La Expropiacion Petrolera

La expropiación petrolera

Una de las preocupaciones del Congreso Constituyente de 1917 fue que las leyes tuvieran un efecto benéfico en la sociedad y sirvieran para apoyar y proteger la parte más vulnerable de ésta. Así, el Constituyente de 1917, al legislar los artículos 27 y 123, creó la primera declaración de los derechos sociales con el fin de establecer las condiciones mínimas de justicia en las relaciones de los trabajadores del campo y de los trabajadores industriales, partiendo de que el trabajo es un valor básico en las relaciones económicas y sociales.

Al llegar Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la República, retomó la preocupación de sentar las bases de equidad y justicia en las relaciones entre los factores de la producción, tanto en el campo como en la industria. Puesto que los campesinos y los obreros eran la parte más débil de esa relación, el Estado debía actuar en su favor y asegurar que sus derechos fueran en todo momento respetados.

Por otro lado, desde muchos años atrás, el Estado mexicano había concesionado a individuos y a empresas extranjeras la explotación de la riqueza natural del país, como la plata, el cobre, diversos productos agrícolas y pesqueros, y el petróleo.

En el caso de este último recurso natural, las empresas extranjeras que contaban con el permiso del gobierno mexicano para explotarlo, se negaron a aceptar las disposiciones legales para que fueran reconocidas las organizaciones de los trabajadores nacionales, con quienes debían negociar las condiciones de trabajo, entre las cuales ocupaban un lugar muy importante: el salario y las prestaciones.

Las empresas petroleras no sólo se negaron a acatar la ley laboral, sino incluso su responsabilidad de pagar los impuestos a los que estaban acostumbrados por un mínimo de equidad, ya que hasta entonces habían gozado de una serie de consideraciones de todo tipo: prácticamente explotaban en su provecho, de manera gratuita, un recurso natural que le pertenecía a todos los mexicanos.

En 1935, las empresas petroleras, en manos de capital extranjero, trataron de impedir la formación de sindicatos y usaron para ello todos los medios que tuvieron a su alcance, tanto lícito como ilícito. Aun así se crearon sindicatos en cada compañía petrolera, pero las condiciones de trabajo entre una y otra eran muy diferentes.

Pasado un tiempo, el 27 de diciembre de 1935 nació el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, el cual, por obvias razones, tuvo que vencer una serie de trabas legales, particularmente en Tamaulipas y Veracruz.

El 29 de enero de 1936, este sindicato se incorporó al Comité de Defensa Petrolera, del cual surgió al mes siguiente como la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El 20 de julio de ese año, el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros llevó a cabo su primer convención, el cual formuló un proyecto de contrato general con todas las compañías y se fue a huelga para exigir su cumplimiento.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció porque las compañías petroleras acataran el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de sus trabajadores. Aún así, esas empresas se mantuvieron en desobediencia, confiadas en que sus reservas del combustible en otras partes del mundo les permitieran cumplir sus compromisos; además de que sin el pago de los salarios a sus trabajadores y la falta de petróleo para atender las necesidades internas del país, terminarían por doblegar al gobierno y a sus trabajadores.

El presidente Lázaro Cárdenas intervino para mediar ante las compañías y así intentar lograr la firma de este contrato. Tras un acuerdo, se aplazó la huelga por cuatro meses, que se prolongaron aún dos más. Todo fue inútil, pues no se llegó a ningún acuerdo con las compañías petroleras y el 28 de mayo de 1937 estalló la huelga, lo que paralizó al país entero al no despacharse gasolina por doce días.

Las compañías declararon que se encontraban con problemas financieros y no podían

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