Salvemos Mexico

México, Distrito Federal, a 08 de septiembre de 2013

Amigas y amigos:

En primer lugar, muchas gracias de todo corazón por acudir a esta asamblea, en la cual trataremos un asunto de suma importancia para el pueblo de México y la nación.

Ahora más que nunca, adquiere relevancia lo que decía el presidente Juárez: ?con el pueblo todo, sin el pueblo nada?.

Debo decir también que no celebramos este acto en el Zócalo porque, como sabemos, allí se están manifestando, en defensa de sus derechos, los maestros del país, a quienes expresamos nuestro respeto y solidaridad.

El tema principal de esta asamblea es el ponernos de acuerdo y aprobar un plan de acción para impedir, con la movilización ciudadana pacífica, la privatización del sector energético nacional y los aumentos a los impuestos.

Desde hace muchos años, con argumentos y de manera consecuente, hemos venido luchando en contra de la política económica que se impuso en nuestro país, desde hace treinta años, y se definió, con mayor énfasis, durante el gobierno corrupto y entreguista de Carlos Salinas de Gortari.

Hasta hoy, el resultado de esa política ha sido un rotundo fracaso. En vez de avanzar en el terreno económico, social, moral y político, hemos retrocedido. Aunque, debe quedar en claro que este supuesto nuevo paradigma, como le llaman, fue diseñado y puesto en práctica con el único fin de favorecer a una pequeña minoría de políticos corruptos y de traficantes de influencias, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo de México.

En nuestro país, esta política fue aplicada, por primera vez, cuando la dictadura de Porfirio Díaz. Recordemos que, en ese entonces, se entregaron a particulares nacionales y, sobre todo, a extranjeros las tierras, las aguas, los bosques, las riquezas mineras, el petróleo. Y, para ello, se cancelaron los derechos políticos y las libertades de los ciudadanos. Inclusive, se fortaleció el viejo régimen colonial esclavista.

Por eso, aún cuando este modelo económico se ha venido implantando en otros países del mundo, para nosotros el llamado neoliberalismo, no es más que neoporfirismo.

No obstante, los promotores de la actual política económica, con el cinismo que los caracteriza, desde el principio hasta la actualidad, no han dejado de hablar de que se trata de lo nuevo, de la modernidad, cuando en realidad es un regreso al pasado, el volver a una de las épocas más siniestras de la historia de México.

Además, hay suficientes pruebas de que la política económica aplicada, desde 1983, ha provocado la ruina del país. Y no podría ser de otra forma, porque solo ha consistido en trasladar bienes y riquezas del pueblo y de la nación, a un pequeño grupo.

A estas alturas, conviene preguntar: ¿en qué se benefició el pueblo de México con la entrega de la banca nacional? Hoy, casi todos los bancos están en manos de extranjeros; han sido rescatados con el presupuesto público; no cumplen con su función de otorgar créditos; cobran excesivos intereses y comisiones por encima de las tasas internacionales y, año con año, obtienen miles de millones de pesos de utilidades que transfieren a sus países de origen.

¿En qué se beneficiaron los mexicanos con la privatización del sistema de telecomunicaciones? ¿Qué no, acaso, el servicio de telefonía y del internet es de los más caros, atrasados y lentos del mundo?

¿Qué beneficios se han obtenido del monopolio de los medios de comunicación, cuyos concesionarios han recibido dinero a raudales del presupuesto público? Son guardianes del régimen corrupto con prácticas totalitarias que van desde la manipulación, el ocultamiento de la verdad, hasta el desprestigio y destrucción de opositores.

¿En qué se avanzó con la privatización de los Ferrocarriles Nacionales, si en 20 años las empresas extranjeras no han construido nuevas líneas férreas, eliminaron los trenes de pasajeros y cobran lo que quieren por el transporte de carga?

Una imagen de lo más dolorosa de este funesto retroceso, es el caso de La Bestia o tren de la muerte.

¿Cuál ha sido el beneficio para los mexicanos de la entrega de concesiones por 50 millones de hectáreas, el 25 por ciento del territorio nacional, para la explotación del oro, la plata y el cobre?

Los trabajadores mineros mexicanos ganan, en promedio, 16 veces menos que los mineros de Estados Unidos y Canadá.

Un dato: las empresas de este ramo han extraído en sólo 10 años el doble de la plata y del oro que se llevaron los españoles en 300 años, sin pagar nada de impuestos por la explotación de esta riqueza, con el añadido de la destrucción y la contaminación impune de nuestro territorio.

Y así podríamos seguir preguntando a estos políticos irresponsables y corruptos, sobre los beneficios en la privatización de otras empresas públicas, como las líneas aéreas, puertos, aeropuertos, carreteras, ingenios azucareros, complejos petroquímicos, plantas de fertilizantes y muchas más.

En realidad, nada bueno ha significado esta política para el desarrollo de México. En 30 años, ni siquiera en términos cuantitativos, hemos avanzado. En este tiempo nos hemos colocado, incluso, por debajo de Haití, en cuanto a crecimiento económico.

La constante ha sido, como se advierte en la actualidad, el estancamiento económico y la falta de oportunidades de empleo, que ha obligado a millones de mexicanos a emigrar o a buscarse la vida en actividades, consideradas como informales. Hoy, la mitad de los mexicanos trabaja de esa forma precaria y sin ninguna seguridad social.

Tampoco debemos pasar por alto que, por culpa de la actual política económica, es decir, por el abandono de las actividades productivas y del campo, por la falta de empleos y por la desatención a los jóvenes, se desató la inseguridad y la violencia que ha cobrado miles de muertes en nuestro país.

Por todo ello, resulta indignante e inaceptable que ahora, de manera descarada y prepotente, pretendan despojar a la nación del sector energético para cancelar por completo el futuro del pueblo y de las nuevas generaciones.

Aunque aquí ya se ha dicho. Conviene explicar, de manera sencilla, qué es lo que traman con la llamada reforma energética.

En primer lugar, como ellos mismos lo han señalado, quieren con la reforma al artículo 27 de la Constitución, otorgar contratos de utilidad compartida, es decir, pretenden que se compartan las ganancias del petróleo, que son del pueblo de México, con empresas petroleras extranjeras.

Téngase en cuenta que hoy los ingresos anuales, por ventas de petróleo y derivados, representan alrededor de 125 mil millones de dólares y el 90 por ciento es utilidad o ganancia. Y tienen la intención de que las empresas extranjeras

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