Pricipales Lineamientos De Conflicto

Principales lineamientos del conflicto

En los primeros días de marzo del 2008 se desató en Argentina un fuerte conflicto entre

el Gobierno y el sector ligado a la producción y comercialización agropecuaria sobre las

retenciones a la exportación del sector. Para entender la emergencia de este conflicto

debemos señalar que tras la devaluación de la moneda de comienzos de 2002, el sector

agroexportador había logrado un régimen cambiario muy favorable para la exportación

de sus productos primarios. En ese contexto, favorecido, además, por la fuerte demanda

internacional de soja desde los países asiáticos y el incremento de los precios

internacionales, el sector había logrado una renta extraordinaria durante todo el período

de gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). A comienzos del 2008, con Fernández de

Kirchner como nueva Presidenta electa, el precio de la soja se disparó a niveles

inéditos2. En ese marco, el 11 de marzo el por entonces Ministro de Economía, Martín

Lousteau, decidió incrementar el arancel de retenciones que debían abonar los productos

agropecuarios, especialmente los vinculados a la exportación de soja, desde el inicial

35%3, a un sistema móvil que fue fijado alrededor del 45% del total exportado4, aunque

dependiente de factores externos e internos que podrían modificarlos

circunstancialmente.

La medida tomada por el ministro Lousteau generó un fuerte rechazo de las

entidades del campo, lo que obligó al Ministro a renunciar rápidamente a su cargo. Sin

embargo, lejos de calmarse la situación, el conflicto continuó en la medida en que las

retenciones fijadas no fueron modificadas. En ese contexto, el conflicto se fue

polarizando al punto tal que los diferentes sectores ligados a la exportación agropecuaria

aliaron sus fuerzas en un frente común contra el Gobierno. Se produjo, entonces, una

división en la que se hallaban enfrentados por un lado el Gobierno, y las distintas

entidades representativas del campo (Sociedad Rural Argentina, Confederación

Intercooperativa Agropecuaria, Federación Agraria Argentina y Confederación Rural

Argentina), por el otro. Mientras que el Gobierno, liderado por la Presidenta y su

esposo, Néstor Kirchner, junto con un grupo de piqueteros encabezados por Luis

D´Elia, sostenía que las retenciones eran necesarias para redistribuir el ingreso hacia los

sectores más desfavorecidos, los sectores ligados a la agroexportación alegaban que las

medidas eran injustas y confiscatorias, solicitando su abolición inmediata.

Las estrategias discursivas

Cada uno de los dos sectores mayoritarios enfrentados, es decir, los sectores

agroexportadores y el Gobierno, apelaron a diferentes estrategias político-discursivas

para intentar legitimar sus propios enfoques. Comenzando por el Gobierno, una de las

más reiteradas resultaría, como dijimos, en sostener que las medidas aplicadas se

llevaban a cabo como un método para redistribuir los ingresos hacia los sectores

populares. Para ello, la Presidenta afirmaba que el campo había obtenido ingresos

extraordinarios en los últimos años, producto del incremento del precio mundial de los

alimentos, y, por lo tanto, del incremento de la producción y la demanda de aquellos

productos. En ese contexto de “rentas extraordinarias”, especialmente en lo que refiere a la producción y comercialización de la soja, el Gobierno insistía en la necesidad de

redistribuir el ingreso mediante el cobro de las retenciones agropecuarias y la

orientación hacia de las mismas hacia el Pueblo. En ese contexto, prometerá destinar el

10% de las retenciones incorporadas por el proyecto oficial a un “Plan de redistribución

social” basado en la construcción de viviendas, caminos y hospitales públicos (Clarín,

11/06/08). Siguiendo los lineamientos de esta medida, el ex presidente Néstor Kirchner

afirmará que la aplicación

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