Politica Institucional

TP 2

Marco General de Política Educativa (más y mejor educación para todos: 1993-1995)

1. Luego de leer todo el documento caracterice el tipo de descentralización que se plantea en el mismo. Fundamente su respuesta (para ello utilice cap.3 parágrafo 4; pág. 63 a 69 de“Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo. Procesos y desafíos”; de Daniel Filmus.

En 1980 el Estado Nacional transfirio a las provincias 6700 escuelas primarias, en 1992 las secundarias y los terciarios no universitarios incluyendo tecnicas y escuelas privadas subsidiadas. El sistema se estructuraba en cuatro niveles: Inicial, Primario, Medio y Superior, donde el Primario era obligatorio. A partir de la sanción de la Ley Federal de Educación (1993) se mantiene el nivel inicial (cuyo último año pasa a ser obligatorio), y se define una Educación General Básica (obligatoria y de nueve años de duración), seguida por el nivel Polimodal (tres años de duración).

Al ser Argentina un Estado federal, las bases que rigen la educación nacional están determinadas en la Constitución del país y en las provinciales, en las leyes nacionales y provinciales, y en los decretos y resoluciones de uno u otro. En la Constitución Nacional de 1953 la educación es un derecho (Art. 14) y el art. 5 de la constitución establece que «cada provincia dictará para sí una Constitución que asegure […] la educación primaria gratuita”. La reforma de 1994 solo garantiza la educación primaria no hace alusión a lo gratuito. Una vez escuche decir a un profesor que por ser nuestra nación un estado federal, la educación se ubica en una “zona gris”, es de todos, por tanto no es de nadie. Todos tienen injerencia, el Estado, las provincias, los municipios….

Graciela Carletti ** dice: “la descentralización en los discursos sobre política educativa se convirtieron en la “panacea” que iba a dar solución a todos los problemas. Se comenzaron a implementar estrategias de participación hacia el interior de las provincias, intentando conectar la escuela con la comunidad.

La descentralización se concibe en el imaginario como un mecanismo de mejora de la calidad pero también para optimizador de la administración fiscal del Estado a través del ahorro del gasto público, la toma de decisiones y la asignación de recursos más eficiente .Filmus agrega que la transferencia de las decisiones y el manejo de los recursos a los administradores escolares, a los docentes, a los padres y a otros actores de la comunidad educativa local por compromiso comunitario y participación ciudadana obtendrían mejores resultados tanto desde el punto de vista de la eficiencia (relación entre gasto y rendimiento) como de la eficacia (cumplimiento de objetivos) del sistema educativo

Filmus destaca que «los factores fiscales cobraron preponderancia frente a la necesidad de repensar globalmente el nuevo tipo de articulación entre el Estado y la sociedad que debía surgir a partir de la crisis del tipo de Estado vigente». En este sentido, la transferencia de la responsabilidad educativa a las provincias puede ser considerada como una estrategia economicista y como un instrumento tecnocrático de la planificación nacional que compromete a todas las instituciones del Estado, puesto que la acción educativa acompaña la descentralización administrativa de los servicios públicos en general . Este fue uno de los compromisos adoptados por el Gobierno nacional ante el FMI durante las negociaciones para la refinanciación de la deuda externa (1989-1991)

El hecho de que la reforma en Argentina esté regida por una lógica política economicista y tecnocrática, hace que, en la práctica, el mejoramiento de lo pedagógico y curricular sea sólo un efecto secundario derivado de una mayor eficiencia administrativa del sistema.

La gestión educativa que para Casassus data de los años 90 en la Argentina transfiere tareas y responsabilidades, pero no autoridad. En Argentina, antes de la reforma de 1992/93 la gestión de la educación media y del nivel superior no universitario estaba centralizada, y las funciones del Ministerio de Educación Nacional estaban desconcentradas en los ministerios de educación provinciales. A partir de la sanción de la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos a las provincias (1992), las funciones administrativas del Ministerio de Educación consisten en favorecer la descentralización de los servicios educativos; en desarrollar programas de asistencia y cooperación técnica; en promover y organizar la formación y actualización docente; y en administrar programas compensatorios. La Ley Federal de Educación establece para las provincias: planificar, organizar y administrar el sistema educativo de su jurisdicción; organizar y conducir los servicios educativos de gestión estatal, y autorizar y supervisar los establecimientos de gestión privada de su jurisdicción; aplicar las decisiones del Consejo Federal de Cultura y Educación con las correspondientes adecuaciones.

Los fondos para el financiamiento del sistema proceden no sólo de la recaudación tributaria de las provincias, sino del esquema de coparticipación federal por el cual el Estado transfiere fondos propios a las provincias. Esto significa que el Estado y las provincias son solidariamente responsables y garantes de la educación pública gratuita. Se transfieren competencias administrativas a los ministerios provinciales, pero éstos mantienen una relación de dependencia económico-financiera con respecto al gobierno central.

La dependencia de las provincias con respecto a los recursos técnicos y financieros implica una estrategia de desconcentración. Pero en lo concerniente a los demás aspectos de la gestión administrativa se trata de una devolución a las provincias, puesto que la organización y la conducción de las escuelas públicas, incluyendo las decisiones relativas a la obtención y administración de recursos financieros, el reclutamiento y la contratación de personal docente, la determinación del régimen salarial y la capacitación, son competencias exclusivas del gobierno provincial.

En Argentina, los aspectos curriculares de la gestión educativa están normados por la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos a las provincias y por la Ley Federal de Educación, las cuales determinan las competencias fundamentales del Ministerio de Educación: el establecimiento de los contenidos básicos comunes, y el dictado de normas sobre equivalencia de títulos y de estudios.

En 1992 se creó el Consejo Federal de Educación para facilitar la descentralización del sistema educativo. El hecho de que el Consejo se desempeñe como un órgano de coordinación y de concertación de intereses provinciales que carece de facultades para decidir y para establecer

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