Trabajo Integrador Final TIF

Trabajo Integrador Final (TIF)

Nombre: Yonatan

Apellido: Noguera

DNI: 35.540.724

Comisión: B5

Docentes: Silvia Pigñer; Belén Ponce de León; Noemí Vidal

Correo Electrónico: Yony_28_@hotmail.com

No fue magia

Podría afirmarse, sin exageración, que el Estado y la universidad son dos caras de la misma moneda. El sistema educativo superior de nuestro país es producto de las políticas adoptadas en los diferentes gobiernos.

En épocas oscuras, la universidad fue avasallada. En tiempos más felices, se conquistaron derechos (no hay que ignorar las luchas estudiantiles) y se propulsaron leyes.

El Estado tiene la responsabilidad de generar estrategias de acceso y apoyo a los estudiantes para garantizar que todos logren apropiarse de los aprendizajes y experiencias que las universidades impulsan.

La universidad ya no puede concebirse como una máquina de preparar elites; considero que deber ser formadora de profesionales, investigadores y técnicos que tengan como meta principal preservar la cultura nacional y extender su acción y sus servicios a la comunidad.

Debemos tener siempre presente que el acceso al ámbito universitario ya no es propiedad de las clases dominantes; muchos sectores de las clases populares han accedido a los estudios superiores a través del Plan FinEs, entre otros.

¿Pero cómo llegamos a este cambio radical? ¿Cuáles fueron las políticas que beneficiaron al nuevo estudiantado? ¿La responsabilidad del Estado en la actualidad es ficticia o realmente es garante del derecho pleno a la educación? De todas estas cuestiones trataremos en los siguientes párrafos.

El primer cambio sustancial fue la Reforma Universitaria de 1918, que se dio en el marco de una lucha en contra de la universidad elitista. La reforma exigía la modernización de las universidades y las carreras. Además, instauraba la autonomía, el cogobierno, el ingreso docente por concurso y la libertad de cátedra. Sin embargo, opino que la reforma tenía límites porque dejaba fuera a las clases populares.

El segundo cambio se dio en el marco del peronismo. En 1949, Perón firmó el decreto nro. 29.337, que suspendía el cobro de aranceles universitarios. Es decir, establecía la gratuidad y el acceso irrestricto a los estudios superiores. Fue el primer acercamiento entre los sectores históricamente marginados y la universidad.

El peronismo creyó que la gratuidad no era una condición suficiente para el desarrollo de la justicia social. Asimismo, impulsó la creación de la educación técnica en los tres niveles educativos, pensada para especializar a los obreros que trabajaban en las industrias nacionales.

Es evidente que estos dos grandes cambios no agradaron a la clase dominante. La mal llamada Revolución Libertadora de 1955 intentó sacarle el derecho de acceso a la universidad pública a la clase trabajadora. Pretendió hacerlo con algunas sutilezas. La Universidad Obrera Nacional (UON) pasó a llamarse Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con la clara intencionalidad de quitarle identidad al nuevo estudiantado popular. Además, la dictadura estableció el decreto nro. 6403/55 sobre la Organización de las Universidades Nacionales, que permitía la creación de universidades privadas, también denominadas libres. Esto último, era un claro ataque contra el espíritu democrático de la universidad pública.

Pienso que el Plan Taquini (1971-1973) fue el tercer gran cambio que se produjo en el sistema educativo superior. Impulsó la creación de nuevas universidades en diferentes regiones del país, en ciudades de tamaño medio o en capitales de provincias. Ahora, quien quisiera estudiar, no debía viajar muchísimas horas o mudarse a un barrio aledaño a la universidad.

La última dictadura cívico-militar (1976-1983) significó un gran retroceso en materia educativa. Las universidades se intervinieron (la Universidad de Luján fue cerrada), se arancelaron y se establecieron exámenes eliminatorios. El objetivo principal era recortar la cantidad de estudiantes y de universidades.

El siguiente gráfico muestra la caída de la matrícula universitaria en este período:

[pic 1]

(Fuente: Cuadro “1”, Anexo, TIF_datos_cuantitativos)

En la década de 1990, con la llegada del neoliberalismo, se comenzó a discutir la legitimidad del sistema universitario abierto, gratuito e irrestricto, su calidad y la evaluación. El avance no fue intervencionista, no al menos en forma directa. Las universidades fueron recortadas de forma que tuvieran que recurrir al arancelamiento de los estudios para reemplazar los fondos que el Estado ya no proveía.

Desde luego, los alumnos fueron pensados como meros clientes. Sumado a ello, la autonomía universitaria era necesaria para que el Estado neoliberal pudiera dejar en manos del mercado la suerte de las universidades.

Menciono la década menemista porque considero que allí surgió el cuarto cambio que se dio en el sistema universitario: la Ley de Educación Superior (LES). Si bien el espíritu de la LES respondía a cierta lógica mercantilista, en su primer artículo mencionaba que “el Estado tenía la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior, en tanto la educación y el conocimiento eran un bien público y un derecho humano personal y social”.

El quinto y último cambio provino del kirchnerismo en 2015 con la sanción de la ley nro. 27.204, denominada “Ley de implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de Educación Superior”. Dicha ley modificaba algunos aspectos de la LES estableciendo la gratuidad obligatoria, la prohibición de realizar exámenes de ingreso y la inclusión de todos los estudiantes.

Creo que la modificación de la LES hubiera sido poco efectiva si el Estado durante el kirchnerismo no hubiera aumentado considerablemente el presupuesto en educación desde 2003. ¿Por qué asevero esto?

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