierras que considera ‘improductivas’, por estar en posesión de comunidades negras en el Chocó Biogeográfico (Curvaradó y Jiguamiandó) o de comunidades indígenas y campesinas en la Guajira, el Catatumbo, Dabeiba, Vichada, Montes de María, el Valle del río Cimitarra, Cacarica y la región del bajo Atrato”. Rosas Landa, Octavio. ¿Paramilitarismo sustentable? http://www.grain.org/biodiversidad_files/biodiv-54-6.pdf). Octubre 2007. [Consulta: Mayo 21 de 2011 ] 94 Lo que se logra colegir, del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, era el afán del gobierno de Uribe por demostrar, a la opinión pública nacional e internacional, que tenía no sólo la legitimidad y el control, sino la moral suficiente para poner en cintura a los temidos jefes paramilitares, circunstancia que dejaba por fuera tareas, de mediano y largo plazo, sobre la consolidación del orden social, liderado por un Estado moderno capaz de tomar para sí el monopolio legítimo de la fuerza. De ahí que: “La estrategia tiene que ser integral e incluir, además de elementos coercitivos y de negociación, medidas de control político y social del fenómeno y de desarrollo económico de las regiones. Por supuesto que una estrategia de ese tipo no puede acometer todas las tareas a la vez. Tiene que tener unos tiempos y unas prioridades. El desmantelamiento del paramilitarismo y de la cultura que se ha creado a su alrededor en las regiones será necesariamente un proceso complejo y dilatado, del que el marco legal de la ley de Justicia y Paz es tan sólo el comienzo. Por lo mismo, requiere de estrategias detalladas y ambiciosas de larga duración, si lo que se pretende es una verdadera transformación e integración de las regiones para que gocen de los mismos derechos que el país de las ciudades y dejen de estar sometidas al señor de la guerra de turno”142 . El asunto pasa, entonces, por la activación de tareas amplias de concientización que logren entronizar, en todos los ciudadanos colombianos, el valor de la vida, la 142 Duncan, Gustavo y Jaramillo, Sergio. Op. cit. p. 5 y 6. 95 necesidad de respetarla, en un proceso paralelo de legitimación del Estado nacional mediante reformas profundas al modelo económico, al orden social establecido, pero especialmente, a la superación de las circunstancias históricas, que permitieron el levantamiento armado de las guerrillas. La negociación, recreada en la impunidad como máxima histórica, es el resultado de la debilidad del Estado que finalmente acepta el poder político, económico y sociocultural alcanzado por grupos al margen de la ley. Ello no sólo les permite llegar fortalecidos a los procesos de negociación y desmovilización, sino mantener intactas las relaciones y estructuras de poder, sobre la aparente presencia del Estado para ocupar, de nuevo, el lugar usurpado por organizaciones criminales. Las formas tradicionales por medio de las cuales la justicia, como institución, ha actuado cuando los derechos han sido conculcados, juegan un papel definitivo en los procesos de negociación que el Estado colombiano ha emprendido, con el esperado objetivo de conocer la verdad, reparar a las víctimas y lograr la paz. En ese sentido, cuando el imaginario de impunidad alcanza la fuerza deslegitimante que tiene en Colombia, en lugar de lograr el fortalecimiento institucional estatal, se convierte en un bien social y cultural que la sociedad acepta y naturaliza. Al decir de Gustavo Gallón Giraldo, “[…] El análisis del asunto de la verdad y justicia en procesos de paz o de transición a la democracia tiende a ser visto a través de dos ópticas contradictorias difícilmente conciliables. Una está marcada por evitar que la aspiración de justicia impida concretar la aspiración de una paz negociada; la otra se fija en lo contrario, cómo impedir que la aspiración a lograr una paz implique sacrificar el derecho a la justicia. Históricamente, la primera ha tendido a predominar sobre la segunda, es decir, que la tensión entre estas dos ópticas se ha resuelto a favor de la óptica de la paz a costa de la justicia. 96 Quienes pactan la paz y negocian para ello la justicia son quienes tienen el poder de las armas, de un lado y de otro; por ello, cuando culmina la difícil tarea de llegar a un acuerdo entre sí, logran imponer al resto de la sociedad una fórmula de impunidad. La aceptación de esa imposición es de alguna forma comprensible; si a alguien se le da a escoger entre la posibilidad de actuar o no contra el agresor, no es extraño que acepte, máxime si cuando uno rechaza la oferta no garantizando con ello que el agresor sea efectivamente enjuiciado, mientras que por el contrario, es seguro que continuará poniendo en peligro la existencia de quien deba tomar la decisión de aceptar una paz en esa condiciones […] Para efectos de la consecución de una verdadera paz no basta con resignarse pragmáticamente a la inminencia de que, en aras de un armisticio, haya que renunciar a hacer justicia. Por el contrario, hay que hacer todo lo posible para integrar las dos ópticas de tal manera que la justicia no impida alcanzar la paz y que la paz no implique renunciar a la justicia” 143 . Es claro y factible que los procesos judiciales fallidos generadores de impunidad producen no sólo desazón en los familiares de las víctimas por el proceder criminal de actores armados como las AUC, sino más violencia, en cuanto a la posibilidad de que aparezcan acciones privadas para resarcir el daño que los paramilitares infligieron en cientos de miles de familias colombianas. “La impunidad genera más violencia, no sólo porque alienta las conductas de quienes lesionan los derechos de los demás sino porque crea condiciones para que las víctimas de tales conductas busquen justicia por caminos no ceñidos a la ley y basados en la actuación de los órganos estatales competentes. 