La Reforma Laboral

LA REFORMA LABORAL

Óscar Alzaga*

Como se sabe, el derecho del trabajo es una rama joven del derecho, que toma tal

carácter hasta el inicio del siglo XX: “nace de una costilla del derecho privado”,

nos dice Romagnoli, y agrega: “hasta mediados del siglo XX fue una disciplina

accesoria también en la organización universitaria del saber jurídico”. Es, “desde

luego, una categoría cultural fruto del sistema capitalista industrial”.

Hasta hace poco se le reconoció como un campo jurídico autónomo, cuyo fin

es paliar las desigualdades sociales en un universo naturalmente desigual: capital

y trabajo. En México, en la UNAM, hasta los años setenta, la materia laboral fue

opcional en la Facultad de Derecho. En los tribunales superiores de amparo

difícilmente se encuentra un magistrado o juez que tenga especialidad en derecho

laboral. No obstante, se ha ido abriendo espacios propios y ahora tiene mayor

vigencia y prestigio internacional el artículo 123 de la Constitución de 1917. Estas

dos consideraciones sirven de marco al tema que trataremos: la reforma laboral.

Porque se habla mucho de que las leyes laborales, en particular las de México, son

viejas y se les atribuyen caracteres desconocidos, a partir de que surge la moda de

la reforma laboral en el gobierno de Salinas de Gortari.

Antecedentes de la reforma laboral

Durante los años setenta, se produjeron varios fenómenos socioeconómicos de

alcance internacional que repercutieron en el ámbito laboral, entre otros:

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La crisis petrolera y el alza internacional de los precios del energético.

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La difusión del paradigma de productividad de la empresa Toyota que reemplaza

el modelo de producción en cadena, taylorista, con su secuela de modalidades

(“justo a tiempo”, círculos de calidad, etcétera).

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El fin del Estado de bienestar que lleva a la apertura de las economías locales y

una sucesión de cambios respeto al nuevo papel del Estado, que cede su papel

regulador y social a las “libres leyes del mercado”.

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El autor es Director de Conciliadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del

Distrito Federal y miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

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Deviene a finales de los años ochenta un mundo unipolar, cuya cabeza en Estados

Unidos crece más que el cuerpo, hasta imponerse a todos los socios, recientemente

en la ONU, en el caso de Iraq.

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El desempleo y el empleo precario en la economía informal se va instaurando como

un problema estructural cotidiano, acentuado en los países del tercer mundo.

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A tales políticas se les denomina neoliberales, porque retoman del modelo liberal

del siglo XIX el carácter salvaje del capitalismo, ahora como sistema único.

En ese marco surgen las primeras ideas de la reforma laboral; en torno al debate

de la flexibilidad las relaciones laborales primero y después para intentar la

flexibilidad de la legislación, junto con la fiebre por desregular cuanta norma se

oponga a las “libres leyes del mercado”. Así, el camino para la reforma laboral fue

despejado.

También surgen nuevos eufemismos y verdades absolutas: las necesidades de

modernizar los países y sus economías, ponerlas “al día” en el concierto interna-

cional, la adaptación a las nuevas tecnologías, la supresión de rigideces que limitan

el desarrollo, etcétera. De pronto, el Estado de Bienestar se desmorona y con él los

derechos sociales. Las leyes del mercado de la oferta y la demanda cobran un

protagonismo único en el escenario mundial.

En México ha llegado a afirmarse que por la falta de reformas a la ley laboral

no llegan las inversiones extranjeras y ni siquiera las nacionales.

Tal y como lo señala el jurista argentino Héctor Omar García: “se impuso un

debate, en el cual los supuestos ‘nuevos postulados’ se instituyeron como presu-

puestos incuestionables, desde los que era imprescindible partir o que debían ser

tenidos en cuenta como base de toda discusión y todo diseño de política pública o

proyecto de reforma jurídica”. Para cumplir con la “histórica necesidad capitalista

de dividir el trabajo para abaratarlo y controlarlo se planteó discursivamente”.

Con la pretensión de imponer la idea de que maximizar la rentabilidad no se

lleva bien con los límites impuestos por las garantías jurídicas, por el carácter tutelar

de las normas laborales, se requirió flexibilizar su aplicación e integrar, en la nueva

configuración de la empresa, la colaboración del trabajador en todo el proceso

productivo y aun posterior al proceso.

La idea de la flexibilidad, afirma el jurista uruguayo Oscar Ermida, se identifica

con “la eliminación, disminución, aflojamiento o readaptación de la protección

laboral clásica, con la finalidad –real o presunta– de aumentar la inversión, el

empleo o la competitividad de la empresa”, a lo que suele asociarse “la posibilidad

de cambiar, aun en prejuicio de los trabajadores, las normas que regulen el trabajo”.

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México: Hacia una reforma integral del Estado...

Las reformas laborales en Latinoamérica

El precursor de las reformas en nuestra región latinoamericana fue la dictadura de

Pinochet: de un plumazo borró la legislación laboral y la seguridad social chilenas.

Su restauración se hizo siguiendo los lineamientos precursores de la política

neoliberal en los años ochenta y, tan exitoso resultó, cuando menos en la seguridad

social, que tal modelo se exportó a los demás países de la región.

Se reconoce, sin embargo, que la primer reforma laboral integral en la región

se da en Colombia en 1990, con la Ley 50 que, al decir del abogado colombiano

Benjamín Ochoa, resultó un verdadero desmontaje de derechos, porque establece:

“liberarse de los contenidos necesarios impuestos por el ordenamiento jurídico.

Tratándose de una liberación muy singular: despoja los instrumentos tutelares del

derecho y los beneficios del trabajo, para sustraerlos por otros de tipo flexible, más

acordes con las necesidades del capital”.

En casi todas esas reformas encontramos una constante: centran su atención en

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