Guzman Blanco

II. LA APARICIÓN DE LAS BASES COMICIALES

Las Bases fueron publicadas, por primera vez, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela núm. 36.658 del 10 de marzo de 1999 como una "Propuesta del Ejecutivo Nacional" para ser sometida a la aprobación del pueblo en el referéndum convocado por el Consejo Nacional Electoral a celebrarse el 25 de abril de 1999.13 Como Propuesta carecía de valor jurídico, pues estaba huérfana de soporte legal y la segunda pregunta del Decreto núm. 3, que expresamente fue utilizada como argumento en uno de sus considerandos, mal podía servirle de fundamento. Por otra parte, no deja de ser curioso que el numeral 1 del artículo 190 de la Constitución, que se refería al deber que tiene el presidente de la República de "Hacer cumplir esta Constitución y las leyes", encabezase la parte motiva de dicha Propuesta presidencial. El mismo hecho de que la forma del acto administrativo que la originó sea la de "aviso oficial" y no la de Decreto, aunque con carácter de orden, nos hace pensar que el propio Ejecutivo tuvo dudas sobre la validez de aquél, y no estamos seguros si sobre su competencia para crearlo, aun cuando es evidente que no la tenía. Se trataba de una normativa de unas nueve disposiciones, hecha para regular el proceso de elección de los constituyentes (número, requisitos, forma de votación, etcétera) las funciones y duración de la Asamblea Nacional Constituyente, así como la naturaleza originaria de la misma.

En nuestra opinión, tan inconstitucionales eran las Bases como la segunda pregunta del Decreto núm. 3 ya comentado. Ver en las Bases una enmienda o derogación de la segunda pregunta,14 no creemos que resuelva el problema de inconstitucionalidad que entraña la misma, pues no se trataba de si las normas regulatorias para la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, debían o no formar parte de la segunda pregunta y por ende del Decreto núm. 3,15 sino más bien de si quien pretendía ejercer la iniciativa contemplada en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, en este caso el presidente de la República, tenía o no el derecho de solicitar tal facultad a través de un referéndum consultivo.

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