143 Verdad y Justicia en procesos de paz o transición democrática. 2ª. Ed. Memorias Seminario Internacional. Bogotá: Cinep, Comisión Colombiana de Juristas, Fundación Social, Programa por la Paz, Compañía de Jesús y Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2003 p. 52. 97 La impunidad propicia el desarrollo de procesos de regresión cultural, que abren espacios a la venganza privada, en sustitución de un orden legítimo que falla” 144 . Para el caso colombiano no se trata de una ‘regresión cultural’, como se dijo líneas arriba, por el contrario, es la confirmación y la entronización de un imaginario colectivo donde el ciudadano advierte que no puede confiar en el Estado y menos aún en el aparato judicial, lo que, de manera consecuente, abre la posibilidad de consolidarse, las vías de hecho, como una práctica paralela a la (in) acción de la justicia. Pero también es cierto que: “La impunidad es una causa de violaciones de los derechos humanos. Sin adoptar por ello una visión simplista del nexo causal que pueda existir entre la sanción penal y la prevención de un hecho criminal, es correcto afirmar que la falta de persecución y castigo de violaciones graves y reiteradas del derecho a la vida y a la integridad personal y de otros derechos básicos, debilita la convicción común de que esas violaciones constituyen conductas ilícitas y le resta vigencia a las normas que protegen tales derechos. En otras palabras, refuerza las aludidas conductas, confiriéndoles una legitimidad aparente” 145 . Acerca de los resultados esperados de la desmovilización de los paramilitares, en el informe de Human Rights Watch, titulado Herederos de los Paramilitares, la nueva cara de la violencia en Colombia, se señala que: “Si bien existen diferencias entre las AUC y los grupos sucesores, estos son en muchos sentidos una continuación de algunos de los bloques o grupos paramilitares. Según informó la policía, casi todos los líderes de los grupos sucesores son 144 Verdad y Justicia en procesos de paz o transición democrática. Ibíd. p. 15. 145 Verdad y Justicia en procesos de paz o transición democrática. Loc. Cit. 98 jefes de las AUC de rango medio que nunca se desmovilizaron o que continuaron participando en actividades delictivas pese a que aparentaron haberse sumado a la desmovilización. Los grupos se encuentran activos en muchas de las mismas regiones en las cuales tenían presencia las AUC, y operan en forma similar a éstas: controlan territorios mediante amenazas y extorsión, participan en narcotráfico y otras actividades delictivas y cometen abusos generalizados contra civiles. El surgimiento de los grupos sucesores era predecible, en gran parte debido a que el gobierno colombiano no desmanteló las estructuras criminales de las AUC, ni sus redes de apoyo económico y político durante las desmovilizaciones [...] Salvo algunas excepciones, los fiscales no han investigado en profundidad las complejas operaciones delictivas de las AUC, las fuentes que las financian y las redes que las respaldan. Por consiguiente, los grupos sucesores han podido reemplazar fácilmente a las AUC, y han empleado los recursos masivos que ya tenían o podían obtener rápidamente por medios delictivos para reclutar a nuevos miembros y continuar controlando a la población civil y cometiendo abusos contra ella”146 . Además, las finas relaciones de poder establecidas por los paramilitares con élites locales, regionales y nacionales exigen, de forma natural, que la coacción y la propia acción armada de los enemigos de una perenne guerrilla, deben sostenerse, dando así oportunidad al surgimiento de nuevas generaciones de paramilitares147, que decidieron participar en el proceso de desmovilización 146 Informe Human Rights Watch, Los Herederos de los paramilitares, la nueva cara de la violencia en Colombia. New York: HRW. 2010. p. 5 y 6. 