Sinaloa Por La Reforma

Sinaloa por la Reforma, 1855-1862

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El movimiento político y social al que Sinaloa se adhirió en septiembre de 1855 fue llamado de Reforma, o la revolución liberal, porque efectivamente ambos términos se ajustaban a los preceptos políticos enunciados por los insurrectos. La Reforma modificó profundamente la organización de la sociedad mexicana e imprimió una nueva orientación a la economía nacional. Fue una revolución liberal porque fueron tales principios los que delinearon su proyecto de nación. Durante el periodo que llamamos la Reforma y el Segundo Imperio (1854-1867), la revolución liberal apenas se iniciaba, pues lo más importante que se consiguió fue neutralizar las fuerzas sociales que se oponían al cambio, luego de dos guerras cruentas y devastadoras.

La revolución liberal surgió de las condiciones económicas y sociales del centro del país. A grandes rasgos podemos describirla como la violenta confrontación entre dos sectores del grupo dominante: los conservadores, integrado por los grandes propietarios, la jerarquía eclesiástica y los militares de alto rango, quienes detentaban privilegios heredados de la época colonial: y los liberal o progresistas, los pequeños propietarios, profesionistas e intelectuales que surgieron de los estratos medios de la sociedad.

Las dos facciones en pugna tenían su propio proyecto de nación. Los conservadores, además de mantener sus privilegios, pretendían lograr el desarrollo del país principalmente por medio de la industrialización. En las circunstancias del momento, este proyecto era muy difícil de realizar porque México carecía de tecnología industrial, de crédito y de la infraestructura necesaria para la economía de mercado, como por ejemplo las comunicaciones; en efecto, el país no tenía medios de transporte expeditos y esto le impedía formar un mercado nacional. Del mismo modo, en el mercado internacional sería muy difícil la competencia con las potencias capitalistas.

El proyecto impulsado por los liberales preveía la implantación de instituciones democráticas y conseguir el crecimiento económico por medio de la adecuación de la economía nacional a las exigencias del mercado internacional que, en esos momentos, demandaba a los países no industrializados que produjeran y exportaran las materias primas para la industria capitalista, así como que abrieran sus fronteras a la importación de manufacturas y a las inversiones directas de capitales extranjeros. Este proyecto era factible y, de hecho, los notables del noroeste ya habían dado grandes pasos en ese sentido; sin embargo, conducía a la economía nacional a una dependencia cada vez mayor de las naciones industrializadas, como también ya se había constatado en Sinaloa. Ambos proyectos económicos, más que excluyentes, pudieron haber sido compatibles si las circunstancias de confrontación no hubieran radicalizado las posiciones. Coincidían en mantener sujeta y sin participación política a la mayor parte de la población. El discurso de los liberales proclamaba los derechos individuales y la igualdad de todos los ciudadanos, pero en realidad no se entendía que fuera para todos los mexicanos, contradicción que mostró el partido liberal a la hora de aplicar su proyecto.

Al triunfo de la revolución liberal, el general Juan Álvarez asumió la presidencia de la república y nombró un gabinete integrado por políticos de una nueva generación que ostentaban una ideología liberal. Se inició entonces la aplicación del programa político contenido en el Plan de Ayutla que, a la larga, llevaría a la reforma profunda y general de la nación. Álvarez también ordenó la renovación de los poderes estatales para eliminar a los antiguos santanistas de los puestos de gobierno. En Sinaloa, el general Blanco dejó la gubernatura y la asumió Pomposo Verdugo (18 de octubre de 1855), quien a pesar de ser uno de los notables de Culiacán, nada pudo hacer para devolver a su grupo el control de los poderes locales. A este gobierno correspondió expedir el estatuto orgánico del estado de Sinaloa (3 de enero de 1856) que debía regir la vida política del estado mientras se elaboraba la nueva constitución que anunciaba el plan de Ayutla. Pomposo Verdugo también dispuso la celebración de elecciones para designar a los diputados que representarían a Sinaloa en el Congreso constituyente, que fueron Mariano Yáñez, Ignacio Ramírez y Antonio Martínez de Castro; asimismo, trasladó la capital del estado a Culiacán. En los dos años que duró su periodo, hubo muchas rebeliones militares en contra de su régimen o del gobierno de la República, además de los motines que seguían provocando los comerciantes de Mazatlán.

En el lapso que duró el gobierno preconstitucional de los liberales de Ayutla (2 de octubre de 1855 a 5 de febrero de 1857), algunos de los ministros del gabinete expidieron cuatro leyes que iniciaron la reforma de la sociedad, pero también la confrontación entre conservadores y liberales: la Ley Juárez (23 de noviembre de 1855), que abolía los tribunales especiales para impartir justicia en la nación, exceptuando a los eclesiásticos y a los militares; la Ley Lerdo (25 de junio de 1856), que disponía la desamortización de los bienes inmuebles de las corporaciones religiosas y civiles; la Ley del Registro Civil (27 de enero de 1857) y la Ley sobre Cementerios (30 de enero de 1857), a la que se añadió la Ley Iglesias, sobre el pago de derechos parroquiales (11 de abril de 1857). Estas leyes limitaban ciertos derechos que las instituciones eclesiásticas habían ejercido por siglos, sobre todo la Ley Lerdo, que obligaba a las corporaciones religiosas a deshacerse de sus bienes raíces, excepto los necesarios para el ejercicio del culto, por medio de su venta a las personas a quienes estaban arrendadas, fueran casas en las ciudades o ranchos en el campo. La aplicación de la Ley Lerdo en Sinaloa afectó más a la comunidades indígenas que a las corporaciones religiosas, porque eran muy pocos los bienes de las instituciones eclesiásticas y muchas las tierras comunales de los indios mayos en el norte del estado, los cuales fueron obligados a repartirlos en forma de propiedad privada. La desamortización de las tierras comunales no era cosa nueva en Sinaloa, ya que se venía practicando desde 90 años antes, pero las leyes reformadoras aceleraron la pérdida.

En ciertas regiones del país, como las del altiplano, las leyes reformadoras afectaron a las comunidades religiosas porque poseían muchos bienes raíces y ejercían una influencia política considerable,

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