147 El mismo gobierno de Uribe reconoce esta situación. En el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para el caso concreto del departamento del Chocó, se reconoce que: “El territorio, considerado reserva natural y de ecosistemas que no se encuentran alterados, está amenazado por procesos de colonización espontánea, puesto que los grupos armados irregulares han generado entre otros la ampliación de la frontera agrícola, a través de la implantación de cultivos de coca y de palma africana. Si bien el cultivo de palma africana es un cultivo lícito, un informe presentado por el 99 planteado por el gobierno de Uribe, capaces de mantener para sí los niveles de cooptación de las instituciones estatales. El proceso de entronización de lo que podemos llamar la cultura paramilitar no significa ni asegura la completa desaparición de la variable militar que, originalmente, encarnó el fenómeno del paramilitarismo. Superar su complejo proceso de enraizamiento cultural implicará la refundación de la Nación y hasta la recomposición de las relaciones de poder, permitiendo la inclusión de vastos sectores sociales y políticos, hoy por fuera de los centros de decisión de asuntos públicos. En consecuencia, se dice que existen condiciones ‘naturales’ que aseguran o favorecen el crecimiento del paramilitarismo, a pesar de la desmovilización masiva lograda en el proceso de negociación con el gobierno de Uribe: Incoder después de una visita de verificación en el primer trimestre de 2005, afirmó que para la implementación del cultivo de palma, se ha hecho uso o aprovechamiento de las tierras de comunidades desplazadas sin su consentimiento. A su vez, organizaciones no gubernamentales han denunciado que en este tipo de cultivo es notoria la presencia y control de grupos armados ilegales [...] Así, en el año 2004, se desmoviliza el bloque Calima, cuyas zonas de acción fueron ocupadas por el bloque Pacífico, que a la postre también dejó las armas, en agosto de 2005. En el norte del departamento, el bloque Élmer Cárdenas abandonó las armas en el año 2006, desmovilización que se realizó por etapas. La primera tuvo lugar en el municipio de Necoclí, Antioquia, en abril; la segunda, en Turbo, Antioquia, en mayo y la tercera, en Ungía, Chocó, en agosto. Ante esta desmovilización de las autodefensas en el departamento, las Farc intentaron asumir el dominio de los territorios desalojados por el bloque Élmer Cárdenas, incursionando en las partes altas de los ríos Napipí, Opogadó, Bojayá, Arquía y Murrí. No obstante, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, `las comunidades se muestran atemorizadas por la supuesta aparición de un grupo paramilitar autodenominado Águilas Negras en el bajo Atrato`, que incursionó en el territorio con la finalidad de contener la arremetida de la insurgencia y proteger las áreas que fueron dominadas por el bloque Élmer Cárdenas. Por otra parte, se registró el ingreso de bandas criminales denominadas Autodefensas Campesinas Unidas del Norte del Valle, Bloque Seguridad Minera y ejércitos privados de narcotraficantes del norte del Valle (Machos y Rastrojos), los cuales buscan tener dominio sobre el suroccidente del Chocó, desde el Valle del Cauca hasta la costa Pacífica, para poder movilizarse y proteger rutas de comercialización de alcaloides y armas. Frente al ambiente de ilegalidad que se registra en el departamento y la presencia de estos grupos armados al margen de ley, el Gobierno nacional decidió ampliar el pie de fuerza en la zona”. www.presidencia.gov.co http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/DiagnosticosDepartamento.aspx. [Consulta: junio 9 de 2010] 100 “Facciones fragmentadas que se han apoderado del Estado local: la transformación de los grupos paramilitares en verdaderos ejércitos privados en el transcurso de la década de los noventa trajo como consecuencia que estos aparatos armados dejaran de estar subordinados a terceros: a terratenientes, a narcotraficantes, o a las fuerzas de seguridad del Estado. Ahora son ejércitos de combatientes con una doctrina, identidad simbólica (uniformes, escudos, himnos, etc.) y armamento de guerra, con los que los jefes imponen su orden sobre el poder local. Las facciones armadas de los terratenientes y narcotraficantes evolucionaron hacia ejércitos que imponen la seguridad, capturan los excedentes de la producción lícita e ilícita y administran justicia. Las autodefensas se impusieron como Estado en las regiones de grandes latifundios, con alta disposición de capital, y sobre todo, en los espacios geográficos que constituyen corredores y refugios estratégicos para el narcotráfico. De esa forma surgieron unas nuevas élites rurales, que actuando como colectivos de señores de la guerra se agrupan en torno a asuntos de interés común, como la política de extradición y las ofensivas de la guerrilla, pero que cada tanto entran en disputas internas por el dominio de territorios. La lenta construcción de Estado en las regiones: aún persiste la debilidad del Estado para imponerse como la única fuerza que regula la vida económica y social en las regiones. Ese es el reto mayor: no alcanzar la supremacía en combate, eso ya se ha conseguido, sino imponer el orden constitucional en la totalidad de las regiones del país. Es decir, ser la única fuerza que posee un aparato coercitivo que protege a la población, que cobra impuestos y que regula a la administración pública y a la sociedad de acuerdo a las normas constitucionales. En lugar de 101 que ejércitos privados impongan sistemas informales de regulación social […] Independencia del poder central: pese a las alianzas que se han tejido entre miembros de instituciones públicas y privadas con jefes de autodefensas, es importante insistir en el carácter de fuerzas autónomas que tienen los grandes jefes paramilitares. No se trata de aparatos armados subordinados a élites nacionales o a los tradicionales poderes regionales. Son nuevas fuerzas, que independiente de su origen como caciques locales, narcotraficantes, terratenientes, ex guerrilleros y demás, han conformado una nueva hegemonía regional y su consiguiente orden local a expensas de los poderes centrales. Cabe recordar que las relaciones centro-periferia en un Estado Nación no necesariamente reflejan una continuidad fluida entre los principios y propósitos enmarcados en las constituciones y en las leyes […] Economías coherentes con los medios de producción locales: tras la codicia de los jefes de autodefensa se esconde toda una nueva forma de organizar la economía para maximizar el flujo de ingresos hacia las comunidades que dominan. Los recursos provenientes de la droga, del contrabando, de la corrupción en la administración pública y demás actividades delincuenciales, les reportan en el corto plazo cuantiosos ingresos a regiones que en condiciones legales tendrían que llevar a cabo profundas transformaciones para producir y comerciar bienes lícitos. Los bienes transables que podrían producir estas comunidades -es decir, aquellos bienes que pueden ser exportados a otras regiones e incrementan el consumo y la inversión más allá de los ingresos que produce su población localmente- no han podido recuperarse de la crisis de las dos últimas décadas. En especial la agricultura, que constituía la principal fuente de recursos en las regiones menos urbanizadas 102 del país. Es así que las autodefensas han llegado a ser parte importante de la estructura de poder político en Colombia, no sólo porque tienen ejércitos capaces de predar sobre la producción local, sino porque el orden que imponen en las regiones permite la prosperidad de economías ilícitas. Y es también por esto que los propios grupos sociales de menores ingresos se acomodan a su sistema económico y a la forma violenta como configuran el Estado local. El problema del desmantelamiento es político y económico: la imposición del orden paramilitar en las regiones es el resultado de un proyecto de organización política y económica en las sociedades periféricas en Colombia. Un proyecto sin duda caótico y fragmentado, pero exitoso en la práctica. Por eso la solución del problema paramilitar no es esencialmente militar. De nada sirve batir el record de bajas de miembros de grupos de autodefensas en un año, que no son más que campesinos y desempleados a sueldo, si mientras tanto se expande la apropiación del Estado local por parte de estos grupos: si continúan cobrando impuestos, administrando justicia, y definiendo el orden social de las comunidades (definiendo la interacción entre individuos y entre grupos, las formas de producción y distribución económica, y la relación con el sistema político)”148 . Así, el paramilitarismo es un fenómeno ideológico, social, político y económico que guarda raíces históricas en episodios propios de la violencia y en las tradicionales formas en las que el poder político ha logrado mantener el statu quo en Colombia. El paramilitarismo es, también, la expresión de una cultura política asociada al ya naturalizado binomio política-crimen donde confluyen los intereses económicos del gran capital nacional e internacional, que patrocina, directa o indirectamente, la 148 Duncan, Gustavo y Jaramillo, Sergio. Ibíd. p. 7-10. 103 eliminación de toda luz ideológica y política que pretenda modificar un modelo económico exitoso para los intereses de ese gran capital. El fenómeno paramilitar colombiano es multifactorial por cuanto en él aún participan actores, discursos e intereses asociados a disímiles poderes tradicionales que han logrado enquistarse en las estructuras del Estado y un lugar privilegiado en la cultura dominante, para mantener el orden social convenido y conveniente tanto para los actores endógenos, como para los exógenos allegados por vía de la globalización económica, bajo condiciones mínimas exigidas por unos y otros. Así entonces, y más allá de la ya evidente reconfiguración o transformación del paramilitarismo, son muchas las inquietudes que surgen de la desmovilización de los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia y de la creación de nuevas organizaciones criminales, llamadas hoy por el Estado como Bacrim -bandas criminales- y las autodenominadas Águilas Negras. Como ejemplo de esas inquietudes, vale la pena preguntarse: ¿Cómo se recicla, se transforma o se mimetiza el poder de quienes coordinaron y participaron en procesos de desaparición forzada o en prácticas sociales genocidas? ¿Cuáles son las características de las nuevas relaciones sociales que el paramilitarismo orquestó en Colombia? ¿A quién le compete recoger esfuerzos explicativos de lo sucedido en Colombia a raíz de la incursión paramilitar, más allá de la perspectiva de violencia política? ¿Qué tanto la sociedad y la justicia colombianas están dispuestas a develar las finas relaciones de responsabilidad tejidas entre militares y empresarios con las Autodefensas Unidas de Colombia? Son preguntas que con toda seguridad, darán vida a múltiples ensayos como éste.

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